Tras remover 37.022 m³ de tierra y escombros, equivalentes a 2.278 volquetadas de material, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó al área de interés forense en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13, correspondiente al periodo 2001 – 2004. Durante estos años se registró el mayor número de desapariciones forzadas en este sector al occidente de Medellín.
En esta montaña artificial, formada por el depósito de miles de toneladas de escombros acumulados por más de 20 años, los equipos forenses excavaron hasta 15 metros de profundidad, para recuperar los hallazgos forenses. Las valoraciones preliminares indican que las estructuras óseas corresponden, al menos, a cuatro personas, entre ellas, una mujer joven
Todas las víctimas presentan signos de violencia peri mortem, es decir, como causa de muerte, y lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente tiros de gracia. En la escena, además, los peritos forenses han encontrado objetos asociados que permitirán identificar a las personas y determinar las causas y circunstancias de su muerte, así como a los responsables.
Estas acciones, fundamentales en la búsqueda de verdad, justicia y restauración del daño causado a las víctimas del conflicto, se desarrollan en el marco de las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en 2020, con el objetivo de proteger zonas de interés forense en las que se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. Desde que los familiares de las víctimas comenzaron a denunciar los crímenes en 2001, es la primera vez que se recuperan cuerpos en este sitio.
El proceso forense que se desarrolla en La Escombrera corresponde al trabajo realizado en una escena del crimen. Al menos dos de las personas fueron enterradas en el mismo lugar donde fueron asesinadas, lo que confirma que La Escombrera no solo fue un sitio destinado a la desaparición, sino también un lugar de ejecución. En al menos uno de los casos, existe evidencia suficiente para afirmar que la víctima fue reducida a un estado de total indefensión y sometida a malos tratos, sin descartar la comisión de torturas.
«Para la magistratura de la JEP, sugerir que fueron las propias familias quienes enterraron a sus seres queridos en La Escombrera es desconocer y negar la magnitud del sufrimiento que han atravesado por décadas. Es también menospreciar la incansable lucha que las ha mantenido firmes en su búsqueda de la verdad. Es ignorar el trabajo de investigación judicial que desarrolla la Jurisdicción y que en su momento realizó la Fiscalía General de la Nación. Es desestimar los estudios de los equipos técnicos y forenses, los aportes de quienes cometieron estos graves crímenes y los testimonios de las víctimas. Por eso, desde la magistratura hacemos un llamado a abordar las diferencias con el rigor que requiere un tema tan complejo y delicado como la búsqueda de los desaparecidos y el sufrimiento indecible de sus familias. , señaló la JEP.
En la Comuna 13 de Medellín, la Unidad de Búsqueda ha registrado a 502 personas dadas por desaparecidas. Para acelerar el proceso de identificación de los hallazgos óseos, es crucial que quienes aún no hayan aportado muestras de ADN de sus familiares desaparecidos en esta zona del país lo hagan. La JEP y la UBPD invitan a estas personas a acercarse a cualquiera de las sedes de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas a nivel nacional o a comunicarse a la línea 018000-117175 para realizar la toma de muestras biológicas.
A la fecha, el proceso de identificación avanza de manera significativa en dos casos, ya que se logró obtener el perfil genético de las víctimas, lo que ofrece buenas probabilidades de dar pronto con su identidad. En los otros dos cuerpos, las estructuras óseas están completas en un 85%, lo que permite prever que también podrán ser identificadas.
* Un logro de las familias buscadoras *
Los hallazgos alcanzados por la JEP y la UBPD son posibles gracias a la lucha y resistencia de madres, padres, esposas, hijos y de las organizaciones de víctimas de la Comuna 13. Han sido precisamente los familiares de las víctimas quienes, durante décadas, solicitaron la intervención del Estado, insistiendo en que este lugar fue escenario de desapariciones forzadas en los años 2000, periodo de agudización del conflicto armado en Medellín.
En este proceso, las familias buscadoras han sido parte activa en la intervención. Desde el inicio de la intervención, en julio de 2024, se turnan para ir a La Escombrera, de lunes a viernes, de 8.30 a.m. a 5.00 p.m. Allí, observan la intervención forense, realizan veeduría y al final del día reciben informes de los equipos forenses, acompañados de un equipo psicosocial. También tienen la oportunidad de hacer preguntas sobre los hallazgos y del plan de trabajo, que luego registran minuciosamente en una bitácora para no perder de vista ningún detalle. Durante la jornada, continúan con actividades y planes para exigir justicia y verdad.
Precisamente, en el marco del trámite judicial, la JEP escuchó a las víctimas, atendiendo sus preocupaciones sobre seguridad, estigmatización, y vulneraciones a su libertad de expresión y derecho a la memoria. “Una de las cosas más importantes aquí es que logramos unir a las entidades para que trabajaran por nuestras familias, para traer la maquinaria, para que buscaran», expresó Luz Elena Galeano, quien lleva 16 años sin saber nada de su esposo, Luis Javier Laverde, desaparecido el 9 de diciembre de 2008 en el sector Belencito, en la Comuna 13 de Medellín.
La intervención en La Escombrera
La Escombrera es un sitio de interés forense para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas porque múltiples pruebas indican que en este lugar los actores armados inhumaron a víctimas del conflicto. La localización, excavación y recuperación de los cuerpos en esta zona ha representado una lucha social, política y jurídica para las víctimas, mientras que para las instituciones ha sido un desafío debido a la complejidad del escenario, que supera los métodos tradicionales de intervención forense.
Desde 2019, la JEP ha llevado a cabo un minucioso trabajo de recopilación de documentos, testimonios y expedientes con el objetivo de determinar los lugares en los que las víctimas habrían sido inhumadas irregularmente. En 2020, tras analizar los informes de víctimas, la justicia ordinaria, la jurisdicción de Justicia y Paz y otros documentos, la Jurisdicción concluyó que la verdad judicial indica que existen pruebas suficientes para considerar que en La Escombrera fueron enterradas personas, principalmente de la Comuna 13 y, posiblemente, de otros sectores.
Con base en la información judicial existente, los tres polígonos definidos por la Fiscalía General de la Nación, las inspecciones judiciales in situ, la magistratura de Justicia y Paz de Medellín, los testimonios recabados, la opinión de expertos y las inquietudes de las víctimas, la Sección, con el apoyo de la UBPD, ordenó estudios geológicos, topográficos, geográficos y la utilización de imágenes satelitales y aerofotografía para delimitar el área de búsqueda. Como resultado, se descartaron otras zonas, como el polígono número 1, en el cual la Fiscalía había realizado tareas de búsqueda sin éxito durante tres meses en 2015.
A partir de esta decisión judicial, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas elaboró un Plan de Intervención Técnico Forense, en articulación con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Este ejercicio permitió la delimitación del actual polígono de búsqueda, con una extensión de 6.800 metros cuadrados.
