Profesor, Jairo Torres Oviedo, presidente del SUE y rector de Unicórdoba.
El presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad de Córdoba, profesor, Jairo Torres Oviedo, propuso corregir los abusos del decreto 1279 de 2002, y plantea, además, que el debate debe centrarse en su regulación y correcta aplicación, y no en su derogación, al considerar que esta norma no constituye la causa del desfinanciamiento estructural de las universidades públicas del país.
La apreciación la hace el dirigente académico nacional a partir de las recientes declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien afirmó a través de varios medios que los docentes universitarios devengan salarios de hasta 80 millones 100 millones y 120 millones de pesos por, presuntamente, abusar del Decreto 1279 de 2002, porque se estarían dedicando a publicar en revistas de alto impacto y se distancian de dictar clases.
“El Decreto 1279 de 2002 no es el problema. Lo que requiere el país es una regulación que preserve su espíritu, corrija los abusos que puedan presentarse y garantice que la producción científica responda a criterios de rigor, calidad y pertinencia social”, expresó el presidente del SUE, profesor Torres.
El mencionado decreto es la norma nacional que establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales u oficiales en Colombia. Regula la asignación de puntos salariales y bonificaciones basados en factores como títulos universitarios, categoría en el escalafón, experiencia calificada y productividad académica. El mismo aplica a los profesores de carrera vinculados como empleados públicos y otorga puntajes o bonificaciones por artículos científicos, libros de texto, obras artísticas e innovación.
El profesor Torres explicó que atribuir el desfinanciamiento de las universidades públicas al régimen salarial de los docentes constituye una interpretación descontextualizada, toda vez que dicha problemática responde a un modelo histórico de financiación insuficiente, asociado a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, cuyas limitaciones han sido ampliamente documentadas por el Sistema Universitario Estatal.
Indicó, además, que durante las últimas décadas las universidades públicas han incrementado significativamente su cobertura, fortalecido sus procesos de investigación, ampliado la regionalización, consolidado la internacionalización y mejorado sus estándares de calidad, esfuerzos que, en gran medida, se han sostenido mediante recursos propios y el trabajo de docentes ocasionales y catedráticos, ante la imposibilidad financiera de ampliar las plantas docentes.
Complementa el académico que el propósito del decreto 1279 fue reconocer la formación, la trayectoria académica y la productividad científica de los profesores universitarios, incentivando la generación de conocimiento con impacto en el desarrollo social, económico y científico del país. Sin embargo, insiste en que, es necesario fortalecer los mecanismos de regulación para evitar prácticas que desvirtúen el espíritu de la norma y garantizar que los incentivos académicos respondan a estándares de excelencia, calidad e impacto en los territorios.
