Mes: julio 2026

El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella rechaza la intención del Gobierno saliente de promover una nueva reforma tributaria para trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos. Resulta inaceptable que quienes condujeron al país a un deterioro sin precedentes de las finanzas públicas pretendan ahora que sean los ciudadanos, las familias, los emprendedores y los sectores productivos quienes asuman las consecuencias de esa gestión.

​La crisis fiscal que hoy enfrenta Colombia no es producto de los colombianos, sino de decisiones equivocadas que comprometieron la estabilidad económica del país. Pretender resolver ese problema mediante una nueva carga tributaria, constituye una falta de respeto con millones de ciudadanos que ya soportan el impacto de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre generada durante los últimos años. El país necesita recuperar la confianza, estimular la inversión, fortalecer la producción y generar empleo, no castigar nuevamente a quienes sostienen la economía con su trabajo y esfuerzo.

​El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella reitera que a partir del 7 de agosto impulsará una política económica orientada a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento. La reconstrucción de la Patria Milagro estará basada en un Estado que administre con responsabilidad los recursos de todos los ciudadanos y que haga del manejo transparente de las finanzas públicas un principio irrenunciable.

Con una votación de 55 votos a favor y 32 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó la proposición presentada por el senador Enrique Gómez para que la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se lleve a cabo en el departamento del Cauca.

 La decisión marca un giro inesperado en la agenda del traspaso de mando, trasladando el acto protocolario de la tradicional sede legislativa hacia el suroccidente del país, en una medida que busca enviar un mensaje político e institucional en medio de las tensiones regionales y los debates sobre las garantías de seguridad para el inicio del nuevo mandato.

Plataformas digitales, instituciones educativas, familias y entidades públicas tendrán nuevas responsabilidades para prevenir la violencia en línea y proteger la privacidad de niñas, niños y adolescentes. Así lo establece el Decreto 0769 de 2026, expedido por el Gobierno nacional para reglamentar la Ley 2489 de 2025 y avanzar en la construcción de entornos digitales sanos y seguros.

La normativa plantea una respuesta conjunta al ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en internet, la captación por medios digitales, la exposición a contenidos inapropiados y el uso indebido de datos personales. Para enfrentar estos riesgos, incorpora acciones de alfabetización mediática y digital, herramientas de control parental, canales de reporte y criterios de seguridad y privacidad desde el diseño de los servicios tecnológicos.

“Con este decreto damos un paso fundamental para garantizar que niñas, niños y adolescentes aprovechen las oportunidades que ofrece la tecnología en condiciones más seguras. La protección de sus derechos en el entorno digital es una responsabilidad compartida, que requiere el compromiso de las familias, las instituciones educativas, las empresas y el Estado», afirmó la ministra TIC, Carina Murcia Yela.

Uno de los principales cambios recae en las empresas tecnológicas. Los proveedores de plataformas, aplicaciones, videojuegos, sistemas de inteligencia artificial y otros servicios digitales deberán identificar y gestionar riesgos, adoptar medidas de protección de datos, ofrecer mecanismos accesibles para presentar quejas y rendir informes semestrales al Ministerio TIC sobre los avances alcanzados.

En el sector educativo, las estrategias para prevenir el ciberacoso y otras violencias digitales deberán incorporarse en los Proyectos Educativos Institucionales y en los Manuales de Convivencia. También se promoverán talleres para estudiantes, familias, docentes y cuidadores sobre navegación segura, privacidad, mediación tecnológica y uso de herramientas de control parental.

El decreto ordena formular, en los próximos doce meses, una política pública nacional sobre entornos digitales sanos y seguros. Además, dispone la creación de un repositorio gratuito con contenidos pedagógicos y buenas prácticas para familias, estudiantes y docentes. Su acceso no podrá condicionarse al registro ni a la entrega de datos personales de menores de edad, y tampoco incluirá publicidad dirigida a esta población.

