Mes: mayo 2026

La Minga llega al Atlántico: Aida Quilcué encabezará diálogos en Luruaco y Soledad

Este Jueves 7 de mayo, el departamento del Atlántico recibe la movilización de la Minga en una jornada marcada por la defensa del territorio y la unidad popular. La agenda contará con la presencia central de la candidata a la Vicepresidencia, Aida Quilcué, quien liderará encuentros estratégicos en los municipios de Luruaco y Soledad.

El recorrido busca consolidar un espacio de construcción colectiva y diálogo directo con las comunidades locales, centrándose en las banderas de resistencia y justicia social que promueve el movimiento. Se espera que durante las reuniones se aborden las problemáticas regionales y las propuestas de cara a la contienda electoral, fortaleciendo el vínculo entre la dirigencia indígena y el electorado de la región Caribe.

A solo días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la campaña política ha dado un giro hacia los estrados judiciales. La senadora y candidata Paloma Valencia confirmó que su equipo jurídico, liderado por el abogado Jaime Lombana, radicará una denuncia formal por la intrusión ilegal en sus comunicaciones privadas, un hecho que califica como un ataque directo a la democracia en plena contienda.

La controversia cobró fuerza tras los rumores de una filtración de mensajes entre la candidata del Centro Democrático y el actual ministro del Interior, Armando Benedetti. Valencia, en un ejercicio de control de daños, aclaró que cualquier comunicación con el alto funcionario ha sido estrictamente institucional y enfocada en temas de seguridad nacional.

 “Necesitamos saber si es cierto y quién lo está haciendo, porque no es un tema menor”, sentenció la candidata a través de sus redes sociales, exigiendo celeridad a la Unidad de Delitos Informáticos.

El episodio no solo generó ruido frente al Gobierno, sino que abrió una grieta con su contendor de derecha, Abelardo de la Espriella. El abogado y también candidato presidencial aprovechó la coyuntura para lanzar una dura crítica, asegurando poseer información sobre conversaciones entre «cierta campaña» y funcionarios del Ejecutivo.

Aunque De la Espriella afirmó que no recurre a la «propaganda negra», sus mensajes en redes sociales fueron interpretados como una estocada a la coherencia de Valencia. «En política se derrota al contradictor con votos, sin artilugios y sin engañar al elector», escribió el abogado, agitando las aguas en el espectro político que ambos disputan.

Luego de un extenso debate jurídico que se prolongó por más de un lustro, la Juez 50 Penal del Circuito de Bogotá emitió sentido de fallo absolutorio en favor del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente. La decisión pone fin a la controversia por el presunto ocultamiento de pruebas relacionadas con un laboratorio de cocaína hallado en su finca en Guasca, Cundinamarca.

La juez determinó que la Fiscalía General de la Nación «no acreditó» ni logró probar que Sanclemente hubiera participado en la destrucción de elementos materiales probatorios. A lo largo del juicio, el ente acusador no pudo demostrar que el exdiplomático tuviera la intención de encubrir las actividades ilícitas que se desarrollaban en su propiedad.

El reconocido abogado Iván Cancino, líder del equipo de defensa, celebró la decisión a través de sus redes sociales, destacando que el fallo ratifica la inocencia de su cliente en dos puntos clave: Sanclemente no participó en la operación del laboratorio y no alteró la escena de los hechos.

 «Después de seis años de lucha, hoy tenemos sentido del fallo absolutorio… Fernando Sanclemente no participó de ningún laboratorio y no destruyó ninguna prueba», expresó Cancino en su cuenta de X, agradeciendo la confianza de la familia en su equipo jurídico.

El caso, que estalló en 2020 y provocó la renuncia de Sanclemente a su cargo diplomático, se centró en el hallazgo de una estructura para el procesamiento de estupefacientes en la finca «Las Palmas». Con este fallo, la justicia concluye que, si bien el laboratorio existía, no hubo responsabilidad penal del exembajador en los delitos de destrucción de pruebas que se le imputaban.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron que, tras el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un brote de hantavirus en un crucero internacional, Colombia no registra casos confirmados de esta infección. El evento internacional, notificado el pasado 2 de mayo, suma hasta el momento ocho casos compatibles, de los cuales tres han sido confirmados por laboratorio y tres han resultado en fallecimientos. Ante este panorama, las autoridades sanitarias colombianas han reforzado la vigilancia epidemiológica para detectar cualquier posible ingreso del virus al país, aunque aclaran que el riesgo actual se mantiene bajo.

Los hantavirus son un grupo de virus zoonóticos que se transmiten principalmente por la inhalación de partículas contaminadas provenientes de las excretas de roedores silvestres. En el continente americano, estas infecciones pueden derivar en el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), una enfermedad grave que inicia con fiebre, dolor de cabeza y malestar general, pero que puede progresar rápidamente hacia una dificultad respiratoria severa y compromiso cardiovascular. Si bien en Colombia se ha detectado evidencia serológica de exposición previa en humanos y roedores en años anteriores, no existe evidencia de una transmisión activa o sostenida en el territorio nacional.

