Este jueves 1 de octubre, al iniciar el tercer periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea de Córdoba aprobó el debate de control político PAE 2.0, propuesto por el diputado Gabriel Calle para revisar la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar entre 2016 y 2026 en los 27 municipios no certificados del departamento, una iniciativa que recibió el acompañamiento de otros 12 diputados.
El debate examinará cómo se han invertido los recursos y qué alimentos han recibido los estudiantes, verificando la cantidad, calidad y oportunidad de las raciones, además de las condiciones de las cocinas, comedores, equipos y acceso a agua potable en las sedes educativas.
También retomará las denuncias presentadas por Calle en 2024 sobre presuntos abusos laborales que afectarían a cerca de 1.900 manipuladoras de alimentos, para establecer cuánto se presupuestó para pagarles, cuánto recibieron y quién debía vigilar el cumplimiento de sus derechos.
El diputado sostuvo que, pese a los distintos operadores, una misma cabeza habría administrado el programa durante los últimos diez años, una denuncia que anunció sustentará con contratos, testimonios y evidencias jurídicas, en una revisión de la contratación que, según sus cifras, supera los $800.000 millones.
La proposición contempla citar a la Secretaría de Educación y a la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional, e invitar a representantes de la comunidad educativa, manipuladoras, operadores y organismos de control, mientras la fecha está pendiente de definición, aunque Calle estima que será a finales de octubre e indicó que los funcionarios tendrán diez días para responder el cuestionario.