La norma también pone en marcha un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico, en el que participarán los ministerios de Educación y Defensa Nacional, el ICBF y la Fiscalía General, bajo la coordinación técnica del MinTIC. Esta articulación permitirá mejorar la prevención, detección y atención de riesgos y violencias digitales.

Las obligaciones se implementarán de manera gradual, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, las características de cada servicio y la capacidad técnica de los actores involucrados. El decreto aclara que las medidas no podrán justificar censura previa, vigilancia generalizada de comunicaciones privadas ni el debilitamiento de los sistemas de cifrado.

Antes de su expedición, el proyecto fue sometido a dos periodos de consulta pública: del 31 de diciembre de 2025 al 21 de enero de 2026 y del 16 al 29 de abril de 2026. Durante estas etapas se recibieron más de 500 observaciones y propuestas de ciudadanos, gremios y organizaciones sociales. En su elaboración participaron entidades como el ICBF, la Policía Nacional, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y organizaciones de padres de familia.

Estas disposiciones complementan el trabajo adelantado por CiberPaz, estrategia mediante la cual el ministerio de las TIC realizó cerca de 3,4 millones de sensibilizaciones sobre ciudadanía digital responsable, empática y basada en la autoprotección. Las actividades llegaron a 805 municipios de los 32 departamentos, incluidos colegios, barrios, juntas de acción comunal y comunidades rurales y urbanas.

Entre las poblaciones vinculadas se encuentran 1’431.146 mujeres, 968.269 adolescentes, 508.815 niñas y niños, 75.725 personas indígenas, 57.061 integrantes de comunidades NARP, 7.355 personas con discapacidad y 863 víctimas del conflicto armado. Con estas acciones el Gobierno nacional busca ampliar la apropiación segura de la tecnología y reducir las brechas de acceso, conocimiento y protección digital.

Las mesas de transición entre la administración saliente del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, retomaron su actividad con un encuentro clave en la Casa de Nariño. La reunión está centrada en afinar todos los detalles logísticos, diplomáticos y de seguridad para la ceremonia oficial de transmisión de mando, programada para el próximo 7 de agosto.

​En la mesa de trabajo participan figuras estratégicas de ambos sectores, entre ellas Andrés Barreto, designado como futuro secretario jurídico del gobierno entrante, junto a la jefa de Protocolo del Congreso de la República, Emma Elisa Illera. A las conversaciones se sumaron también delegados de la Cancillería saliente y del equipo de Comunicaciones de la Presidencia.

El lider politico Roy Barreras desató una fuerte polémica en el panorama político nacional tras lanzar duras críticas contra diez congresistas de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, acusándolos de traicionar el espíritu del Acuerdo firmado en 2016.

 La arremetida del parlamentario se produjo luego de que este grupo de legisladores decidiera sumar su apoyo al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, cuya agenda contempla posturas de mano dura, el restablecimiento de la fumigación aérea y la revisión de lo pactado con diversos grupos armados.

​En un contundente mensaje difundido a través de sus redes sociales, Barreras cuestionó con vehemencia la postura adoptada por los representantes de las víctimas. «Las curules de paz son hijas de La Paz. Diez de los elegidos gracias al Acuerdo de 2016 se regalaron al gobierno De la Espriella que anuncia matar la madre que los parió (la paz) el primer día», recriminó el congresista, señalando que las curules fueron creadas precisamente como un mecanismo de reparación histórica para las zonas más golpeadas por la violencia.

​Asimismo, el senador criticó la falta de deliberación y criterio político con la que, según él, se tomó esta decisión dentro de la corporación. «¡Sin debate! ¡Sin discusión! ¡Sin conciencia de su origen! ¡Sin vergüenza!», enfatizó Barreras al referirse al alineamiento de estos diez representantes con el nuevo ejecutivo. Finalmente, el líder político sentenció el futuro electoral de este sector asegurando con firmeza: «Ninguno de ellos volverá al Congreso en 4 años».