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Política Nación

“Tendremos la capacidad de producir nuestro armamento”: MinDefensa ante orden del Pdte Petro.

El Gobierno colombiano dejará de comprar armamento a Estados Unidos por orden del presidente Gustavo Petro, luego de que la administración de Donald Trump descertificara a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. La decisión fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que el país ahora producirá su propio armamento.

En declaraciones a RTVC, el ministro Sánchez afirmó que las fuerzas colombianas buscarán “avanzar de tal manera que tengamos la capacidad de tener nuestro propio armamento para proteger a nuestros colombianos”. El presidente Petro había anticipado esta medida al señalar que «a Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con sus recursos porque, si no, no será un Ejército de la soberanía familiar».

La Casa Blanca justificó la descertificación argumentando que Colombia «ha fallado de manera demostrable» en el último año en sus obligaciones internacionales. Según un balance de Naciones Unidas citado por Washington, los cultivos de coca en el país han llegado a las 253.000 hectáreas, con una producción que supera las 2.600 toneladas de cocaína anuales.

La decisión de Trump ha sido calificada como «estrictamente política» por algunos analistas, quienes señalan que no se han tomado medidas similares contra otros países con un significativo aporte al tráfico de cocaína, como Ecuador, donde se ha incautado el 30% de la droga en contenedores de carga a nivel mundial, según la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

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Política Internacional

Petro otorga nacionalidad colombiana a Jorge Glass, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le otorgó la nacionalidad colombiana a Jorge Glass, exvicepresidente de Ecuador, quien actualmente cumple una condena de ocho años de prisión por corrupción en su país.

La noticia fue anunciada por el propio Petro a través de un mensaje en la red social X, donde compartió un documento oficial con la firma de la cónsul de Colombia en Quito. En el texto, con fecha del 16 de septiembre, se certifica que Glass juró lealtad a la Constitución colombiana y recibió la carta de naturaleza que lo convierte en ciudadano colombiano.

La decisión se basó en la Ley 2332 de 2023. Tras la naturalización, el presidente Petro le solicitó formalmente a Ecuador que entregue a Glass a Colombia, en un gesto que, según él, busca la «paz de las naciones latinoamericanas».

La solicitud podría enfrentar obstáculos, ya que Glass cumple una condena de ocho años por el escándalo de corrupción de Odebrecht y por el ‘Caso Sobornos’. La naturalización ha generado un intenso debate sobre las implicaciones legales y diplomáticas entre ambos países.

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Boletines

Minerales Córdoba publica su primer Reporte de Sostenibilidad 2024 y refuerza su compromiso con el futuro sostenible de la región.

La sostenibilidad se consolida como pilar fundamental del Proyecto de cobre El Alacrán con la publicación del primer Reporte de Sostenibilidad 2024, un documento que refleja los logros sociales, ambientales y de gobernanza alcanzados durante el año anterior. El informe, elaborado con base en los lineamientos de la Global Reporting Initiative (GRI), destaca entre sus principales hitos:

La inversión social voluntaria, que registró más de 7.500 participaciones en 15 comunidades del área de influencia y vecinas, a través de programas de salud, educación, deporte, cultura, infraestructura y generación de ingresos.
El fortalecimiento de la inclusión laboral, con una participación de 56% destacada en roles estratégicos de liderazgo.

Cero accidentes y fatalidades laborales, reflejando la consolidación de una cultura de prevención y cuidado mutuo.
El inicio del Plan de Acción para el Reasentamiento (PAR) de la comunidad El Alacrán, en línea con los lineamientos de la IFC, y la instauración de un Comité Ampliado de Reasentamiento para garantizar un proceso participativo y transparente.

La consolidación de alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y sociales que amplificaron el impacto positivo de los programas en salud, educación, empleo y cultura en el sur de Córdoba.

De forma complementaria, hace unos días la compañía concluyó con éxito la autoevaluación frente a las Normas de Desempeño de la IFC, con el acompañamiento de Embellie Advisory. Este ejercicio permitió identificar avances y oportunidades de mejora en aspectos clave como eficiencia de recursos, gestión de riesgos, biodiversidad, equidad, inclusión laboral y relacionamiento comunitario.

