A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, el senador Antonio Correa lanzó un contundente mensaje de cierre de campaña, alineando sus principales banderas sociales con el proyecto político del candidato presidencial Iván Cepeda. El congresista insistió en que el desenlace de la jornada electoral definirá el futuro de los servicios públicos en el país, planteando una clara dicotomía entre quienes defienden el modelo de privatización y quienes buscan elevar estos servicios al estatus de derechos fundamentales garantizados por el Estado.
El corazón de la propuesta que Correa impulsa de la mano de Cepeda, respaldada también por líderes como la senadora Aída Quilcué y el mandatario Gustavo Petro, radica en un cambio estructural para los recursos esenciales. Entre los compromisos destacados se encuentra una inyección presupuestal masiva para acueductos, alcantarillados y saneamiento básico, bajo la premisa de que el agua debe dejar de ser tratada como una mercancía transable. Asimismo, el senador hizo especial eco de una de las problemáticas más sensibles para el norte del país, asegurando que un eventual gobierno de Cepeda priorizará el establecimiento de tarifas justas y asequibles de energía eléctrica para las familias de la región Caribe.
El paquete de reformas que se consolidaría en las urnas abarca también la regulación del transporte y el control ciudadano. Correa detalló que se buscará una revisión integral a las concesiones de peajes que actualmente golpean la economía de productores rurales, transportadores y comunidades locales, sumado al desmonte de los sistemas de fotomultas que operan de manera abusiva con fines netamente recaudatorios. Según el parlamentario, la prioridad de las autoridades debe ser la protección de la vida en las vías y el respeto al debido proceso de los ciudadanos, desplazando el lucro de los operadores privados.
Finalmente, el pronunciamiento del senador enfatizó que la agenda social del candidato Iván Cepeda pondrá un cerco estricto a la corrupción que afecta a los sectores más vulnerables. Correa propuso un fortalecimiento integral del ICBF y un incremento sustancial de recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual incluiría la formalización laboral de las madres manipuladoras de alimentos y una vigilancia rigurosa para evitar el desvío de dineros públicos, bajo la consigna de que ningún niño en Colombia debe estudiar con hambre.
