La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental contra la empresa URRÁ S.A. E.S.P., tras identificar una superación reiterada de los volúmenes máximos permitidos en el embalse Urrá I. Según la autoridad, la operadora habría ignorado de manera sistemática la «Curva Guía Máxima», el indicador técnico que garantiza un volumen de reserva para amortiguar crecientes y evitar inundaciones aguas abajo.
Informes técnicos del equipo de monitoreo de la ANLA revelaron que, desde el año 2020 hasta lo corrido de 2026, la empresa sobrepasó recurrentemente los niveles de seguridad. El análisis de la entidad destaca que durante el año 2024, el 20 % de las mediciones mostraron un incumplimiento de los topes máximos. Esta situación se agravó en el segundo semestre de 2025, cuando el exceso de volumen se registró en el 30,6 % del tiempo evaluado.
La autoridad ambiental fue enfática al señalar que, tras analizar la información de XM y su propio centro de monitoreo, se concluyó que el sobrepaso de los niveles no fue una respuesta excepcional a contingencias climáticas, sino que se explica como una decisión operativa por parte de la empresa. Esta práctica habría impedido que el embalse tuviera capacidad de almacenamiento cuando la saturación hídrica aumentó súbitamente en 2026, obligando a realizar descargas masivas hacia las comunidades del Sinú.
La directora de la ANLA, Irene Vélez Torres, confirmó que se han emitido seis conceptos técnicos advirtiendo a URRÁ S.A. sobre estas inconsistencias sin que se tomaran los correctivos necesarios. Tras una visita de inspección a los territorios afectados en Córdoba, la funcionaria denunció que cientos de familias damnificadas no fueron notificadas oportunamente sobre los vertimientos.
Vélez Torres criticó duramente la implementación del Plan de Emergencia y Contingencia de la empresa, señalando que los afectados se encuentran en albergues bajo condiciones inadecuadas. Finalmente, la funcionaria advirtió que la ANLA mantiene el monitoreo sobre otros seis embalses en el país que actualmente se encuentran en alerta roja, instando a sus operadores a activar planes de contingencia integrales para evitar que se repita la tragedia ocurrida en el departamento de Córdoba.
