Autor: burbuja

• Con un mes al frente de la máxima autoridad de tierras de la nación, Lina María Garrido encontró que la pasada administración solamente entregó 99.477 hectáreas con título de propiedad, frente a una meta establecida de 1,5 millones de hectáreas.

• Asimismo, llamó la atención porque de 3,9 millones de hectáreas proyectadas, la pasada administración solo logró formalizar poco más de 1.600.000 (el 41,1 % de cumplimiento).

• Aseguró que su gestión está centrada en pasar de las promesas y los incumplimientos a resultados concretos para el campo de la Patria Milagro.

En el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura (CONSA), liderado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, la directora general de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, Lina María Garrido, cuestionó los resultados de la pasada administración en materia de acceso y formalización de tierras y aseguró que la entidad entra en una nueva etapa: pasar de las promesas y los incumplimientos a resultados concretos para el campo de la Patria Milagro.

En sus primeras cuatro semanas al frente de la Agencia, Garrido encontró que se habían entregado únicamente 99.477 hectáreas con título de propiedad, frente a una meta establecida de 1,5 millones de hectáreas. Es decir, solo el 6,6 % de la meta, dejando pendiente el 93,4 %.

En materia de formalización de tierras, el resultado también estuvo lejos de la meta: de los 3,9 millones de hectáreas proyectadas, la pasada administración solo logró formalizar 1.603.166, equivalente al 41,1 % de cumplimiento. El 58,9 % de la meta no fue alcanzado.

“Adicionalmente, se gastaron 7 billones de pesos en compra de tierras y contratación de servicios. De ese monto, 5.1 billones de pesos en compra de tierras. Solo en 2024 se gastaron 3.1 billones de pesos, equivalentes al 61 por ciento del presupuesto que tuvieron en el periodo. Además, 1 billón de pesos fue utilizado para la compra de tierras destinadas a comunidades indígenas, sin que la mayor parte llegara realmente a la población beneficiada”, fue enfática la directora Lina María.

Calificó como aberrante que durante los cuatro años de la anterior administración se suscribieron cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios, lo que le costó a los colombianos $1.6 billones.

El gobierno Duque terminó con 1.400 contratistas en la entidad. En 2025, durante el gobierno Petro, la ANT llegó a tener 11.643 contratistas, y este año, hasta agosto, había contratados 9.400.

Durante la sesión del CONSA, al que asistieron viceministros, directores y gerentes de entidades del sector, secretarios de agricultura de 24 departamentos, que fueron escuchados por los altos funcionarios, y demás actores vinculados al campo colombiano, la directora Garrido explicó que la Agencia concentra su gestión en cuatro objetivos.

El primero de ellos es gestionar el acceso a la tierra como factor productivo; el segundo se centra en lograr la seguridad jurídica para los predios, luego está promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y, finalmente, disponer de los predios rurales de propiedad de la nación.

La directora detalló la ruta que sigue la ANT para transformar la tierra en oportunidades y desarrollo rural, la cual parte de la identificación de fuentes de tierra, continúa con la nutrición del Fondo de Tierras, la administración, identificación y depuración de predios, la asignación de derechos y la entrega de tierras, hasta llegar a la titulación y su debido registro.

“Vamos a implementar 200 planes de ordenamiento social de la propiedad rural que están formulados y quedaron rezagados en la administración anterior, no les pusieron recursos ni atención. Lo que se ha visto como la visión de la Agencia Nacional de Tierras a 2030, con la proyección del 100 por ciento de la política de ordenamiento social, hoy no alcanza el 15 por ciento. Hacia ese fin vamos a encaminar nuestros esfuerzos”, aseguró la directora general de la Agencia Nacional de Tierras.

Finalmente, desde Mosquera, Cundinamarca, la directora Lina María dejó claro el compromiso de articular su gestión con las demás entidades del sector agropecuario, en función de garantizar el acceso a la tierra y la seguridad jurídica para el campo colombiano.

Los llamados “carros cazafotomultas” no podrán utilizarse para imponer comparendos sin la presencia de un agente de tránsito cuando sean empleados como apoyo al control en vía.

Así lo establece la resolución no. 20263040036655, expedida por el Ministerio de Transporte, que deroga la Circular 867 del 24 de diciembre de 2025 y precisa las condiciones para el uso de vehículos equipados con cámaras y otros dispositivos electrónicos.

Hemos tomado estas acciones siguiendo la instrucción que nos dio el presidente Abelardo De La Espriella de ponerle freno a los abusos asociados al uso de los ‘carros cazafotomultas’. El Presidente ha sido claro: las fotomultas deben servir para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

La ministra Noguera insistió en que el control de tránsito debe ser preventivo, visible y cumplir su propósito de proteger la vida.

“Cuando un vehículo se esconde para tomar una fotografía sin que el conductor lo vea, no está logrando que reduzca la velocidad ni evitando un riesgo en la vía. La tecnología debe ayudar a prevenir, no simplemente a sancionar”, señaló.

La Circular 867 de 2025 estableció requisitos que no estaban previstos en la ley y terminó confundiendo dos figuras distintas: las cámaras

automáticas de fotodetección y los dispositivos tecnológicos utilizados como apoyo a los agentes de tránsito.

En la práctica, esta situación permitió que vehículos equipados con cámaras fueran utilizados para detectar infracciones y generar posteriormente comparendos, sin contar con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) exigida para los sistemas de fotodetección.

La nueva resolución corrige esta situación y establece una regla sencilla: Si el dispositivo se utiliza como apoyo al control en vía, debe estar presente, visible e identificado un agente de tránsito que opere directamente el equipo y expida el comparendo.

