El presidente Gustavo Petro hizo pública en sus redes sociales la copia de una demanda de nulidad electoral presentada ante el Consejo de Estado contra la elección presidencial de Abelardo Gabriel De La Espriella, en un nuevo capítulo de la judicialización de los resultados de las elecciones de 2026.
Tres abogados radicaron la acción judicial que busca anular la resolución y las credenciales expedidas por el Consejo Nacional Electoral que declararon ganador a De La Espriella. La demanda se centra en los votos del exterior, donde se registró una diferencia de 251.854 sufragios frente al candidato Iván Cepeda, y solicita un nuevo escrutinio.
Los demandantes alegan fallas graves que impedirían verificar la autenticidad y originalidad de los formularios electorales E-14, E-24 y E-26.
Según la acción, peritajes técnicos, análisis y reportes ciudadanos evidenciarían posibles modificaciones o irregularidades en estos documentos.
¿Qué busca exactamente la demanda?
Declarar nula la elección presidencial de De La Espriella. Ordenar un nuevo conteo de votos en el exterior. Dejar sin efecto las credenciales y la resolución del Consejo Nacional Electoral.
Esta iniciativa se suma a otros recursos de nulidad presentados previamente, algunos de los cuales ya fueron inadmitidos o rechazados por el Consejo de Estado por razones formales. Sin embargo, la publicación directa por parte del presidente Petro eleva el perfil político de la controversia y refuerza el cuestionamiento del petrismo a la legitimidad del proceso electoral que llevó al triunfo de De La Espriella.
El mandatario saliente ha mantenido una postura crítica frente a los resultados y ha liderado la narrativa de oposición, declarando que su movimiento continuará defendiendo las transformaciones sociales.
Por su parte, sectores cercanos a De La Espriella han calificado estas acciones como intentos de deslegitimar la voluntad popular expresada en las urnas.El Consejo de Estado deberá evaluar la admisibilidad de esta nueva demanda. Mientras tanto, el acto de elección de De La Espriella permanece en firme y su posesión está prevista para el próximo 7 de agosto, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia.
Este episodio intensifica la polarización política en el país en plena transición de gobierno y pone en el centro del debate la confianza en el sistema electoral colombiano.