“La sostenibilidad es un pilar fundamental del desarrollo de nuestro proyecto. Este primer reporte y la reciente autoevaluación frente a los estándares de IFC confirman nuestro compromiso con la construcción de un futuro responsable desde la etapa de preconstrucción, alineando nuestras políticas con las mejores prácticas internacionales”, destacó Sarah Armstrong-Montoya, CEO y Presidente de Cordoba Minerals Corp.

Con estas acciones, Minerales Córdoba reafirma su compromiso de seguir construyendo confianza con comunidades, autoridades e inversionistas, al tiempo que consolida al Proyecto El Alacrán como un referente de desarrollo sostenible, con impacto regional y relevancia nacional para Colombia.

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Boletines

Avanza campaña Dignidad Mayor: 3,1 millones de personas mayores recibirán 230.000 pesos mensuales.

· El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que la entidad busca a adultos mayores que nunca accedieron a una pensión y que hoy, gracias a la iniciativa del presidente Gustavo Petro, pueden ser parte del Pilar Solidario.
· Prosperidad Social realizará la inscripción directa, sin intermediarios, para que millones de personas mayores accedan a este derecho.

Prosperidad Social avanza en la búsqueda de mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en Huila, como parte de la campaña Dignidad Mayor, para entregar una renta básica solidaria o bono pensional de 230.000 pesos mensuales.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, dijo: “Buscamos a los abuelos y abuelas de Colombia que nunca accedieron a una pensión y que hoy, gracias a la iniciativa del presidente Petro, pueden ser parte del Pilar Solidario y empezar a recibir la renta básica solidaria, que este año comienza en 230.000 pesos”.

Rodríguez invitó a la población a sumarse a esta campaña, para que miles de adultos mayores cuenten con los recursos para garantizar las condiciones mínimas de dignidad en su vejez: “Si conoce a una persona mayor, mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65, en condición de pobreza o vulnerabilidad, inscríbala”.

Prosperidad Social realizará la inscripción directa, sin intermediarios, para que millones de adultos mayores accedan a este derecho. Esto se llama dignidad mayor.

Requisitos para inscribirse

· Personas mayores sin pensión.
· Hombres a partir de los 65 años y mujeres desde los 60 años.
· Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, que no tengan pensión.
· Campesinos.
2 / 2
· Indígenas, raizales, negros, afrocolombianos y rom.
· Cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos.
· Colombianos: acreditar residencia en el territorio colombiano mínimo de diez años al momento de la inscripción.

Inscripción en un solo paso

· Virtual: entrar a la página web de Prosperidad Social e ingresar los datos en el formulario: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433.

· Presencial: dirigirse a la oficina de la gerencia regional de Prosperidad Social en su departamento, en las ferias de servicios o en las brigadas móviles de la entidad, con su documento de identidad.

Estos procesos, administrados por Prosperidad Social, que custodia la información a través del Sistema de Información de Colombia Mayor, son gratuitos y no requieren ningún tipo de intermediación.

Para quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera no es necesario realizar ninguno de estos procesos, porque quienes cumplan los requisitos pasarán automáticamente al Pilar Solidario.

Canales de atención

· Página web: prosperidadsocial.gov.co
· Línea WhatsApp: 3188067329.
· Línea nacional: 6013791088.
· Línea gratuita nacional desde teléfono fijo: 01 8000 951100

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Capturan a alias “Santucho”, presunto sicario del Clan del Golfo, por intento de homicidio de infante de marina.

El individuo, con un extenso historial delictivo que incluye extorsión y financiación del terrorismo, era buscado por la justicia.

En vía pública de Montería fue capturado por personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Lorica con poyo de la Infantería de Marina, alias “Santucho”, un integrante activo del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, específicamente de la subestructura ‘Javier Yepes Cantero’.

Alias “Santucho”, era requerido con orden de captura vigente por el Juzgado Primero con función de Control de Garantías Penal Ambulante de Montería, por su presunta responsabilidad en los delitos de Homicidio Agravado en Grado de Tentativa y Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego y Municiones,

De acuerdo con las investigaciones, alias “Santucho” cumplía funciones de sicario para esta organización criminal, operando en una zona que abarca los municipios de Lorica, San Antero, Sahagún, Chinú, Purísima y Momil.

