En una insólita maniobra jurídica, Diego Marín Buitrago, conocido en el ámbito criminal bajo el alias de ‘Papá Pitufo’ y señalado como uno de los mayores zares del contrabando en el país, entabló una demanda de reparación directa contra el Estado colombiano exigiendo una indemnización económica cercana a los $700 millones. La acción legal señala directamente a la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Rama Judicial, a las cuales responsabiliza por presuntos daños emocionales y psicológicos derivados de los procesos e investigaciones judiciales adelantados en su contra.
El reclamo, que contempla una suma equivalente a 400 salarios mínimos legales para él y un monto idéntico distribuido entre su esposa e hijos, fundamenta sus pretensiones en supuestos episodios de angustia, ansiedad y depresión originados tras la emisión de la orden de captura con fines de extradición en 2024. Pese a enfrentar un panorama penal de hasta 27 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y cohecho, el demandante busca revertir la presión institucional en los estrados. Este recurso, que reedita una fallida demanda interpuesta por su núcleo familiar en el año 2001 por señalamientos de narcotráfico, entra ahora a etapa de revisión en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde los magistrados determinarán si la pretensión contra el erario público tiene asidero legal.
