Mes: julio 2026

El ajedrez político en la capital de Córdoba ha entrado en una fase de profunda reconfiguración tras el inesperado movimiento anunciado desde el despacho principal de la Alcaldía de Montería. En una decisión que trasciende el simple relevo burocrático, el alcalde Hugo Kerguelén ha decidido apartar a Carlos Andrés García de la crucial Secretaría de Gobierno para abrirle paso a Juan José González.

La llegada de este último, reconocido exconcejal de la ciudad y una de las mentes organizativas detrás de las campañas del influyente senador y exalcalde Marcos Daniel Pineda García, marca un punto de inflexión que redefine de manera inmediata la correlación de fuerzas en la administración local.

​Este relevo es leído por analistas y distintos sectores políticos de la región como un movimiento de alta estrategia que busca blindar y consolidar la gobernabilidad en el mediano y largo plazo. Lejos de ser una sustitución de rutina, la incorporación de un perfil con el recorrido y las conexiones de González apunta directamente a la consolidación de una sólida estructura de poder, a la cual ya muchos en los pasillos de la política local denominan el nuevo «ADN político de Montería».

Con la mirada puesta en los complejos desafíos legislativos, fiscales y, eventualmente, electorales que se avecinan, el alcalde parece estar tejiendo una red de alianzas mucho más cohesionada y robusta.

​La salida de García y la posterior llegada de González no solo modifican las dinámicas internas de la administración municipal, sino que envían un mensaje contundente de reorganización institucional y pragmatismo político. Al incorporar una ficha clave vinculada a los sectores más tradicionales y estructurados de la política cordobesa, el gobierno de Kerguelén no solo busca garantizar una gestión ejecutiva más ágil en una cartera tan sensible como la de Gobierno, sino también afianzar una gobernabilidad de hierro frente a los retos de la capital. La jugada está en marcha y los resultados de esta nueva alineación definirán, sin duda, el rumbo político de la ciudad en los años por venir.

Laura Ojeda Estupiñán, actual pareja sentimental de Nicolás Petro Burgos (hijo del presidente Gustavo Petro), enfrentará imputación de cargos por los delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales, con Daysuris “Day” Vásquez como presunta víctima.

Este proceso surge del conflicto personal y judicial entre Ojeda y Vásquez, quienes fueron amigas cercanas pero se convirtieron en enemigas en medio del escándalo de presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Petro.

Vásquez fue clave como testigo en ese caso y también ha enfrentado imputaciones similares (por ejemplo, por interceptar datos de la mejor amiga de Ojeda).

Según investigaciones de la Fiscalía, en mayo de 2023 (antes de la captura de Nicolás Petro), Laura Ojeda habría contactado a un intermediario llamado “Miguel” para “gemelear” (clonar) la tarjeta SIM del celular de Day Vásquez. El objetivo era monitorear sus comunicaciones privadas: mensajes, llamadas, códigos de verificación y actividades

El presidente Gustavo Petro confirmó este jueves la llegada a Colombia del activista Franklin Humberto ‘Beto’ Coral. quien será deportado desde Estados Unidos junto a otros 93 connacionales en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro calificó la detención del activista como una “persecución directa de Abelardo de la Espriella” y advirtió que “el próximo gobierno” no debe permitir que colombianos lleguen “encadenados”.“Beto Coral como su compañero de avión de inmigrantes desplazados viene sin cadenas. Espero que el próximo gobierno no permita que vengan a colombianos dignos encadenados”, escribió el mandatario.

El mensaje completo de Petro en su publicación.

El jefe de Estado vinculó directamente la situación de Coral con el presidente electo:“Hoy se recibe a Beto Coral en Colombia, injustamente encarcelado en los EEUU por persecución directa de Abelardo de la Espriella. […]

Pondremos seguridad ante la inmensa oleada de amenaza que se ha levantado contra medio país.

Colombia no apoya el genocidio en ninguna parte del mundo porque ya vivió uno. Quien apoye genocidios de bebés en el mundo los quiere también para Colombia.