Asimismo, lo señalan como presunto autor material del intento de homicidio contra un suboficial de Infantería de Marina, ocurrido el 26 de abril de 2025 en el corregimiento El Porvenir de San Antero. Durante el ataque, el uniformado resultó con una herida de arma de fuego en el brazo derecho.

Alias “Santucho” presenta un extenso historial delictivo, con anotaciones en el SPOA por los delitos de Concierto para Delinquir Agravado (por financiación del terrorismo y administración de recursos de grupos delictivos organizados en 2025), Extorsión (2013) y Violencia Intrafamiliar (con anotaciones en 2015, 2017 y 2018).
Durante 2025, alias “Santucho”, habría estado activo dentro de la estructura criminal durante los homicidios selectivos dirigidos contra integrantes de la fuerza pública, conocidos como “Plan Pistola.”

Se le imputan los delitos de Homicidio Agravado en Grado de Tentativa y Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego y Municiones, tipificados en los artículos 103, 104 inciso 7 y 365 del Código Penal Colombiano. Fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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Política Nación

“los que ayer eran ateos y en campañas son profundamente creyentes, los que denigran del pueblo y hasta del ajiaco y hoy son salvadores. Todo eso es deleznable, politiquero y populista” Vicky Dávila.

No para la arremetida de Vicky Dávila contra Abelardo De La Espriella.
Con la tesis de que “el enemigo es Petro”, el mismo Abelardo de la Espriella, y simpatizantes de la derecha han tratado de bajarle el volumen a la arremetida de la candidata presidencial Vicky Dávila, contra el también candidato Abelardo De La Espriella.
La Estrategia no está funcionando, mientras la periodista candidata le sigue apuntando a De La Espriella: “Creen que un cobarde que firmó un acuerdo de colaboración con la justicia de Estados Unidos, para evitar que lo metan preso, y entregó a Alex Saab, tiene ética” señaló en su cuenta de X Vicky Dávila.
“El enemigo no solo es Petro, son los corruptos, los criminales, los laxos éticos y los antiéticos, los que no tienen valores. Los que le ponen precio a todo y a todos. Las mafias. Los camaleones y mucho más. Ah y los que se disfrazan para ganar adeptos…los que ayer eran ateos y en campañas son profundamente creyentes, los que denigran del pueblo y hasta del ajiaco y hoy son salvadores. Todo eso es deleznable, politiquero y populista.
Yo no voy a ayudar a que este gobierno corrupto de extrema izquierda sea reemplazado por otro gobierno corrupto y sin ética solo porque es de derecha. Yo solo me uniré con políticos decentes y con los ciudadanos de a pie. Colombia así será diferente” señaló Vicky Dávila.

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Política Nación

‘La certificación no debe ser instrumento de dominación y poder’: presidente Petro.

El jefe de Estado se volvió a pronunciar este martes 16 sobre la decisión del Gobierno de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. En su cuenta de X publicó una serie de mensajes, entre los cuales se destaca una gráfica en la que se observa una tendencia creciente de los cultivos de hoja de coca en el país desde 2013.

“Esta es la tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca, según Naciones Unidas. La tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca arranca desde el 2013. No se debe a mi Gobierno”, escribió el mandatario.

En el mensaje, el presidente relaciona el aumento del área sembrada de hoja de coca con el aumento del consumo de drogas.

“La razón del crecimiento de estos cultivos, como en toda mercancía, se debe al incremento del consumo en el mundo, especialmente en Europa, mientras se mantienen los niveles de consumo en EE.UU.”, manifestó.

En este contexto, el presidente afirmó que “la certificación no debe ser un instrumento de dominación y poder” y reiteró que el mundo necesita cambiar su política antidrogas porque esta ha fracasado.

“Lo único que ha cambiado es que vamos en el mundo de peor en peor. Los EE.UU. detuvieron el crecimiento del consumo de cocaína porque se pasaron en masa al consumo de fentanilo,30 veces más mortal que la cocaína”, puntualizó.

