En un giro significativo al proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes la condena de primera instancia que pesaba sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La condena inicial, de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, fue anulada por el Tribunal.
La decisión, que permite al exmandatario quedar absuelto de la condena, se centró en la insuficiencia de pruebas para sustentar los cargos.
Respecto al cargo de soborno, el Tribunal concluyó, por mayoría, que no existen pruebas contundentes que demuestren que Uribe Vélez «indujo al pago a tres testigos para que mintieran». A pesar de la absolución, el Tribunal ordenó que el expresidente sea investigado por un posible delito de falso testimonio.
En cuanto al delito de fraude procesal, el magistrado ponente, Manuel Antonio Merchán, indicó que el cargo carecía de sustentación en los elementos que exige la ley. «La ausencia de prueba directa o inferencia sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal”, señaló Merchán.
El fallo también declaró ilegal una interceptación telefónica contra Uribe, argumentando que «vulneró el derecho a la intimidad,» por lo que esas grabaciones quedaron excluidas del caso.
La decisión generó una inmediata crítica del actual presidente, Gustavo Petro, quien se pronunció en X. Petro lamentó la invalidación de las intercepciones, afirmando: “Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”.
La Fiscalía y las partes involucradas en el proceso aún tienen la opción de presentar un recurso de casación contra este fallo ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Uribe, quien en agosto se había convertido en el primer expresidente condenado penalmente en el país, enfrentará ahora una nueva etapa en este largo proceso que se remonta a 2012.
