El senador Antonio José Correa Jiménez, manifestó su preocupación al recorte de $170 mil millones contemplado para el sector del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dentro del Presupuesto General de la Nación para 2027.
El senador señaló que el Congreso tiene competencias constitucionales y legales para discutir y modificar el Presupuesto General de la Nación, pero advirtió que cualquier reducción que pueda afectar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe estar sustentada en criterios jurídicos, constitucionales, técnicos y financieros.
“Una cosa es austeridad y otra cosa es afectar la funcionalidad de una jurisdicción que nació de una reforma constitucional”.
Correa recordó que la JEP fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, reforma constitucional que estableció el marco de justicia transicional y otorgó a esta jurisdicción autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
En ese sentido, el congresista pidió que durante la discusión presupuestal se expliquen públicamente las razones que sustentan la reducción y solicitó al Gobierno Nacional abrir un espacio de diálogo con la JEP para evaluar sus posibles efectos.
“No podemos hacer un recorte de esta magnitud de un solo tajo y sin explicaciones. Le solicitamos al Gobierno que se siente con la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Durante su intervención, el senador también llamó la atención sobre los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de justicia transicional y cooperación internacional.
Correa enfatizó que los compromisos internacionales corresponden al Estado colombiano y trascienden a los gobiernos de turno, por lo que las decisiones que se adopten deben analizarse dentro del marco constitucional y de las obligaciones internacionales vigentes, “Lo que se firma es un compromiso de Estado, no de gobernantes”.
El pronunciamiento se da luego de que las Comisiones Económicas del Congreso aprobaran en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2027, incluyendo una reducción de $170 mil millones para el sector del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: $30 mil millones en funcionamiento y $140 mil millones en inversión. La distribución del presupuesto aún debe surtir los debates correspondientes en las plenarias. El senador Antonio José Correa reiteró que la discusión sobre las finanzas públicas debe darse con responsabilidad y teniendo en cuenta la situación fiscal del país, pero sostuvo que los ajustes presupuestales deben respetar el marco constitucional y garantizar la capacidad de las instituciones para cumplir las funciones para las cuales fueron creadas.
“Defender la Constitución también significa defender las instituciones que nacieron de ella y garantizar que puedan cumplir sus funciones”, concluyó el senador.
