La iniciativa radicada en el Congreso de la República propone actualizar el marco jurídico de la minería en Colombia con un modelo que fortalece el papel del Estado, impulsa la industrialización del sector, promueve la formalización de la pequeña minería y refuerza la protección del agua, los territorios y los trabajadores. Además, incorpora medidas para avanzar hacia una minería alineada con la transición energética, la acción climática y el desarrollo territorial.
La propuesta parte de la necesidad de transformar el modelo de desarrollo minero, aprovechando la creciente demanda de minerales estratégicos para la transición energética. En ese sentido, el proyecto plantea avanzar hacia un esquema que no se limite a un modelo extractivo, sino que genere cadenas de valor en los territorios mineros.
“Hacemos un llamado de urgencia para que este proyecto avance en el Congreso, es fundamental para la planeación minera y ambiental del país. La iniciativa debe salir adelante por la protección de los derechos y el desarrollo de las comunidades mineras”, informó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento de la soberanía del Estado sobre los recursos del subsuelo. Para ello, propone consolidar el conocimiento geológico como un bien público, mejorar la planeación estratégica de las áreas y los minerales estratégicos.
El proyecto también incorpora un enfoque diferencial para la minería de pequeña escala, tradicional y ancestral. Con este propósito, contempla un régimen especial que facilite la formalización de miles de mineros, promueva procesos de reconversión productiva cuando sean necesarios y establezca un marco regulatorio específico para las comunidades étnicas que desarrollan actividades mineras.
En materia ambiental, la iniciativa fortalece los instrumentos de protección del agua y los ecosistemas mediante una licencia ambiental integral que abarcará todas las etapas de los proyectos, desde la exploración hasta el cierre y el post cierre.
Asimismo, plantea la caducidad de los títulos mineros cuando se ocasionen daños a las fuentes hídricas y amplía las causales para excluir áreas de la actividad minera por razones ambientales, culturales y sociales.
La responsabilidad de las empresas frente a los impactos de la actividad minera también adquiere un papel central en esta iniciativa, por esto, exige la presentación de planes de cierre progresivo y definitivo desde el inicio de cada proyecto, respaldados con garantías suficientes para asegurar su cumplimiento y prevenir pasivos ambientales, laborales y sociales, alineados al reciente decreto de cierre de minas.
Protección al trabajador minero
La iniciativa también fortalece la protección de los trabajadores mineros mediante mayores herramientas de fiscalización, garantías para los procesos de cierre laboral y medidas de acompañamiento para las regiones que enfrenten procesos de reconversión económica derivados de la transición productiva.
“Este proyecto busca seguir fortaleciendo el modelo que hemos venido implementado, que es beneficiar los procesos de formalización respecto al gobierno anterior, en un 69 %, y avanzar con la adopción de trámites con implementación clara y frecuente”, explicó la viceministra de Minas, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez.
Con la radicación del articulado el Gobierno nacional inicia el trámite legislativo de una reforma que busca modernizar al sector minero, buscando el uso responsable de los recursos minerales con la protección del ambiente, el desarrollo de los territorios y el bienestar de las comunidades.
