Mes: julio 2026

El fantasma del racionamiento eléctrico de 1992 ha vuelto a rondar con fuerza en el debate nacional de Colombia. Ante la inminente presión climática provocada por el fenómeno de El Niño cuyas condiciones atmosféricas ya están consolidadas con una probabilidad superior al 95% de mantenerse, según reportes del Ideam y las crecientes alertas en el sector eléctrico, diversos actores gremiales proponen anticipar medidas urgentes.

La iniciativa más llamativa la puso sobre la mesa Alejandro Arbeláez, gerente de la Sociedad Hidroituango, quien planteó la necesidad de evaluar una mesa técnica para adelantar los relojes del país. Esta estrategia emularía la famosa «Hora Gaviria», una medida temporal que cambió el huso horario de UTC-5 a UTC-4 durante el gobierno de César Gaviria para aprovechar al máximo la luz natural y amortiguar el consumo en las horas pico, especialmente entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m..

​Sin embargo, el desafío actual no es únicamente climático. El sistema arrastra una preocupante crisis financiera; la Contraloría General ya advirtió sobre un severo panorama de riesgo debido a un déficit de energía firme, retrasos en infraestructura y millonarias deudas del Gobierno con las empresas del sector, las cuales se estiman entre los $8,2 y los $9 billones de pesos. Aunque los expertos coinciden en que mover las agujas del reloj no solucionará de fondo los problemas estructurales ni la falta de agua en los embalses, sí se contempla como un alivio preventivo para modificar los patrones de consumo ciudadano. Por ahora, los ojos están puestos en la posible instalación de una mesa técnica intersectorial antes del 7 de agosto, donde generadores, transmisores y autoridades definirán incentivos térmicos y alternativas para esquivar decisiones mucho más drásticas en el suministro de energía nacional.

El equipo económico del presidente electo Abelardo de la Espriella ya tiene lista su primera gran carta para el inicio de su mandato: una reforma tributaria estructural orientada a la simplificación absoluta. El designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reveló que la meta principal es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) pase de gestionar 15 tributos a concentrarse exclusivamente en tres ejes: el impuesto sobre la renta, el IVA y el IVA externo (aplicado a servicios y licencias digitales).

​De acuerdo con Gómez, el actual Estatuto Tributario se convirtió en un laberinto normativo ineficiente que eleva los costos para los ciudadanos y frena la inversión. Con este drástico recorte, el nuevo Gobierno no solo busca aliviar el flujo de caja de las empresas eliminando figuras como los anticipos y las autorretenciones, sino también atacar de frente la evasión fiscal, la cual ronda el 35% en el IVA y el 40% en renta. La estrategia de simplificación vendrá acompañada de un estricto decreto de congelamiento del gasto público que entrará en vigor el próximo 7 de agosto, asegurando que el presupuesto de funcionamiento estatal crezca por debajo de la inflación.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, informó que a partir del 1 de julio de 2026 entró en vigor el Decreto 271 de 2026, cuyo objetivo es “que las personas recicladoras de oficio puedan contar con mejores condiciones de protección en salud, riesgos laborales y protección para la vejez, sin que esto signifique la creación de una relación laboral entre la organización y la persona recicladora».

Según la cartera del Trabajo, en la puesta en marcha de este proyecto han participado la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); los ministerios de Vivienda, y de Salud; la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Colpensiones y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, bajo el liderazgo de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar del ministerio del Trabajo.

Según el ministerio, la Red de Protección Social para la Vida de Recicladores será financiada con recursos tarifarios que pagan los usuarios del servicio público de aseo, y les son trasladados a las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO), por la prestación de la actividad de aprovechamiento, así como con los ingresos percibidos por la comercialización de los materiales aprovechables

En cuanto a protección a la vejez, Colpensiones ha informado que está listo para vincular a 45.000 personas recicladoras al programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Por su parte, el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, afirmó que la Red de Protección Social para la Vida será financiada una parte con los recursos tarifarios que pagan los usuarios del servicio público de aseo y le son trasladados a las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO), por la prestación de la actividad de aprovechamiento, y con los ingresos percibidos por la comercialización de los materiales aprovechables.

