El suroccidente colombiano volvió a ser escenario de la extrema vulnerabilidad en la que ejercen su labor los defensores de derechos humanos, tras el violento atentado con fusiles de asalto perpetrado contra la reconocida líder social y ex Mujer Cafam, Jannet Mosquera. El ataque, ejecutado con precisión táctica por un grupo de hombres fuertemente armados, tuvo lugar en el sector del túnel de Cajibío, un punto crítico de la vía Panamericana que atraviesa el departamento del Cauca. Los atacantes interceptaron el vehículo oficial en el que se desplazaba la lideresa y abrieron fuego de manera indiscriminada con armas de largo alcance, desatando momentos de alta tensión en este estratégico corredor vial.
La vida de Mosquera se salvó gracias a una conjunción de factores de protección críticos: la resistencia del blindaje de la camioneta y la inmediata reacción de su esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Al verse bajo una ráfaga de proyectiles de guerra, los escoltas activaron de inmediato los protocolos de extracción bajo fuego, haciendo uso de sus armas de dotación para repeler el hostigamiento y realizando maniobras evasivas que permitieron sacar el automotor del perímetro de peligro.
Mientras las autoridades locales y la policía judicial recolectan el material probatorio en la escena para identificar la estructura criminal responsable, este hecho reaviva con urgencia el debate nacional sobre las garantías de seguridad en una región bajo el asedio constante de grupos armados ilegales, donde la supervivencia de los líderes comunitarios depende, cada vez más, de la efectividad técnica y humana de sus esquemas de protección.
