Una fuerte controversia institucional sacudió las redes sociales en las últimas horas tras la réplica pública que la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, le dirigió a la actual cabeza de la entidad, Carolina Restrepo. El cruce de declaraciones se originó luego de que la nueva administración denunciara un incremento del 89% en la contratación del organismo durante la administración del expresidente Gustavo Petro, periodo en el cual el presupuesto pasó de 5 a 8 billones de pesos, cuestionando los resultados de dichos recursos y anunciando una revisión detallada contrato por contrato.
Ante estos señalamientos, Cáceres respondió con dureza y defendió la gestión previa, argumentando que el aumento en la contratación responde directamente al incremento presupuestal y a la eliminación de la tercerización, una medida que —según explicó— permitió vincular de manera directa y transparente a los profesionales. Asimismo, rechazó enfáticamente las dudas sobre la idoneidad del personal y de las madres comunitarias seleccionadas bajo su administración, destacando que muchas de ellas cuentan con posgrados y una profunda vocación para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.
La exfuncionaria contratacó cuestionando las prioridades de la actual gerencia frente a diversas crisis humanitarias y de seguridad en el país. En su pronunciamiento, lamentó que la respuesta ante emergencias recientes se limite a la entrega de bienestarina o a ofrecer créditos con tasas de interés más bajas a los damnificados, en lugar de desplegar acciones masivas e inmediatas de atención emocional, prevención de la trata o protección para los menores afectados por dinámicas de violencia en regiones como el Catatumbo. Finalmente, Cáceres instó a la actual dirección a priorizar la acción misional y el bienestar de las comunidades vulnerables por encima de la invalidación de los procesos adelantados en el pasado.