Minutos antes, en la misma cuenta de X, publicó otro mensaje sobre el tema: “EE.UU. participa en la política interna de Colombia; quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá si quiere un presidente títere como el que vendió a Panamá, o quiere una nación libre o soberana”.

Asimismo, en otro mensaje se refirió a las declaraciones a medios de comunicación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en las que señala que el mandatario colombiano no ha sido un buen socio en la lucha contra las drogas.

“Señala que no he sido un bien socio en la lucha, cuando arriesgué mi vida personal y familiar en la lucha contra las relaciones del paramilitarismo narcotraficante y el poder político”, afirmó el presidente.

‘No voy a arrodillar a la nación’

En la misma línea, agregó que “Estados Unidos está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad”.

Finalmente, el presidente enfatizó: “yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee a campesinos. No somos cipayos ni súbditos”.

La noche del lunes, al conocer la decisión del Gobierno estadounidense, el mandatario fue enfático al anunciar que con la descertificación se acaba la dependencia de Colombia hacia Estados Unidos.

“Es la política de los EE.UU. la que ha fallado. Para que disminuyan los cultivos de hoja de coca lo que se necesita no es glifosato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda de cocaína de EE.UU. y Europa”, dijo el presidente durante el consejo de ministros televisado.

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Política Nación

Cultivos de coca no se reducen tirando glifosato desde aviones, sino disminuyendo la demanda de cocaína de EE. UU. y Europa: Presidente Petro sobre descertificación.

El presidente Gustavo Petro dio a conocer durante el Consejo de Ministros de este lunes en la Casa de Nariño que Estados Unidos descertificó a Colombia en su lucha antidrogas.

El Departamento de Estado de EE. UU., a través de una nota de prensa, informó dentro que dentro de la ‘Determinación Presidencial sobre Países de Tránsito Importante de Drogas o de Producción Importante de Drogas Ilícitas para el Año Fiscal 2026’ incluyó a Colombia junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela “como países que no han demostrado, durante los últimos 12 meses, haber cumplido de manera fehaciente con sus obligaciones bajo acuerdos internacionales de lucha contra las drogas».

Sin embargo, en esa publicación el Departamento de Estado reconoce que “la asistencia de Estados Unidos a Colombia es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos».

Tras conocer la decisión del gobierno de Donald Trump, el mandatario fue enfático al anunciar que con la descertificación se acaba la dependencia de Colombia hacia los Estados Unidos.

“Ustedes comienzan por una mentira fáctica. Los crecimientos de cultivos de coca se presentan en el gobierno de (Iván) Duque, y con fumigación forzada. Es la política de los EE. UU. la que ha fallado. Para que disminuyan los cultivos de hoja de coca lo que se necesita no es glifosato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda de cocaína fundamentalmente de EE. UU. y Europa», respondió el presidente Petro al Departamento de Estado.

De hecho, hace dos semanas, ante un auditorio en la XXXIX Conferencia Internacional para el Control de Drogas (Idec), celebrada en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, explicó que en el primer semestre de 2025 van 600 toneladas incautadas. Es decir, 20 % más a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

En acciones similares, en el 2024 se incautaron 889 toneladas, según el general Triana, una cifra histórica, la mayor alcanzada por el país en un año y una de las más grandes reportadas en el mundo.

Ese logro, destacó el oficial, se debe al trabajo diario de 186 mil policías y de más de 300 mil efectivos de las Fuerzas Militares en selvas, montañas, mares, ríos, carreteras, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos en el territorio nacional. El general Triana lamentó que en la lucha contra el narcotráfico en Colombia han perdido la vida 107 miembros de la fuerza pública muertos en 2024, entre ellos, 79 policías.

Es por eso que, en entrevista al periódico estadounidense The New York Times, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con cifras defendió los esfuerzos de Colombia en la lucha contra las drogas: dijo que entre enero y septiembre de 2025, frente al mismo lapso del año pasado, las incautaciones de cocaína aumentaron 8%, la destrucción de laboratorios clandestinos de drogas 21%, y fueron abatidos 3.200 miembros de ilegales que representan 17% más que el año pasado. Eso, sin contar los asesinatos de soldados y policías en operaciones antidroga.

