Mes: noviembre 2026

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, expusieron los alcances generales que tendrá la denominada Ley de Rescate Económico (Proyecto de Ley 477 de 2026) sobre el tejido empresarial del país, prestando especial atención a los microempresarios, micronegocios y emprendedores. De acuerdo con las autoridades económicas del Ejecutivo, la normativa busca ordenar las finanzas públicas a través de una reducción drástica del gasto estatal y una reestructuración tributaria orientada a dar oxígeno y menores cargas impositivas a las pequeñas unidades productivas.

Mientras el Gobierno sostiene que el paquete de reformas estructurales salvaguarda a la gran mayoría de la base empresarial y promueve incentivos para formalizar y dinamizar el aparato comercial, diversos sectores gremiales y analistas evalúan con cautela el impacto acumulado del articulado. La discusión legislativa en el Congreso de la República se concentra ahora en sopesar los beneficios fiscales propuestos para las microempresas frente a los ajustes en las cotizaciones parafiscales y los incrementos en la tributación al consumo que contempla la iniciativa oficial.

La iniciativa para imponer cadena perpetua a los responsables de homicidio y abuso sexu@l contra niños y niñas vuelve a instalarse en el centro del debate público colombiano. Quienes defienden la medida argumentan la urgencia de sancionar con máxima severidad los delitos contra la niñez para brindar justicia a las víctimas y disuadir la reincidencia, mientras que juristas y analistas señalan las limitaciones estructurales del marco legal colombiano para implementar penas de por vida.

La propuesta enfrenta un antecedente jurídico determinante tras la Sentencia C-294 de 2021, en la cual la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma de la prisión perpetua por considerarla contraria a los principios de dignidad humana y resocialización consagrados en la Carta Magna. La controversia renueva la discusión sobre si el Estado debe priorizar el aumento punitivo o concentrar sus esfuerzos en la prevención de la violencia infantil, la efectividad en las investigaciones judiciales y la protección integral de los menores.

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad la renovación del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027. La resolución introduce una modificación estructural al excluir la Reforma Rural Integral del alcance del seguimiento internacional, dejando la gestión de tierras, la formalización de predios y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) bajo el control institucional y normativo exclusivo del Estado colombiano.

Mientras que el Gobierno nacional celebra la decisión del organismo multilateral como una victoria en la defensa de la soberanía institucional y la autonomía de las políticas públicas, analistas y sectores críticos advierten sobre el riesgo de que la implementación del punto agrario pierda prioridad sin la supervisión internacional. A partir de la fecha, el acompañamiento de la ONU en el país se focalizará estrictamente en el monitoreo de la reincorporación social y económica de excombatientes y en sus garantías de seguridad física e institucional.

María Eugenia Carreño se integra al equipo directivo del Ministerio del Interior para asumir el Viceministerio, acompañando al jefe de la cartera, Alejandro Ordóñez. La formalización del proceso se concreta tras la publicación de su hoja de vida en la plataforma oficial de aspiraciones para cargos públicos, marcando un nuevo movimiento en la conformación del gabinete ministerial.

La funcionaria cuenta con una trayectoria institucional vinculada a la Procuraduría General de la Nación, donde laboró de la mano de Ordóñez durante su periodo al frente del Ministerio Público, destacándose especialmente en su paso por la delegada para asuntos electorales. Su llegada al Viceministerio refuerza el perfil político e ideológico de la administración en una de las carteras clave para la interlocución territorial y legislativa del Ejecutivo.

El debate en torno al incremento del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2027 en Colombia comienza a perfilarse en la agenda nacional, con la posibilidad de que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella adelante el inicio de las conversaciones formales. Aunque inicialmente el primer encuentro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales estaba previsto para el 25 de noviembre, las modificaciones en el cronograma apuntan a anticipar la discusión hacia el 18 del mismo mes, con el fin de optimizar los tiempos de análisis técnico sobre la inflación y la productividad.

La negociación se llevará a cabo tomando como punto de partida el salario básico establecido para el presente año y enfrentará el reto de conciliar las expectativas de las organizaciones sindicales frente a la postura de sostenibilidad fiscal del Ejecutivo. Las partes involucradas dispondrán legalmente hasta el 15 de diciembre para buscar un consenso tripartito, de lo contrario, la administración central tendrá la facultad de definir el incremento mediante un decreto antes de concluir el año.