La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, respondió este domingo a un mensaje de la exdirectora Astrid Eliana Cáceres y convirtió un debate presupuestal en un nuevo capítulo de la confrontación pública que ambas sostienen desde agosto.
El intercambio ocurrió en X.
Lo que preguntó Cáceres.
En la tarde del 30 de agosto, Cáceres, quien dirigió el ICBF durante el gobierno de Gustavo Petro, escribió que en el “presupuesto nuevo” se recortaron recursos para la entidad y formuló tres preguntas: si está en riesgo la continuidad laboral de madres comunitarias, hogares infantiles y madres sustitutas prevista en el artículo 68 de la reforma laboral; si corre peligro el subsidio de sustitución pensional de las exmadres comunitarias y su ampliación; y “qué exactamente se recorta cuando se recorta a lo social”. Cerró con la etiqueta #LasNiñasExisten.
Acompañó el mensaje con la foto de un vaso desechable en el que se lee “Aquí estuvo Resistencia Chiquita”, referencia al colectivo de niñas y al mural que Restrepo ordenó retirar de la sede del ICBF semanas atrás.
El artículo 68 de la Ley 2466 de 2025 obliga al ICBF a vincular de forma progresiva a madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles como trabajadoras oficiales.
En 2026 ya se crearon 2.353 cargos, con un costo estimado de 99.335 millones de pesos. Quedan por formalizar decenas de miles de mujeres en las vigencias siguientes, un proceso que el propio empalme reconoció como uno de los mayores retos financieros de la entidad.
El informe de empalme del ICBF estimó que la entidad necesitaría cerca de 21,5 billones de pesos en 2027, frente a una proyección del Ministerio de Hacienda de 13,8 billones: una brecha de 7,6 billones que, según ese documento, compromete programas de atención a la niñez.
La respuesta de Restrepo.
Restrepo citó el trino de Cáceres y contestó con un tono directo:
“Qué bueno verla ahora tan preocupada por el presupuesto del ICBF. Esa preocupación habría sido muy útil cuando tenía más de setenta asesores en su despacho, además de una planta de 35 ‘asesores’; cuando tenía un asesor con una remuneración cercana a los 15 millones de pesos mensuales más prima técnica dedicado a ser el todero del ICBF, verificando si había tornillos, bombillos y cuanto asunto apareciera; o cuando decidió seguir pagando un arriendo de más de 220 millones de pesos mensuales por unas instalaciones cuya ocupación pueden ver ustedes mismos”.
“Celebro que la austeridad le haya llegado. Lástima que haya sido después de salir del ICBF”, añadió. “Ahora sí la plata va a empezar a alcanzar. Porque es la plata de la niñez y la plata de la niñez se respeta”.
Como prueba de la ocupación de las oficinas, publicó cuatro fotografías de un piso amplio con filas de escritorios, varios de ellos vacíos o con uso parcial.
Hasta el momento de esta nota, esas cifras —setenta asesores de despacho, un contrato cercano a 15 millones de pesos y un arriendo mensual superior a 220 millones— son afirmaciones de la actual directora en redes. No aparecen detalladas, con soportes públicos, en los reportes de prensa revisados para este artículo.
Una disputa que empezó antes del presupuesto
El choque de este domingo no es el primero. Restrepo asumió la dirección general el 11 de agosto de 2026, designada por el presidente Abelardo de la Espriella. En menos de tres semanas se enfrentó con Cáceres por el mural de Resistencia Chiquita, que la nueva administración calificó de instrumentalización política de menores, y por una directriz de lenguaje institucional que omitió la palabra “niñas” en comunicaciones internas, decisión que legisladoras y organizaciones denunciaron como contraria al Código de Infancia y Adolescencia.
Cáceres defendió entonces que Resistencia Chiquita es un colectivo artístico de niñas de Bogotá, surgido tras el asesinato de Yuliana Samboní, y pidió no subestimar la participación infantil. Restrepo replicó con jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la vulnerabilidad de los menores frente a la retórica política.
Días después, Restrepo anunció una revisión de la contratación del cuatrienio anterior. Según las cifras que ella misma ha difundido, el ICBF pasó de 6.427 contratos de prestación de servicios en 2022 a 9.795 en 2024, y dijo que los hallazgos se trasladarán a Contraloría, Procuraduría y Fiscalía si hay irregularidades.
«Este artículo contó con la asistencia de IA para la recopilación de datos y estructuración de párrafos, bajo estricta revisión y edición editorial de un periodista»
