Mes: noviembre 2026

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó con 20 votos a favor y dos en contra el primer debate del proyecto de norma denominado ‘Ley Anticapuchos’. La iniciativa legislativa busca sancionar a quienes oculten su rostro de manera deliberada para cometer actos vandálicos, delitos o agresiones durante movilizaciones públicas, estableciendo penas de privación de la libertad que oscilan entre los cuatro y los ocho años de prisión para los responsables directos.

El congresista ponente Julio César Triana y el representante Jaime Arizabaleta precisaron que el articulado no criminaliza el derecho constitucional a la protesta social pacífica ni prohíbe el uso de prendas protectoras, enfocando el castigo sobre la conducta individual violenta. De igual forma, el texto incorpora agravantes punitivos sin beneficios de excarcelación para ataques perpetrados contra sistemas de transporte masivo, centros hospitalarios e infraestructura pública, disponiendo además directrices sobre el uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional para garantizar la transparencia durante los operativos de control del orden público.

El Ministerio de Transporte anunció en Bogotá la reapertura del debate legislativo para implementar el sistema de licencia de conducción por puntos mediante la reforma al Código Nacional de Tránsito. Tras la comunicación oficial de la cartera ministerial, el senador cordobés Julio Alberto Elías Vidal respaldó la medida y recordó su gestión como ponente del articulado que superó cuatro debates antes de su archivo en la Cámara de Representantes el 17 de junio de 2026, iniciativa trabajada en conjunto con los congresistas Angélica Lozano y Daniel Carvalho.

El modelo propuesto asigna un saldo inicial de puntos a cada licencia de conducción, el cual disminuye progresivamente ante la comisión de infracciones de tránsito, derivando en la suspensión o cancelación del permiso cuando el titular alcance el puntaje mínimo. Asimismo, el mecanismo establece incentivos para conductores ejemplares, un esquema gradual para licencias expedidas por primera vez y sanciones estrictas para infractores reincidentes, buscando reducir la siniestralidad vial en el territorio nacional.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías en Bogotá al inspector de Seguridad Operacional de la Aeronáutica Civil, Juan Enrique Brenez Vanegas, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas durante la certificación de una firma contratista. La empresa involucrada está adscrita al millonario contrato de 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación coordinada desde la capital del país, Brenez Vanegas viajó en noviembre de 2024 al estado de Florida, Estados Unidos, para evaluar a la compañía que solicitaba renovar su certificado y obtener capacidades técnicas para reparar aeronaves de gran tamaño. A pesar de haber documentado 19 incumplimientos graves y determinar que la firma carecía de la capacidad operativa requerida, el funcionario habría avalado irregularmente el proceso, comprometiendo la seguridad aérea de las Fuerzas Militares.

La compañía Productos Ramo S.A.S. anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para solicitar la investigación de Andrea Muñoz, líder de la ONG Sinergia Animal en Colombia, junto a Estephany Méndez, Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen, por la presunta comisión de los delitos de injuria agravada y calumnia agravada. De igual forma, la firma extendió la acción judicial contra Brian Daniel Quiroz Murillo por el presunto delito de constreñimiento ilegal, proceso que cuenta con la representación jurídica del penalista Jaime Granados.

De acuerdo con el recurso penal instaurado en la capital del país, la acción responde a la difusión masiva de contenidos y campañas públicas que vincularon de manera directa a la marca con presuntas prácticas de maltrato animal. La empresa de alimentos argumentó que dichas afirmaciones lesionaron de forma grave su buen nombre y reputación corporativa, por lo que requirió la intervención del ente investigador para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) reveló el cronograma oficial con las fechas de entrega de cuatro nuevos establecimientos penitenciarios proyectados para mitigar la crisis de hacinamiento carcelario en el país. Durante una audiencia de seguimiento de la Corte Constitucional, la entidad detalló que el primer centro en habilitarse será el de Riohacha, en La Guajira, cuya culminación está prevista para diciembre de 2026, seguido por las instalaciones de Pereira con fecha estimada para abril de 2027.

La agenda de infraestructura continuará con la puesta en servicio del complejo de Sabana del San Ángel, en el departamento del Magdalena, programada para agosto de 2027, mientras que la cárcel de Barrancabermeja, en Santander, finalizará su ejecución en 2028. El informe institucional precisó que los frentes de trabajo presentan diversos grados de desarrollo, liderados por Riohacha y Sabana del San Ángel con más del 85 % de avance, consolidando la estrategia estatal para adecuar el sistema de reclusión nacional bajo los estándares de seguridad requeridos.