Autor: burbuja

El panorama político de cara a las próximas elecciones presidenciales se movió hoy con el anuncio de una importante adhesión. El exsenador y excandidato presidencial John Milton Rodríguez (anteriormente de Colombia Justa Libres) confirmó su respaldo y unión a la campaña del precandidato Abelardo de la Espriella.

De la Espriella recibió el apoyo con entusiasmo, destacando la sintonía ideológica con el líder cristiano.

«Recibo con alegría y gratitud la adhesión de John Milton Rodríguez, un hombre de fe, carácter y convicciones firmes… un hombre de familia que defiende los mismos principios y valores fundacionales que defendemos los Defensores de la Patria”, declaró De la Espriella.

Por su parte, Rodríguez explicó que el factor decisivo para su adhesión radica en la profunda identificación con las «banderas genuinas» enarboladas por el precandidato.

El exsenador hizo un llamado directo a la comunidad creyente y a los líderes sociales, enfatizando que la alianza tiene como pilares la defensa de la vida desde la concepción, el diseño original de la familia, las libertades económicas y, de manera central, la defensa de la fe.

Esta unión consolida un bloque político centrado en los valores conservadores y religiosos, buscando aglutinar a un sector del electorado que ya había acompañado a Rodríguez en su pasada contienda presidencial.

El proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca sufrió un duro revés al vencerse el plazo máximo (8 de noviembre) sin lograr la firma del acuerdo de cofinanciación por parte del Gobierno Nacional, lo que retrasa las obras al menos un año. A pesar de que la Gobernación del Valle y las alcaldías de Cali y Jamundí aseguraron contrarreloj el 30% de los recursos (COP 12 billones) con vigencias futuras, el 70% restante, que debía provenir de la Nación, no fue confirmado.

La polémica escaló cuando el presidente Gustavo Petro se refirió directamente a la negativa, vinculándola a la postura de la bancada vallecaucana en el Congreso.

«Me preguntó: ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento, una y dos veces? Por tal razón debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. El ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura/Yumbo va adelante,» escribió el mandatario, anunciando que la segunda fase se dirigirá a Urabá y el Caribe.

Las declaraciones de Petro encendieron las alarmas de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien calificó la decisión como una «venganza política» ante la postura libre del Congreso.

En una fuerte respuesta, Toro acusó al presidente de incumplir sus promesas de campaña y de romper la unidad nacional con sus decisiones:

«Presidente: plantea usted una venganza política contra los vallecaucanos ante la postura libre y autónoma del Congreso de la República. Usted le está incumpliendo a los vallecaucanos sus compromisos de campaña echando mano de mentiras… Gracias por nada, Presidente, qué pequeñez la suya» sentenció la gobernadora, asegurando que el Valle del Cauca seguirá adelante «con usted o sin usted».

La confrontación subraya las tensiones entre el Gobierno Nacional y las autoridades del Valle en un momento crucial para el desarrollo de la infraestructura regional.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que emprenderá acciones penales contra los legisladores de la Comisión Séptima del Senado que se han opuesto a tramitar el proyecto de Reforma a la Salud en su tercer debate.

En su cuenta en la red social x, el mandatario informó que le dio instrucciones al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que inicie las demandas judiciales.

“La decisión de la Comisión Séptima del Senado, basada en una mayoría de congresistas cuyos nombres propios toda la sociedad debe conocer, es mentirosa, en mi opinión, delictiva. Dicen que no hay concepto de aval fiscal y sí existe. Eso es fácil de demostrar. Le solicito al ministro de Salud proceder a las demandas judiciales del caso ante la Corte Suprema de Justicia”, escribió el jefe de Estado.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, agregó en su cuenta de la misma red social: “Es evidente que los ocho de la Comisión Séptima de Senado, con las vísceras, provocan un bloqueo institucional caprichoso, egoísta, perverso, inhumano contra todos los enfermos y los que se vayan a enfermar en el país. No saben qué es justicia social”.

El funcionario anunció que “los denunciaré (a los ocho congresistas) ante la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia por quebrantar la Constitución y la Ley Quinta (Reglamento del Congreso). Están viciando cualquier proyecto que se discuta en la Comisión. Los que quieren es no trabajar, ir a hacer campaña y engañar a la gente otra vez, y lo peor es que la engañarán”.