Desde 2016, el INS ha fortalecido su capacidad diagnóstica y, para 2023, el hantavirus fue incluido como una de las prioridades nacionales de vigilancia bajo el enfoque de «Una Salud». Como medida preventiva, el Ministerio de Salud recomienda a la ciudadanía extremar la limpieza y desinfección de alimentos no perecederos que hayan estado almacenados por largos periodos. Asimismo, se insta a tener especial precaución con productos envasados, empaquetados o enlatados que provengan de procesos de bodegaje prolongados, asegurándose de que sus empaques no presenten daños que faciliten el contacto con roedores.

A menos de un mes de la jornada electoral, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) inicia este jueves su despliegue oficial hacia los distintos territorios de Colombia. Un grupo de 50 observadores partirá con la tarea de vigilar la transparencia y el desarrollo de los comicios programados para el próximo 31 de mayo.

El jefe adjunto de la Misión, José Antonio de Gabriel, enfatizó que la estrategia de observación no se verá mermada por la situación de orden público. A pesar del recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país, el organismo internacional garantizó que el despliegue será equitativo y riguroso en todas las regiones seleccionadas.

«El despliegue será igual en todas las regiones», aseguró de Gabriel, reafirmando el compromiso de la Unión Europea con el acompañamiento democrático en puntos clave de la geografía nacional.

Este primer contingente de observadores realizará un seguimiento detallado de la campaña electoral, la organización logística y el clima político en las regiones, antes de la llegada del resto de la comitiva que reforzará la vigilancia durante el día de la votación.

​La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI) y el sindicato SICRÍTICO emitieron una enérgica denuncia pública sobre el grave deterioro de las condiciones laborales que enfrenta el talento humano en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del país. A través de un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron su profunda preocupación por el debilitamiento de las garantías mínimas para los profesionales de la salud, señalando que la falta de pagos oportunos y la precariedad en la contratación están comprometiendo la estabilidad de quienes operan en la primera línea de atención crítica.

​En el centro de la denuncia se encuentran los constantes retrasos en el pago de honorarios, que en algunos casos emblemáticos en Bogotá ya alcanzan los tres meses, afectando especialmente a médicos vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Los gremios advierten que esta modalidad de contratación se está utilizando de forma impositiva para evadir responsabilidades prestacionales, ignorando el derecho constitucional de los trabajadores a la seguridad social integral, vacaciones remuneradas y primas de servicios. Según el documento, esta desnaturalización del vínculo laboral vulnera los derechos fundamentales de los especialistas y genera un clima de inestabilidad que desincentiva el ejercicio profesional en áreas de alta complejidad.

​Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades de inspección y vigilancia para que intervengan de manera inmediata en la regulación de estos contratos y garanticen una vinculación laboral digna. El comunicado enfatiza que la precarización del gremio médico no solo afecta la dignidad de la profesión, sino que pone en riesgo directo la seguridad de los pacientes y la continuidad del servicio en las UCI. Los líderes gremiales instaron a la solidaridad de toda la comunidad médica para rechazar prácticas que degraden su labor, recordando que unos estándares laborales deficientes se traducen inevitablemente en consecuencias desastrosas para la salud pública de la sociedad colombiana.

La Delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz con el Eln rechazó la decisión de ese grupo armado de mantener secuestrados a cuatro funcionarios de la Fiscalía y la Policía Nacional, luego del anuncio de un supuesto “juicio revolucionario”.

El pronunciamiento se dio a través de su cuenta en X, donde la delegación cuestionó la continuidad de esta retención y reiteró que el secuestro constituye una grave vulneración a los principios humanitarios.

Según la información oficial, durante más de un año se han adelantado gestiones para lograr la liberación de los funcionarios, con la participación de la gestoría de paz del Eln, la comunidad internacional y la Iglesia católica.

De igual forma, la delegación señaló que ha mantenido comunicación permanente con las familias de las personas retenidas, a quienes ha brindado acompañamiento en medio de la situación.

En su mensaje, insistió en la necesidad de que el Eln libere de manera inmediata y sin condiciones a los cuatro funcionarios, y aseguró que continuará trabajando para lograr su pronta liberación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre el caso y rechazó el denominado “juicio revolucionario”, al afirmar que el Eln no tiene facultades judiciales.

En su declaración, sostuvo que este grupo armado “viola el derecho internacional humanitario y atenta contra la vida”, y reiteró que el secuestro es un delito grave que puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión.

El ministro hizo un llamado a la liberación inmediata y con vida de los funcionarios, y pidió el respaldo de la ciudadanía, organizaciones defensoras de derechos humanos, la Iglesia y la comunidad internacional para exigir su regreso.

La situación de los cuatro funcionarios secuestrados continúa siendo objeto de seguimiento por parte del Gobierno nacional, en medio de los esfuerzos por avanzar en los diálogos de paz.