La Superintendencia Nacional de Salud presentó los resultados de la Auditoría Integral practicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), administrado por la Fiduprevisora, en la que identificó 38 hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal.
Los hallazgos identificados corresponden a las vigencias 2024, 2025 y 2026, en las que se evidenciaron graves deficiencias en la administración de los recursos y en la garantía del derecho a la salud de los docentes, pensionados y sus familias.
Como resultado de estos hallazgos, la Superintendencia Nacional de Salud compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, para que adelanten las actuaciones de su competencia.
El informe concluye que el FOMAG, encargado de garantizar la atención en salud de cerca de 820.000 afiliados, presenta serias falencias en el manejo de la información, la contratación, la ejecución de los recursos y el seguimiento a la prestación de los servicios.
Entre los principales hallazgos se encuentran inconsistencias en las bases de datos financieras y contables, que impiden establecer con certeza cuánto adeuda el Fondo y cuál ha sido el destino de parte de los recursos administrados. La auditoría identificó una diferencia de $210.399 millones entre los propios reportes de deuda del FOMAG.
Asimismo, se evidenciaron pagos por $606.056 millones por encima de los valores facturados entre mayo de 2024 y marzo de 2026, realizados en un contexto de deficiencias de supervisión, seguimiento, auditoría médica y control sobre la facturación radicada, así como la utilización de cartas de manifestación de interés en reemplazo de contratos formalizados con la red de prestadores de servicios de salud.
La Supersalud también encontró que los pagos bajo los esquemas de cápita y pago global prospectivo se efectuaron sin mecanismos adecuados para verificar la efectiva prestación de los servicios, situación que genera riesgos de dobles pagos y dificulta el control de los recursos públicos.
Persisten barreras para acceder a los servicios de salud
El proceso auditor evidenció demoras de hasta 160 días para la autorización y prestación de servicios especializados, pese a que la normatividad establece tiempos significativamente menores para garantizar la atención de los usuarios.
Las dificultades en el acceso también se reflejan en el aumento de las reclamaciones presentadas por los afiliados. Entre mayo de 2024 y abril de 2026 la Superintendencia recibió 93.572 reclamos, mientras que solo entre enero y abril de 2026 ya se habían radicado 17.455, el ritmo mensual más alto registrado.
El 96% de las quejas corresponde a barreras de acceso, principalmente por negación de servicios, demoras en la prestación y retrasos en las autorizaciones.
En materia de acciones judiciales, durante 2024 se presentaron 4.945 tutelas, en el 2025 se registraron 7.253 relacionadas con la atención en salud del Magisterio, y entre enero y marzo de 2026 ya se habían presentado 3.064.
Hallazgos en medicamentos, contratación y tecnología
La auditoría analizó una base de 59.843 registros de medicamentos sujetos a regulación de precios y encontró valores unitarios facturados superiores a los precios máximos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En contratación, la Superintendencia evidenció que desde julio de 2025 el FOMAG continúa operando sin contratos formalizados con buena parte de su red de prestadores, utilizando cartas de manifestación de interés como mecanismo de vinculación.
Respecto al sistema de información HORUS, el informe señala que el contrato, junto con su adición, superó los $45.154 millones, aunque únicamente entró en funcionamiento cerca del 60% de las funcionalidades contratadas, sin que módulos estratégicos como tutelas, agendamiento y farmacias hayan iniciado operación.
Deterioro financiero y debilidades en el control de los recursos
El componente financiero reveló un patrimonio negativo creciente y cuentas por pagar cercanas a $2,3 billones, situación que pone en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios de salud.
También se identificaron $19.890 millones en anticipos sin soportes suficientes entregados a 144 prestadores y $475 millones girados por concepto de gastos de viaje, en las bases de datos suministradas no figuran destinados a funcionarios ni a afiliados activos o inactivos al FOMAG .
La Superintendencia recordó que antes de esta auditoría ya había impuesto 13 órdenes mediante medidas cautelares al FOMAG, de las cuales únicamente cuatro han sido cumplidas, mientras nueve permanecen incumplidas.
La Superintendencia Nacional de Salud reiteró que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control para garantizar la adecuada administración de los recursos públicos y la protección del derecho fundamental a la salud de los docentes y sus familias.