Los congresistas mencionados por el mandatario son: Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Nadia Blel y Esperanza Andrade, del Partido Conservador; Ana Paola Agudelo, del partido Mira; Norma Hurtado, de La U; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; y Honorio Henríquez junto a Alirio Barrera, del Centro Democrático.

El presidente de la Comisión Séptima de Senado, Miguel Pinto, aseguró esta semana que el trámite de la Reforma a la Salud no contaba no se ha reanudado por falta de aval fiscal del Ministerio de Hacienda, pero el ministro de Salud mostró que ese documento fue radicado en esa célula legislativa desde el pasado 20 de agosto.

El documento, contenido en el oficio Radicado No. 2-2025-050293 del 20 de agosto de 2025, fue dirigido al propio senador Pinto, en donde se dice que “el impacto fiscal estimado del proyecto de ley del asunto puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”.

El ministro Jaramillo, además, señaló en su comunicado que “desde abril de 2025, en la Comisión Séptima del Senado, se ha planteado múltiples excusas para dilatar el debate, por esa razón, su trámite no ha avanzado”.

Además, el jefe de la cartera aseguró que “el proyecto de Reforma a la Salud cuenta con un impacto favorable de impacto fiscal, sin que este dependa de la aprobación de la Ley de Financiamiento, mostrando que, para este Gobierno de la Vida, la salud de los colombianos es fundamental y prioritaria”.

La Fundación de Educación Superior San José ha desatado una crisis de credibilidad al anular los títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública otorgados a Juliana Guerrero, postulada al cargo de Viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

La decisión se produce tras una «exhaustiva revisión» interna que reveló la inexistencia de un historial académico legítimo. Según la institución, en sus sistemas:

No se evidenció registro alguno de actividad académica.
No hay constancia de participación en clases.
No se encontraron evaluaciones en la plataforma virtual de ninguno de los dos programas.

En otras palabras, la investigación confirmó que Guerrero no asistió ni participó en las actividades requeridas para obtener los grados. Además, se suma la confirmación previa del ICFES de que la candidata no presentó la prueba Saber Pro, un requisito obligatorio para graduarse.

Ante la gravedad de los hallazgos, el Consejo Directivo de la Fundación no solo procedió a la anulación de los títulos, sino que también anunció la activación de medidas legales.

La institución informó que se iniciaron acciones penales y disciplinarias contra directivos que pudieron haber estado involucrados en el otorgamiento irregular de los certificados. Adicionalmente, se abrió una investigación interna para identificar a todos los implicados en estos hechos de corrupción que socavan la integridad educativa.

La Fundación San José hizo pública la información, reconociendo que el caso es de interés general debido al cargo de alto perfil al que aspiraba Juliana Guerrero.

Un parte de tranquilidad frente al ataque terrorista que se pretendía cometer en la madrugada de este sábado contra el Batallón Bolívar, en Tunja, entregó el presidente Gustavo Petro.

En su cuenta de la red social X, el mandatario informó: “Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Bolívar, en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales”.

En su mensaje, el jefe de Estado dio la orden a la Fuerza Pública: “No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”, señaló.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en la misma red social atribuyó la autoría del atentado contra el Batallón de Infantería N.° 1 Simón Bolívar a “un cartel del narcotráfico”.

“Nuestra Fuerza Pública, de la mano con la información de la comunidad, evitó víctimas mortales en el atentado terrorista que un cartel del narcotráfico intentó ejecutar contra el Batallón de Infantería N.° 1 Simón Bolívar, en Tunja”, escribió.

El ministro Sánchez ofreció “una recompensa de hasta $200 millones por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en todo el país, y de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de estas acciones terroristas”.

De acuerdo con la información oficial, a las 5:06 de esta madrugada la Policía de Tunja recibió de la comunidad varias llamadas y fotografías de una volqueta sospechosa que dejaron abandonada dos personas que luego huyeron en una motocicleta.