Si la cámara opera de manera automática, sin la presencia del agente, y el comparendo se genera posteriormente, deberá contar con autorización previa de la ANSV y cumplir las condiciones exigidas para los sistemas de fotodetección.

Entre estos requisitos se encuentran la justificación técnica, la operación en un punto autorizado y la señalización visible, además de las demás condiciones establecidas en la normativa vigente.

Estricto control sobre el cumplimiento

El Ministerio de Transporte instruyó al SIMIT para que no registre las órdenes de comparendo generadas mediante estos vehículos cuando no se cumplan las condiciones establecidas para su utilización.

A su vez, la Superintendencia de Transporte vigilará el cumplimiento de la medida e investigará a las autoridades de tránsito que utilicen estos sistemas de manera irregular.

La decisión no elimina ni afecta las cámaras de fotodetección que operan legalmente. Lo que hace es establecer una línea clara entre el uso legítimo de la tecnología para mejorar la seguridad vial y aquellas prácticas que pueden convertir el control de tránsito en un mecanismo de recaudo.

“Con esta decisión estamos poniendo orden en las vías: la tecnología debe estar al servicio de la seguridad de los colombianos y el control de tránsito debe cumplir su verdadero propósito: prevenir accidentes y salvar vidas”, concluyó la ministra.

Cifras y Conceptos presentó los resultados del Panel de Opinión, realizado entre el 1 de junio y el 12 de agosto del presente año. El estudio consultó a líderes de opinión en Colombia, logrando la participación de 1424 personas en ámbitos como el Congreso, concejos, academia, juntas directivas de Cámaras de Comercio y medios de comunicación.

Uno de los resultados más llamativos del estudio es la crisis de confianza en la Presidencia de la República, que obtuvo solo un 44% de respaldo, situándose por debajo del Congreso, que alcanzó un 48%.

La Procuraduría General de la Nación fue otras de las entidades peor calificadas con 54% y el Consejo Nacional Electoral con el mismo porcentaje, 54%.

El Banco de la República fue la entidad con más apoyo entre los colombianos con una calificación de 80%, seguida por la Registraduría Nacional del Estado Civil con 78% y la Corte Constitucional con 77%.

El cortometraje Jemené (ritual que hacen los indígenas cuando se desarrolla una mujer) dirigido por la realizadora embera Ernira Bailarín y producido por Miguel Martín, recibió una Mención de Honor en la Muestra de Cortos durante la edición número 30 del Festival Audiovisual de Florianópolis (FAM 2026), efectuado entre el 3 y el 9 de septiembre en Brasil.

La película fue realizada en Tierralta, es hablada en Embera Bedea y llevó a uno de los principales escenarios del audiovisual latinoamericano una historia construida desde las voces, las experiencias y la mirada propia de una mujer embera.

El reconocimiento representa un gran paso para “La Cotorrita del Sinú”, cineclub y proceso de comunicación popular y audiovisual que durante años ha construido audiencias, desarrollado procesos de formación en lenguaje audiovisual y producción de contenidos con niños, niñas y jóvenes en Tierralta.

La participación de Jemené en el FAM fortalece su apuesta por consolidar una producción audiovisual propia desde Córdoba y ampliar su circulación nacional e internacional.

“Para mí fue muy especial que mi primer viaje internacional coincidiera con el 5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres y Niñas Indígenas. Llegar hasta Brasil con esta película fue una oportunidad para representar con orgullo nuestras raíces, nuestra cultura y la historia de nuestros pueblos indígenas”, expresó Ernira Bailarín.

Durante su participación en el festival, Jemené recibió comentarios positivos de realizadores, espectadores y actores del sector audiovisual.

Su exhibición despertó además interés por conocer los procesos que se desarrollan en Córdoba y abrió conversaciones con cineastas latinoamericanos sobre posibles intercambios, articulaciones y futuras coproducciones.

Este reconocimiento confirma que las historias de estos territorios pueden dialogar en escenarios internacionales. Ahora el reto es abrir caminos para muchas más historias hechas en el Alto Sinú y en Córdoba”, expresó Miguel Martín.

El paso por Florianópolis abre ahora una nueva etapa para Jemené, con su circulación por festivales y espacios culturales, y plantea el desafío de seguir fortaleciendo las capacidades audiovisuales locales. Ernira Bailarín, Miguel Martín y La Cotorrita del Sinú continuarán apostándole a la formación de nuevas generaciones y a la creación de historias desde el Alto Sinú y Córdoba.

La Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación de cargos contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por su presunta vinculación a una red de corrupción que habría direccionado contratos públicos por un valor superior a los $17.600 millones.

La investigación del ente acusador se centra en seis convenios interadministrativos suscritos entre los años 2020 y 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Aunque los recursos estaban destinados legalmente a la gestión del riesgo, la atención de emergencias y el fortalecimiento operativo de los organismos de socorro en la región, la Fiscalía sostiene que el proceso contractual fue manipulado.

Durante la diligencia judicial, los fiscales del caso identificaron a Miguel Quintero como el presunto articulador de la estructura ilegal. La hipótesis central de la investigación indica que Quintero habría ideado y ejecutado la estrategia para direccionar los pliegos hacia contratistas específicos, con el objetivo de obtener réditos económicos particulares.

Por estos hechos, la representación del organismo de control le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Dentro de la revelación de las pruebas, la Fiscalía enfatizó en la existencia de un detrimento patrimonial considerable, señalando que aproximadamente $2.481 millones de los fondos públicos asignados habrían sido desviados directamente hacia las arcas de uno de los involucrados en el esquema de contratación.