El Ministerio de Educación Nacional anunció una intervención normativa definitiva para frenar el escándalo del denominado “cartel de los puntos”. Tras las denuncias sobre salarios que superan los 93 millones de pesos mensuales en la Universidad de Sucre, el Gobierno radicará en los próximos días un proyecto de decreto que establecerá, por primera vez, topes salariales estrictos para los docentes de las universidades públicas del país.
La medida busca corregir los vacíos del Decreto 1279 de 2002, una norma que durante dos décadas permitió aumentos exponenciales en los sueldos a través de la acumulación de puntos por publicaciones y méritos académicos, pero que carecía de un límite máximo. Según explicó Harold Hernández, subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio, la nueva reglamentación definirá topes por categorías docentes, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema de educación superior sin vulnerar los derechos ya adquiridos.
Además del ajuste legal, el Ministerio confirmó que la Subdirección de Inspección y Vigilancia ya adelanta un seguimiento riguroso a la Universidad de Sucre. El objetivo es esclarecer cómo se otorgaron estos puntajes y determinar si hubo irregularidades en la validación de la producción investigativa que derivó en estas remuneraciones desproporcionadas. «Buscamos mayor equidad y transparencia; el sistema no puede permitir estos desfases mientras se busca la cobertura universal», indicaron fuentes de la cartera educativa.