“Nosotros consideramos que hemos hecho todo lo necesario y todo lo que está al alcance», dijo el ministro Sánchez a NYT, y agregó: “Si hay alguien que tenga una voluntad férrea para combatir el narcotráfico es Colombia».

En la misma publicación, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, había afirmado que “una hipotética descertificación sería muy injusta, perjudicaría definitivamente a Colombia, perjudicaría también a Estados Unidos y, en definitiva, solo beneficiaría a los narcotraficantes».

‘La desertificación es ilegal, política y ​​regresiva’
El expresidente Ernesto Samper coincidió con el presidente Petro, y en un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, recordó que Colombia ya pasó por una descertificación y “puedo asegurar que no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro».

El exmandatario agregó que “de volver a exigir a los países consumidores como Estados Unidos y muchos de Europa que cumplan su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes, precisamente en momentos en que ha bajado el consumo de drogas de origen vegetal y se están sintiendo los efectos devastadores de drogas sintéticas como el fentanilo y otros estupefacientes que no producimos».

Afirmó que la decisión de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas “es ilegal, política y regresiva». Explicó que es “ilegal porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país o a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad» y es política “porque siempre ha sido utilizada para castigar a países que se consideran “enemigos» de Estados Unidos. Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vidas e institucionales, la descertifican cada vez que el gobierno de Colombia aparece como “enemigo» del gobierno de Estados Unidos».

Y finalmente, anotó Samper, que la descertificación es regresiva en términos sociales y humanitarios “porque hace recaer sobre los sectores más vulnerables de la cadena de las drogas, como los campesinos y los indígenas, una sanción que debería comenzar por el control de sus propios mercados que es donde se generan y quedan las grandes utilidades del narcotráfico. Esta decisión coincide con la finalización de los programas de USAID en Colombia que apoyaban iniciativas como la sustitución social y voluntaria de cultivos ilícitos en manos de miles de campesinos, política que debería impulsarse con mayor vigor», puntualizó.

La nueva política antidrogas ​del gobierno Petro
La nueva política antidrogas del presidente Petro, anunciada el 3 de octubre de 2023, en El Tambo (Cauca), divide las acciones del Estado en dos partes: la lucha contra el negocio del narcotráfico y oxígeno para las comunidades productoras de la hoja de coca, impulsando la transformación del territorio para sustituir las economías ilegales por legales.

La nueva estrategia, que avanza en su implementación en zonas como el Catatumbo y el Cañón del Micay, se compone de dos pilares, denominados Oxígeno y Asfixia, con objetivos distintos, aunque complementarios, lo que le brinda a la política el espíritu de integralidad e innovación frente al modelo exclusivamente prohibicionista y represivo que ha caracterizado a la guerra antidrogas vigente desde 1971.

Es una visión diferente porque no es solo la guerra, sino atacar de fondo las razones sociales y económicas que sirven para la incidencia del narcotráfico.

De acuerdo con Gloria Miranda Espitia, al frente de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, los programas de gobierno anteriores eran netamente de sustitución de cultivos “se enfocaban en su gran mayoría en cambiar una mata por otra mata».

En entrevista con el periódico VIDA de Presidencia de la República explicó que el modelo implementado por este Gobierno se basa más en “la sustitución de economías ilícitas, es decir, apoyar al campesino desde la producción hasta la comercialización. La segunda diferencia es que no queremos que el campesino se quede únicamente en la producción de materia prima, sino que trascienda a productos con valor agregado».

Miranda, quien dijo que la meta para el 2025 es llegar a 20.000 hectáreas, señaló que también se financia “una infraestructura que permite al campesino esa agregación de valor como las plantas de transformación de beneficiaderos, secaderos y centros de acopio, entre otros. Y lo tercero, estamos insertando la sustitución en el contexto de la transformación de territorios».

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La Corte Constitucional falla a favor de empleada doméstica que pasó 20 años sin recibir afiliación a salud y pensión.

