El alcalde de Cereté, Said Bitar, radicó un requerimiento formal ante la empresa Aqualia para exigir de manera inmediata que se abstenga de facturar y cobrar el cargo fijo correspondiente al periodo actual, debido a la deficiente prestación del servicio de agua potable. Esta medida busca proteger directamente el bolsillo de los ciudadanos, asegurando que solo se pague por el consumo real que haya sido técnicamente medido y verificado. Además, el mandatario ordenó que los subsidios de ley se apliquen estrictamente sobre lo efectivamente consumido, garantizando que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.
Esta decisión técnica y jurídica surge tras evidenciar fallas críticas durante marzo y abril de 2026, con interrupciones frecuentes y bajas presiones que afectan a barrios como Venus, Botavén, Santa María, Miraflores, Las Palmas y San Rafael, entre otros. La situación es aún más grave en la zona rural, en sectores como Venados-Campanitos y La Pozona, donde se reportan hasta seis meses sin suministro. El requerimiento también señala que fugas de gran magnitud están causando inundaciones y deteriorando la malla vial, lo que sumado a la falta de agua, genera graves riesgos sanitarios y vulnera la salubridad pública de los cereteanos.
Ante este panorama, la administración municipal exige que Aqualia realice ajustes, reliquidaciones y compensaciones automáticas a favor de todos los usuarios afectados, tal como lo ordena la ley. La empresa tiene un plazo de tres días hábiles para entregar un informe detallado sobre las causas de estas fallas y presentar un plan de acción con cronograma verificable para que estos hechos no se repitan. De igual forma, se solicitó a ERAS S.A. E.S.P., como entidad supervisora, ejercer un control estricto sobre el cumplimiento de estas órdenes.
El alcalde Said Bitar advirtió que el incumplimiento de este requerimiento provocará el traslado inmediato del caso a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos. La Alcaldía no permitirá más dilaciones en la reparación de los daños causados a la comunidad y agotará todas las instancias legales para defender el derecho fundamental de los ciudadanos al acceso oportuno y de calidad al agua potable.
