Mes: julio 2026

En medio de las crecientes denuncias sobre irregularidades en la contratación y presunto tráfico de influencias en la Aeronáutica Civil (Aerocivil), la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció este miércoles con firmeza y dejó claro que no defenderá a nadie.“No soy la abogada defensora de nadie. Quien tiene que responder es el director de la Aerocivil”, afirmó Rojas al referirse a Luis Alfonso Martínez Chimenty, actual director de la entidad.

Insistió en que serán quienes tomaron las decisiones los que deberán responder por su gestión.La ministra reveló que solicitó el detalle completo de los contratos de prestación de servicios de la Aerocivil para verificar alertas sobre posibles irregularidades, en el marco de las denuncias que involucran a la exfuncionaria y creadora de contenido Gabriela Muñoz. Sin embargo, recibió información incompleta en formato PDF, lo que le impide hacer comparaciones adecuadas.

“Pedí los contratos de prestación de servicios de la entidad en Excel y de manera completa para poder hacer un análisis de distintas alertas y he recibido una información incompleta. Me ha llegado un PDF donde usted no puede comparar. Es una falta de respeto como ministra y tomaré todas las acciones porque a mí no se me puede ocultar información”, dijo Rojas. Añadió que “la información no puede ocultarse ni a un ciudadano ni mucho menos a la ministra responsable”.Rojas confirmó que, por solicitud suya, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República adelantan auditorías sobre la entidad.

“No me va a temblar la mano ni voy a callar mi voz con lo que tenga que denunciar o advertir. Estoy esperando esos resultados”, enfatizó.Además, recordó que el 16 de julio ordenó revisar los procesos de contratación e invitar a más oferentes tras detectar alertas. Al día siguiente, varios de esos procesos fueron retirados. Anunció que revisará personalmente, junto con su equipo, los procesos pendientes para “cuidar hasta el último recurso público” y evitar que se burlen los procedimientos.En un mensaje directo a los actuales responsables de la Aerocivil, especialmente al director Martínez Chimenty, Rojas advirtió: “Antes de irse, tienen que dejar las cuentas claras”.

Ante la pregunta de si pediría la salida del director, respondió que “nadie va a asumir la Aerocivil en este momento, esa es la realidad”.Las declaraciones de la ministra se producen en un momento de alta tensión dentro de la entidad, marcada por denuncias de nepotismo, presiones para firmar contratos y cuestionamientos sobre la influencia de personas cercanas al gobierno en nombramientos y decisiones administrativas, pese a ocupar cargos de nivel asistencial.

Rojas reiteró su compromiso con la transparencia y advirtió que continuará exigiendo la información completa y actuará ante cualquier irregularidad que se demuestre.

El presidente electo Abelardo De la Espriella rechazó de manera categórica la reciente escalada violenta contra la fuerza pública en Norte de Santander, la cual dejó dos uniformados heridos tras un atentado dirigido contra el comandante de la Policía de esa colectividad territorial. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario electo expresó su solidaridad con los policías lesionados, deseándoles una pronta recuperación, y reafirmó su absoluto respaldo y gratitud hacia las instituciones armadas encargadas de defender la seguridad nacional.

En el mismo pronunciamiento, De la Espriella envió una firme advertencia a las organizaciones criminales de cara a lo que será su mandato constitucional. El mandatario electo aseguró que, a partir de su posesión el próximo 7 de agosto, desplegará toda la fuerza legítima de las Fuerzas Armadas contra quienes perpetren ataques contra soldados y policías en el territorio nacional, enfatizando su compromiso de perseguir y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos violentos.

La senadora Jennifer Pedraza radicó formalmente una demanda de pérdida de investidura en contra de su colega de corporación Wadith Manzur, fundamentando la acción jurídica en el hecho de que el congresista no tomó posesión de su curul dentro del plazo estrictamente fijado por la Constitución Política. Según explicó la legisladora, la inasistencia al acto de juramentación dentro de los tiempos legales extingue el derecho a ejercer el cargo parlamentario, por lo que instó a los tribunales competentes a aplicar la sanción correspondiente.

Más allá del caso particular de Manzur, Pedraza enfatizó que este proceso busca sentar un precedente jurisprudencial determinante para el sistema político colombiano. A juicio de la senadora, el fallo debe servir como barrera legal para evitar que personas que se encuentran privadas de la libertad o enfrentando restricciones judiciales puedan asumir una curul e ingresar al Congreso de la República, reforzando así las exigencias éticas y constitucionales para el ejercicio del poder legislativo en el país.

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional dos normas de un decreto del Gobierno nacional que autorizaban el traslado de cerca de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los recursos estaban destinados a atender la emergencia generada por el fenómeno de El Niño, en el marco de la declaratoria de desastre nacional.

Según la decisión del alto tribunal, el Ejecutivo excedió sus facultades al modificar el presupuesto sin contar con la autorización del Congreso de la República.

La medida cautelar frena temporalmente la ejecución de esos recursos mientras se resuelve de fondo la demanda que cuestionó la legalidad del decreto.

La suspensión provisional se produce en un contexto de debate sobre los límites del poder ejecutivo para reasignar partidas presupuestales en situaciones de emergencia.

La UNGRD, entidad encargada de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, había sido designada como receptora de estos fondos para enfrentar los impactos del fenómeno climático.

El Consejo de Estado argumentó que, pese a la declaratoria de desastre nacional, el Gobierno no podía alterar el presupuesto de manera unilateral sin el aval legislativo.

Esta decisión se suma a otros pronunciamientos recientes en los que el tribunal ha revisado el alcance de las facultades extraordinarias del Ejecutivo en materia presupuestal.

Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre la suspensión.

Se espera que las partes involucradas presenten sus argumentos en el proceso de fondo, que determinará si las normas cuestionadas quedan definitivamente anuladas o si se levantan las medidas cautelares.

Nuevas dilaciones empañan el avance de la justicia en el emblemático caso del triple homicidio que conmocionó al departamento de Córdoba. Durante la jornada de este miércoles 29 de julio, debió suspenderse la audiencia de juicio oral fijada contra Cristian Petro y Juan Soto por el delito de abigeato agravado, el cual se investiga como el móvil determinante que habría desencadenado el posterior asesinato del ganadero Esteban Urueta junto a sus trabajadores Freddy Beleño y Gerardo Marzola.

La causa de esta postergación obedece a que el Tribunal Superior de Montería aún no ha asignado al juez encargado de tomar las determinaciones de fondo frente al hurto y comercialización de ganado propiedad de Urueta. Paralelamente, el proceso principal por homicidio también continúa trabado, quedando la audiencia preparatoria reprogramada para el próximo 11 de septiembre, justamente un día después de que se cumplan dos años de la tragedia registrada el 10 de septiembre de 2024, cuando las tres víctimas fueron halladas sin vida en una fosa del corregimiento de Carolina, en jurisdicción de Chimá.

Pese a los intentos de la defensa por lograr la libertad de los procesados mediante la solicitud de vencimiento de términos, la judicatura desestimó pretensión alguna tras concluir que los retrasos procesales han sido provocados por las propias actuaciones de los abogados defensores. Mientras los trámites judiciales avanzan a ritmo lento, los familiares de Urueta, Beleño y Marzola mantienen su reclamo firme para exigir celeridad y evitar que el crimen quede impune.