La Corte Constitucional falló a favor de Aura María Urrea, una empleada doméstica de Popayán, tras determinar que su antigua empleadora violó sus derechos al no afiliarla a salud y pensión durante los 20 años que trabajó para ella. La decisión de la Corte ordena a la exempleadora pagar el 50% de un salario mínimo para garantizar la subsistencia de Urrea y su esposo, quien está enfermo.

Aura María Urrea trabajó desde 2002 hasta 2021, de lunes a viernes, y fue despedida de manera injustificada. Según la versión de la mujer, fue enviada a casa como medida de protección por el COVID-19, pero nunca la volvieron a llamar. La mujer, que tiene dificultades para leer y escribir, también fue coaccionada a firmar documentos sin conocer su propósito, lo que posteriormente la empleadora utilizó para justificar la finalización del contrato por mutuo acuerdo.

Aunque la tutela de Urrea había sido negada en dos instancias previas, la Corte Constitucional decidió amparar sus derechos tras encontrar inconsistencias en las pruebas presentadas por la empleadora. La Corte determinó que la carga de la prueba recae sobre el empleador y no se encontró evidencia de que el contrato se haya terminado de forma legítima.

Adicionalmente, la Corte hizo un llamado de atención al consultorio jurídico de la Universidad de Popayán por la deficiente asesoría brindada a la mujer, y lo instó a mejorar la atención a personas vulnerables. Con este fallo, la Corte reitera la importancia de proteger los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, un sector históricamente afectado por la informalidad.

Este caso cobra mayor relevancia a la luz de la reforma laboral de 2025, que establece la obligatoriedad de un contrato escrito para los empleados domésticos y garantiza que, incluso si son internos, su jornada no exceda las ocho horas diarias y que tengan acceso a la seguridad social.

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El presidente Gustavo Petro dio a conocer durante el Consejo de Ministros de este lunes en la Casa de Nariño que Estados Unidos descertificó a Colombia en su lucha antidrogas.

El Departamento de Estado de EE. UU., a través de una nota de prensa, informó dentro que dentro de la ‘Determinación Presidencial sobre Países de Tránsito Importante de Drogas o de Producción Importante de Drogas Ilícitas para el Año Fiscal 2026’ incluyó a Colombia junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela “como países que no han demostrado, durante los últimos 12 meses, haber cumplido de manera fehaciente con sus obligaciones bajo acuerdos internacionales de lucha contra las drogas».

Sin embargo, en esa publicación el Departamento de Estado reconoce que “la asistencia de Estados Unidos a Colombia es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos».

Tras conocer la decisión del gobierno de Donald Trump, el mandatario fue enfático al anunciar que con la descertificación se acaba la dependencia de Colombia hacia los Estados Unidos.

“Ustedes comienzan por una mentira fáctica. Los crecimientos de cultivos de coca se presentan en el gobierno de (Iván) Duque, y con fumigación forzada. Es la política de los EE. UU. la que ha fallado. Para que disminuyan los cultivos de hoja de coca lo que se necesita no es glifosato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda de cocaína fundamentalmente de EE. UU. y Europa», respondió el presidente Petro al Departamento de Estado.

De hecho, hace dos semanas, ante un auditorio en la XXXIX Conferencia Internacional para el Control de Drogas (Idec), celebrada en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, explicó que en el primer semestre de 2025 van 600 toneladas incautadas. Es decir, 20 % más a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

En acciones similares, en el 2024 se incautaron 889 toneladas, según el general Triana, una cifra histórica, la mayor alcanzada por el país en un año y una de las más grandes reportadas en el mundo.

Ese logro, destacó el oficial, se debe al trabajo diario de 186 mil policías y de más de 300 mil efectivos de las Fuerzas Militares en selvas, montañas, mares, ríos, carreteras, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos en el territorio nacional. El general Triana lamentó que en la lucha contra el narcotráfico en Colombia han perdido la vida 107 miembros de la fuerza pública muertos en 2024, entre ellos, 79 policías.

