Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), rompió el silencio este domingo en una entrevista exclusiva con Noticias RCN y lanzó una de las denuncias más fuertes de los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.
Aseguró haber recibido amenazas de muerte tras oponerse al traslado de más de un billón de pesos destinados a la emergencia de La Mojana hacia la atención del fenómeno de El Niño, afirmó que le retiraron su esquema de protección y reveló que, por miedo, sacó a sus padres del país.
“Yo le digo al presidente Abelardo que me escuche, que me gustaría hablar con él personalmente, que tengo mucho para hablar con él, que me escuche porque me he sentido completamente sola y desamparada, me amenazan”, dijo Rodríguez con voz entrecortada, dirigiéndose directamente al presidente electo Abelardo De La Espriella. La funcionaria, quien hasta enero de este año fue una de las personas más cercanas a Petro dentro de la Casa de Nariño, relató que una asesora llegó llorando a su despacho con una advertencia que, según ella, provenía de la propia Casa de Nariño: “Tenga cuidado”.
Ese mensaje, contó, la llevó a tomar una decisión extrema. “Mi corazón y mi sentido me dijeron: ‘Tengo que sacar a mis papás del país’. Y los saqué”.
El billón de pesos que nadie quiere soltar.
El detonante, según Rodríguez, fue su negativa a permitir el traslado de recursos que el Fondo de Adaptación tiene comprometidos para la región de La Mojana, una de las zonas más golpeadas por inundaciones en el país. Esos dineros —alrededor de 1,2 billones de pesos, según documentos técnicos de la entidad— están respaldados por vigencias futuras, contratados mediante una fiducia desde 2012 y destinados a obras de recuperación hídrica que deben ejecutarse hasta 2029.
“Nosotros no estamos de acuerdo con ese traslado (…) son recursos que tienen una destinación específica previamente documentada y no se puede que de un plumazo se destinen para otra emergencia”, enfatizó.
Rodríguez ya envió un concepto formal al Ministerio de Hacienda y a los organismos de control advirtiendo que el movimiento podría ser ilegal y generaría riesgos contractuales y de derechos colectivos para los habitantes de once municipios.
Anunció, además, que iniciará acciones judiciales contra el decreto que pretenda formalizar ese traslado.
