Mes: agosto 2026

El Valle del Cauca permanece consternado tras el fuerte terremoto registrado el pasado lunes, una emergencia que continúa cobrando vidas y afectando profundamente a la región. La ministra de Educación Nacional, Viviane Morales, confirmó de manera oficial el trágico fallecimiento de seis menores de edad que cursaban sus estudios en instituciones públicas de los municipios de Calima Darién y Yumbo.

Las víctimas de este desastre natural fueron identificadas como Anthony Ríos Gómez, María José Lozada Torres, Emanuel Bastidas Arredondo y Jesús Muñoz Quinceno, quienes pertenecían a la sede María Inmaculada de la IED Gimnasio Calima. A esta dolorosa lista se suman las menores Luciana Moreno Florez y Niela Nicol Vernaza Corrales, estudiantes de la sede Panorama de la IED Gabriel García Márquez, ubicada en el municipio de Yumbo.

Ante la magnitud de la tragedia, la jefa de la cartera educativa envió un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros de clase y docentes afectados por la pérdida irreparable de los estudiantes.

Asimismo, la ministra indicó que desde el Ministerio de Educación se ha establecido un puente de trabajo continuo con las secretarías de Educación de las zonas impactadas.

Como parte de la respuesta estatal ante la calamidad, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de manejo de desastres bajo los lineamientos de la Estrategia de Gestión Integral del Riesgo Escolar. Desde el Gobierno Nacional se enfatizó que tanto la protección de los menores como el respaldo integral a las comunidades escolares damnificadas representan una prioridad crítica frente a la coyuntura.

María Carolina Restrepo Cañavera es la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Jensy Johana Osorio Porras, de la Unidad para las víctimas.

Bogotá D. C., 12 de agosto de 2026. La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, posesionó este miércoles a María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a Jensy Johana Osorio Porras como directora de la Unidad para las Víctimas.

“Tenemos una gran responsabilidad de liderazgo en estas instituciones. Me complace inmensamente tener estas coequiperas para trabajar por los colombianos y por el bienestar social de nuestros compatriotas.

Queremos una patria con crecimiento económico, con desarrollo social y con mucho bienestar para todos”, dijo Suárez.

María Carolina Restrepo Cañavera es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene especializaciones en Administración de Empresas, Negociación y Gerencia, Finanzas Corporativas, Derecho Tributario y Negociación, Conciliación y Arbitraje, y formación en Fiscalidad Internacional.

Es socia fundadora de Restrepo Cañavera Legal and Business Hub, firma establecida en 2004, desde la cual ha desarrollado su ejercicio profesional en derecho internacional, societario y laboral, estructuración jurídica y financiera, negociación y consultoría empresarial.

Tiene experiencia en áreas estratégicas como reestructuración y transformación organizacional, derecho corporativo, finanzas, administración de empresas, negociación, gerencia, asuntos tributarios, resolución de controversias y consultoría empresarial.

Como directora general del ICBF, pondrá esta experiencia al servicio de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes del país y liderará un proceso de fortalecimiento y transformación de una de las instituciones fundamentales de la política social de Colombia.

Liderará un proceso de reestructuración, fortalecimiento y modernización institucional. Tiene el compromiso de consolidar una entidad más moderna, eficiente, transparente, técnicamente sólida y orientada a resultados, en la que la transformación institucional tenga un propósito esencial: fortalecer la capacidad del Estado para garantizar y proteger efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia.

Jensy Johana Osorio Porras, nueva directora de la Unidad para las Víctimas, es abogada, especialista en Derecho Público y en Sistema Penal Acusatorio. Cuenta con estudios en extinción de dominio y formación complementaria en diferentes áreas del derecho.

Tiene más de 15 años de experiencia profesional en el ejercicio del derecho, con trayectoria en asuntos jurídicos de alta complejidad, asesoría, litigio estratégico y gestión de procesos en los ámbitos público y privado, lo que le ha permitido fortalecer sus capacidades en análisis jurídico, toma de decisiones, resolución de asuntos complejos y liderazgo de equipos y procesos.

Su ejercicio profesional ha estado orientado por el rigor jurídico, la responsabilidad y la búsqueda de soluciones, con una visión del derecho como herramienta para fortalecer las instituciones, garantizar derechos y proteger la dignidad de las personas. Ha asumido responsabilidades jurídicas y directivas que le han exigido actuar en escenarios de alta complejidad y tomar decisiones con criterio, independencia y sentido institucional.

Su visión de liderazgo privilegia la construcción de equipos, la transparencia y una gestión orientada a resultados.

Osorio asume el reto de fortalecer la atención y reparación integral a las víctimas, acercar la institucionalidad a los territorios y contribuir a que la respuesta del Estado se traduzca en resultados concretos. Su gestión tendrá como centro a las víctimas: escucharlas, reconocer las distintas realidades de los territorios y trabajar para que sus derechos encuentren respuestas efectivas en la institucionalidad. Su propósito será fortalecer una entidad cercana, eficiente y orientada a resultados, capaz de convertir la confianza en hechos y los derechos de las víctimas en realidades.