Al llegar las autoridades al sitio, cerca de la sede castrense, encontraron el vehículo cargado de cargada con 24 tatucos artesanales (elementos bélicos no convencionales). Se inició entonces la evacuación del sector, y el vehículo fue transportado a un lugar deshabitado para su detonación controlada. Sin embargo, varios tatucos alcanzaron a impactar una parte del Batallón Bolívar y algunas residencias del sector, dejando tres personas heridas pero no de gravedad.

“En este momento, nuestros equipos especializados adelantan la desactivación de cargas explosivas que aún están en la volqueta que utilizaron los terroristas. Motivamos a la ciudadanía a mantener la calma, respetar el perímetro de seguridad e informar de inmediato cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo a la población”, señaló el ministro de Defensa en su mensaje en X.

Sánchez insistió que “en estos momentos se requiere unidad, acción y determinación para neutralizar cualquier amenaza terrorista. No daremos un solo paso atrás. El atentado hiere, pero no doblega nuestra voluntad. El corazón de Boyacá late más fuerte que el miedo”, agregó.

Consejo de seguridad en Tunja

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, lideran el consejo de seguridad que se realiza en la capital del Boyacá con presencia de la cúpula militar y de Policía, la Alcaldía de Tunja y la Gobernación.

“He ordenado a nivel nacional reuniones regionales extraordinarias de seguridad para revisar y actualizar la información de inteligencia, enfocada en prevenir cualquier atentado terrorista, el cual, no reconoce distinción alguna”, dijo el ministro Sánchez.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier acción sospechosa en las siguientes líneas:

– Línea contra el crimen: 314 358 7212

– Línea 107- 157

– Gaulas: 147 – 165

– Reclutamiento infantil: Línea 141

“Absoluta reserva. ¡El Estado somos todos y los buenos somos más!”, señaló el Ministerio de Defensa.

El presidente Gustavo Petro participará este sábado en la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que se realiza en Santa Marta.

La región enfrenta hoy grandes desafíos que reafirman la necesidad de avanzar en la unidad y la integración, con el objetivo de defender la soberanía continental, tal como ocurrió hace 20 años en Mar del Plata con la derrota del Alca.

En ese contexto, el gobierno de Colombia, en su condición de Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), será anfitrión de la IV Cumbre Celac–UE, programada para los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta. Se espera la presencia de dirigentes de los 33 países miembros de la Celac y de representantes de los 27 países de la Unión Europea.

Previo a esa cita, y con la articulación de organizaciones, movimientos sociales y sindicales del continente y de Colombia, se realiza la III Cumbre Social de los Pueblos, instancia de integración y participación de expresiones sociales y civiles. Este encuentro tiene lugar en Santa Marta los días 8 y 9 de noviembre, en continuidad con las ediciones de Buenos Aires (2023) y Tegucigalpa (2024).

Los ejes temáticos de esta III Cumbre Social incluyen:

Nuestra zona de paz: soberanía, derechos humanos, seguridad humana, memoria, territorios de paz, democracia, no intervención extranjera, integración continental en seguridad y defensa, poder popular, solidaridad internacionalista.

Trabajo, migraciones y derechos: trabajo digno, seguridad social universal, sindicalismo, economías populares, libre circulación, ciudadanía regional, antirracismo, participación de mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, ROM y disidencias.

Reforma Agraria integral y soberanía alimentaria: redistribución de la tierra, experiencias territoriales campesinas, agroecología, agricultura urbana.

Justicia ambiental y lucha contra la crisis climática: transición energética justa, soberanía energética, manejo comunitario de bosques.

Lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales y nueva arquitectura financiera del Sur Global: BRICS, tratados vinculantes, libertades sindicales, mecanismos de solución de controversias inversionista–Estado.

Luchas juveniles y estudiantiles y derechos de la niñez.

Feminismos populares y diversidades.

Comunicación, cultura y batalla de ideas: educación, integración cultural, pedagogías populares, inteligencia artificial, software libre, soberanía tecnológica.

Salud, soberanía sanitaria y abordaje integral de las drogas: salud pública, seguridad humana, no criminalización, escuelas de formación deportiva.

El jefe de Estado estará acompañado por Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), entre otros funcionarios del Gobierno del Cambio.