En materia de salud, el Decreto 271 de 2026 protege la continuidad de las y los recicladores afiliados al régimen subsidiado y promueve la vinculación de quienes aún no tienen acceso. Las personas recicladoras de oficio que no cuenten con afiliación deberán ser orientadas y priorizadas para su afiliación al régimen subsidiado, conforme a las reglas vigentes.

En relación con riesgos laborales, esta misma cartera adelanta los ajustes operativos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), para permitir el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas recicladoras de oficio mes vencido, es decir a partir del mes de agosto de 2026. La afiliación a riesgos laborales en el marco de la Red no implica la existencia de una relación laboral ni supone, por sí misma, el traslado automático al régimen contributivo en salud, indicó el ministerio de Trabajo.

De otro lado, informó que la implementación de la Red de Protección Social para la Vida requiere el compromiso de todas las entidades y actores involucrados, para que las personas recicladoras de oficio puedan acceder de manera efectiva a mejores condiciones de protección, dignidad y reconocimiento.

La tormenta judicial sobre el senador electo Wadith Manzur Imbett no da tregua. Mientras cumple una medida de privación de la libertad por el ya conocido escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un nuevo frente penal se abre en su contra. La Fiscalía General de la Nación lo ha puesto en la mira dentro de una colosal investigación por el presunto saqueo de más de $14.000 millones del Sistema General de Regalías, una red de corrupción que habría utilizado como fachada a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca).

​El golpe de la Fiscalía contra esta organización es contundente: durante las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento contra nueve presuntos implicados, el ente acusador destapó cómo Aremca se convirtió, supuestamente, en una plataforma para direccionar a dedo 101 contratos que suman cerca de $496.000 millones. Los recursos, que debían invertirse en obras civiles y proyectos de seguridad alimentaria, tecnología y medio ambiente en varias regiones del país, habrían terminado alimentando tanto los bolsillos de particulares como alianzas políticas de cara a contiendas electorales.

​El rastreo de la Fiscalía para vincular a Manzur con este entramado es tanto técnico como testimonial. Los investigadores cuentan con un dossier que incluye fotografías, interceptaciones telefónicas y la declaración clave de una exfuncionaria. El material ubica al senador electo en reuniones directas con la cúpula de Aremca. Sin embargo, la prueba reina de este presunto vaso comunicante quedó plasmada en una interceptación en la que un supervisor de proyectos de la asociación pide ser ubicado en la UNGRD, refiriéndose explícitamente a ella como “la Unidad de Wadith”.

​Este nuevo escándalo no solo hunde más la situación de Manzur cuyo caso principal está en manos de la Corte Suprema sino que salpica a otros altos perfiles regionales, como la exgobernadora encargada de Arauca, Indira Luz Barrios. Con la Fiscalía anunciando nuevas vinculaciones de líderes políticos en los próximos días y la búsqueda activa de Alfredo Ballestas Serrano, señalado como el cerebro articulador de la red, el caso Aremca promete convertirse en uno de los mayores sacudidas políticas del año.

El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), Gonzalo Moreno, advirtió que una eventual reforma tributaria promovida por el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país. De acuerdo con el líder gremial, la posibilidad de gravar la canasta familiar con IVA o de eliminar el régimen de bienes exentos encarecerá de forma inmediata el pollo y el huevo, alimentos que representan el 65 % de las proteínas que consumen los colombianos.

 Moreno enfatizó que esta medida afectará severamente tanto a los consumidores de menores ingresos como a los pequeños y medianos productores del sector avícola.

​A la incertidumbre fiscal se suma la preocupación de la industria por la volatilidad del dólar. El directivo de Fenavi explicó que la producción avícola nacional depende en gran medida de insumos importados que se pagan en moneda extranjera, por lo que las constantes oscilaciones en la tasa de cambio impiden una planeación financiera estable y disparan los costos de un mes a otro. Ante este escenario, el gremio hizo un llamado urgente para que se mantengan condiciones macroeconómicas estables que protejan a un sector clave donde cada ciudadano consume, en promedio, 38 kilos de pollo y 366 huevos al año.