Es por eso que, en entrevista al periódico estadounidense The New York Times, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con cifras defendió los esfuerzos de Colombia en la lucha contra las drogas: dijo que entre enero y septiembre de 2025, frente al mismo lapso del año pasado, las incautaciones de cocaína aumentaron 8%, la destrucción de laboratorios clandestinos de drogas 21%, y fueron abatidos 3.200 miembros de ilegales que representan 17% más que el año pasado. Eso, sin contar los asesinatos de soldados y policías en operaciones antidroga.

“Nosotros consideramos que hemos hecho todo lo necesario y todo lo que está al alcance», dijo el ministro Sánchez a NYT, y agregó: “Si hay alguien que tenga una voluntad férrea para combatir el narcotráfico es Colombia».

En la misma publicación, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, había afirmado que “una hipotética descertificación sería muy injusta, perjudicaría definitivamente a Colombia, perjudicaría también a Estados Unidos y, en definitiva, solo beneficiaría a los narcotraficantes».

‘La desertificación es ilegal, política y ​​regresiva’
El expresidente Ernesto Samper coincidió con el presidente Petro, y en un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, recordó que Colombia ya pasó por una descertificación y “puedo asegurar que no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro».

El exmandatario agregó que “de volver a exigir a los países consumidores como Estados Unidos y muchos de Europa que cumplan su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes, precisamente en momentos en que ha bajado el consumo de drogas de origen vegetal y se están sintiendo los efectos devastadores de drogas sintéticas como el fentanilo y otros estupefacientes que no producimos».

Afirmó que la decisión de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas “es ilegal, política y regresiva». Explicó que es “ilegal porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país o a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad» y es política “porque siempre ha sido utilizada para castigar a países que se consideran “enemigos» de Estados Unidos. Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vidas e institucionales, la descertifican cada vez que el gobierno de Colombia aparece como “enemigo» del gobierno de Estados Unidos».

Y finalmente, anotó Samper, que la descertificación es regresiva en términos sociales y humanitarios “porque hace recaer sobre los sectores más vulnerables de la cadena de las drogas, como los campesinos y los indígenas, una sanción que debería comenzar por el control de sus propios mercados que es donde se generan y quedan las grandes utilidades del narcotráfico. Esta decisión coincide con la finalización de los programas de USAID en Colombia que apoyaban iniciativas como la sustitución social y voluntaria de cultivos ilícitos en manos de miles de campesinos, política que debería impulsarse con mayor vigor», puntualizó.

La nueva política antidrogas ​del gobierno Petro
La nueva política antidrogas del presidente Petro, anunciada el 3 de octubre de 2023, en El Tambo (Cauca), divide las acciones del Estado en dos partes: la lucha contra el negocio del narcotráfico y oxígeno para las comunidades productoras de la hoja de coca, impulsando la transformación del territorio para sustituir las economías ilegales por legales.

La nueva estrategia, que avanza en su implementación en zonas como el Catatumbo y el Cañón del Micay, se compone de dos pilares, denominados Oxígeno y Asfixia, con objetivos distintos, aunque complementarios, lo que le brinda a la política el espíritu de integralidad e innovación frente al modelo exclusivamente prohibicionista y represivo que ha caracterizado a la guerra antidrogas vigente desde 1971.

Es una visión diferente porque no es solo la guerra, sino atacar de fondo las razones sociales y económicas que sirven para la incidencia del narcotráfico.

De acuerdo con Gloria Miranda Espitia, al frente de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, los programas de gobierno anteriores eran netamente de sustitución de cultivos “se enfocaban en su gran mayoría en cambiar una mata por otra mata».

En entrevista con el periódico VIDA de Presidencia de la República explicó que el modelo implementado por este Gobierno se basa más en “la sustitución de economías ilícitas, es decir, apoyar al campesino desde la producción hasta la comercialización. La segunda diferencia es que no queremos que el campesino se quede únicamente en la producción de materia prima, sino que trascienda a productos con valor agregado».

Miranda, quien dijo que la meta para el 2025 es llegar a 20.000 hectáreas, señaló que también se financia “una infraestructura que permite al campesino esa agregación de valor como las plantas de transformación de beneficiaderos, secaderos y centros de acopio, entre otros. Y lo tercero, estamos insertando la sustitución en el contexto de la transformación de territorios».

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