Hoy no es hora de desunión es hora de unión por la Vida.”

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz (Alianza Verde), presentó a sus compañeros su intención de renunciar al cargo en la recta final de su periodo. Su sucesor será Benjamín Ortiz (Partido Liberal), elegido este mismo jueves por la sala plena, con ocho votos a favor.

Esto ocurre a pocas semanas de la elección del nuevo CNE. Se espera que el Congreso elija una nueva plancha de integrantes en el mes posterior a su posesión, que es este 20 de julio, y, muy probablemente, habrá una reorganización interna de ese órgano en la distribución de los partidos.

Quiroz deja el cargo después de encabezar el CNE en los procesos para elegir al nuevo Legislativo y al presidente del periodo 2026-2030. Por ello, también fue cuestionado por la amplia contratación, revelada por investigaciones periodísticas, para la plataforma de testigos electorales de esos comicios.

En un comunicado oficial difundido este jueves, el partido Salvación Nacional —que coavaló al presidente electo Abelardo de la Espriella— anunció su apoyo incondicional a la candidatura del senador Alfredo Deluque (Partido de la U) para ocupar la presidencia del Senado durante el periodo legislativo 2026-2027.

La decisión, enmarcada en los acuerdos de la coalición que respalda al nuevo gobierno de “La Patria Milagro”, representa un paso clave hacia la construcción de mayorías en el Congreso y refuerza el compromiso con la estabilidad institucional del país.

“Desde Salvación Nacional anunciamos nuestro respaldo a la postulación del senador Alfredo Deluque como próximo presidente del Congreso de la República. Esta decisión responde a los acuerdos alcanzados en la coalición que respalda a La Patria Milagro y reafirma nuestro compromiso con la estabilidad institucional del país”, señala el comunicado.

El partido destaca que Deluque “reúne la experiencia, las capacidades y el liderazgo necesarios para dirigir el Congreso en un momento decisivo para Colombia”. Según el texto, su trayectoria y compromiso con los principios que inspiran al nuevo gobierno lo convierten en “la persona indicada” para asumir esta responsabilidad.

La reciente muerte de un ciudadano colombiano a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), descrita por diversos sectores como una ejecución extrajudicial, ha desatado una intensa controversia política en el país. El foco de la discusión se ha centrado en el absoluto silencio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ante el fallecimiento de quien, además, era un reconocido seguidor de su movimiento político.

​Para la analista política María Angélica Prada, este silencio no es una omisión menor, sino la prueba fehaciente de una contradicción de fondo que ya se había advertido durante la campaña: la incompatibilidad entre su nacionalidad estadounidense y el ejercicio de la Presidencia de Colombia. Prada calificó al mandatario electo como un «tigre de papel» y señaló que la situación evidencia un claro conflicto de intereses y lealtades.

​Según la analista, al verse obligado a elegir entre asumir la defensa de un compatriota o mantener su fidelidad política hacia Donald Trump, De la Espriella ha tomado una postura inequívoca al optar por el silencio. Para Prada, lo que en su momento fue presentado por los defensores del mandatario como un debate teórico sin implicaciones reales, se ha convertido ahora en una realidad ineludible que cuestiona el compromiso del nuevo jefe de Estado con la protección de los ciudadanos colombianos en el exterior.

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente electo Abelardo de la Espriella por presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir.

La acción judicial se basa en las declaraciones públicas del mandatario electo contra Rodrigo Londoño (alias Timochenko), exjefe de las extintas FARC, y los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Según Cuartas, estas manifestaciones constituyen actos de estigmatización y hostigamiento que incrementan el riesgo para los excombatientes en proceso de reincorporación y ponen en peligro las garantías pactadas en el acuerdo.

En una intervención en el programa El Calentao de RTVC Noticias / Señal Colombia, Cuartas explicó que las expresiones de De la Espriella representan una amenaza directa para la implementación del Acuerdo Final de Paz y para quienes apostaron por el proceso.