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Cuenta con amplia experiencia en planeación tributaria, derecho tributario internacional y litigios ante la administración tributaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Fue socio de Mauricio A. Plazas Vega Abogados & Cía. y asesor de De La Espriella Lawyers. Asimismo, se desempeñó como conjuez de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dirigió la edición 89 de la revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), entidad de la que es miembro.

En el ámbito académico, se desempeñó como profesor en programas de pregrado y posgrado de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente es docente de la Especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y de la Especialización en Auditoría Tributaria de la Universidad Santo Tomás.

Es autor del artículo “El impuesto a la riqueza frente a los contratos de estabilidad jurídica”, publicado en la Revista No. 71 del ICDT. Además, escribió los capítulos “Limitación de las deducciones por pagos al exterior y deducción por concepto de contratos de importación de tecnología” y “El impuesto sobre la renta en los contratos de concesión y las asociaciones público-privadas”, incluidos en la obra Comentarios a la Ley 1819 de 2016 de Reforma Tributaria Estructural (Editorial Temis, 2017).

También es coautor de la obra Procedimiento Tributario (Editorial Temis y Universidad del Rosario), específicamente del capítulo sobre cobro coactivo, en su primera edición (2022) y segunda edición (2024). Asimismo, participó como coautor en la obra El Impuesto sobre el Valor Agregado, coordinada por el ICDT, con el capítulo sobre la causación del IVA en la venta de bienes corporales muebles (2024).

La iniciativa permitirá avanzar de un esquema asociativo de planeación a una entidad territorial con mayor capacidad para gestionar intereses regionales, sin sustituir a los departamentos ni afectar su autonomía y sus recursos.

El proyecto abre la posibilidad de que el Caribe se convierta en la primera Región Entidad Territorial del país bajo el modelo previsto en la Constitución. Bogotá D. C., 10 de agosto de 2026.

La Bancada Caribe del Congreso de la República y la Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe) radicarán hoy, 12 de agosto, ante el Senado de la República el proyecto de ley orgánica que establece la ruta para convertir la actual RAP Caribe en la Región Entidad Territorial Caribe (RET Caribe), integrada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

La iniciativa representa un avance decisivo en el proceso de regionalización previsto por la Constitución Política. Su propósito es que el Caribe evolucione desde un esquema asociativo, principalmente orientado a la planificación y articulación interdepartamental, hacia una entidad territorial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía para gestionar sus intereses, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

El proyecto no elimina ni sustituye a los departamentos, distritos o municipios; tampoco modifica sus límites, competencias o recursos. Por el contrario, crea una escala complementaria de gestión para abordar problemas y oportunidades que desbordan las fronteras departamentales y requieren respuestas conjuntas.

Una vez perfeccionada la conversión, la RET Caribe contará con una Junta Regional integrada por los gobernadores de los siete departamentos, y una Gerencia Regional responsable de ejecutar sus decisiones. Asimismo, podrá adoptar un plan de desarrollo regional, un presupuesto anual y un marco fiscal de mediano plazo, así como estructurar, coordinar, cofinanciar y ejecutar proyectos de impacto supradepartamental, siempre dentro de las atribuciones y fuentes de financiación autorizadas por la ley.

Esta nueva capacidad institucional permitirá impulsar iniciativas regionales en asuntos como conectividad e infraestructura logística, seguridad alimentaria, gestión del agua, protección costera, adaptación al cambio climático, transición energética, competitividad, turismo, cultura, desarrollo rural y fortalecimiento del capital humano.

“Esta no es una iniciativa para crear más burocracia ni para restarles poder a los departamentos. Es una herramienta para que el Caribe pueda planear a largo plazo, estructurar proyectos de escala regional y actuar unido ante la Nación, la cooperación internacional y el sector privado. La última palabra sobre la conversión la tendrán los ciudadanos”, señaló la RAP Caribe.

La aprobación del proyecto de ley no producirá automáticamente la conversión. La decisión del Congreso deberá ser sometida a referendo de los ciudadanos de los siete departamentos. Solamente si la autoridad electoral declara un resultado favorable, la RET Caribe adquirirá formalmente la condición de entidad territorial. Hasta entonces, la RAP Caribe conservará su naturaleza jurídica, patrimonio, órganos y régimen de funcionamiento actuales.

Después de la radicación, el proyecto deberá ser publicado en la Gaceta del Congreso, remitido a la Comisión Primera del Senado y asignado a uno o varios ponentes. Posteriormente deberá superar cuatro debates: Comisión Primera y Plenaria del Senado, y Comisión Primera y Plenaria de la Cámara de Representantes. Por tratarse de una ley orgánica, requerirá mayoría absoluta en ambas cámaras.

Cumplido el trámite legislativo, seguirá la sanción presidencial y, posteriormente, el referendo ciudadano. Con esta iniciativa, el Caribe colombiano reafirma su voluntad de trabajar como una sola región y de construir una institucionalidad capaz de transformar prioridades compartidas en proyectos concretos, inversión y mejores condiciones de vida para sus habitantes.

El mensaje central es claro: un Caribe más unido puede planear mejor, gestionar con mayor capacidad y convertir su potencial regional en oportunidades reales de desarrollo.