Autor: burbuja

En la Comisión Quinta del Senado y ante la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, el senador, Marcos Daniel Pineda García, presentó los retos que deberían ser prioridad en la agenda ambiental del Gobierno Nacional en los próximos años.

Pineda García manifestó que el primer reto debe ser disminuir la tasa de deforestación, y avanzar de la mano con una agenda de restauración integral de estos ecosistemas degradados.

Como segundo desafío señaló la generación de esquemas de gobernanza participativos que vinculen a las comunidades en las áreas protegidas del país, que hoy en día comprenden un 34% de su territorio, permitiendo también a las comunidades asentadas en estas áreas poder lograr un equilibrio social.

Otra oportunidad de la agenda ambiental es definir una hoja de ruta que busque implementar la ley 2169 de 2021, conocida como Ley de cambio climático, en los ámbitos locales, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios, para una toma de decisiones desde las regiones y no centralizadas.

Así mismo, el parlamentario manifestó su intención de apoyar las iniciativas que buscan reestructurar las CAR del país y convertirlos en entes que aporten a la solución de los problemas ambientales desde las regiones.

Pineda García manifestó que se encuentra en la disposición de hacer equipo para trabajar por los temas de medio ambiente y cambio climático, tal y como lo ha hecho durante su carrera pública. “El medio ambiente es compromiso de todos, no tiene ideologías ni colores políticos”, manifestó durante su intervención en la Comisión Quinta.

#ElSenadorDeLasRegiones

El Presidente de la República, Gustavo Petro, dijo este miércoles que su Gobierno cambiará el concepto de emergencia por la disminución del riesgo para salvar vidas, y agregó que el país debe prepararse desde ya para mitigar las consecuencias de la temporada invernal que se avecina.

El Mandatario hizo la afirmación en el acto de posesión del nuevo Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, en acto que tuvo lugar en las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

En ese contexto, recalcó que es necesario “cambiar la concepción de la emergencia, que es lo que hacemos en el país, hacia la disminución del riesgo. Un concepto completamente diferente. Hay que disminuir el riesgo para salvar vidas, en tiempos del cambio climático”.

Asimismo, el Jefe de Estado manifestó que en el Consejo de Ministros del pasado lunes se dieron instrucciones para actuar desde ya en la disminución del riesgo ante la temporada de lluvias de los próximos meses.

“El Gabinete versó sobre este tema de anunciarle al país que hay que alistarse ya, que hay que hacer los mapas de riesgo ya, con los mapas que ya tiene el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), porque vienen tres meses altamente probables de invierno e inundaciones, crisis que tenemos que preparar de antemano, precisamente, para disminuir el riesgo y afrontar esas realidades del cambio climático en Colombia”.

Por último, el Presidente aseveró: “Habrá que plantear reubicaciones permanentes, las personas no pueden vivir en los sitios de alto riesgo, ni en el campo ni en la ciudad”.

El Presidente de la República, Gustavo Petro, designó este martes a la abogada Martha Lucía Zamora Ávila como Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La abogada Martha Lucía Zamora es nacida en Bogotá y adelantó sus estudios de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Además, desarrolló un posgrado en derecho penal en la Universidad de Salamanca (España).

En el 2018 el Tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz la designó como Secretaria Ejecutiva encargada de ese organismo y Directora Jurídica.

A inicios del 2016 fue designada magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y posteriormente hizo parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Entre los años 2014 y 2015 se desempeñó como Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, siendo Alcalde el actual Presidente Gustavo Petro.

En su amplia trayectoria en el sector público, Martha Lucía Zamora trabajó en el Ministerio de Justicia entre los años 1989 y 1990. Asimismo, en marzo de 1991 fue elegida como Secretaria de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente.

También ejerció como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional y posteriormente ingresó a la Fiscalía General de la Nación, como delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema.

Tras salir de la Fiscalía, en el 2001 se desempeñó como Delegada de la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia.

En el 2012 Zamora fue nombrada Vicefiscal General de la Nación y luego se desempeñó como Fiscal General de la Nación, en calidad de encargada.

Desde 2020 y hasta su designación como Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, venía colaborando como Asesora de la Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Este jueves, el Congreso elegirá al nuevo Contralor General de la República por los próximos 4 años.

La mayoría de los Congresistas consultados, afirman que el nombre de Carlos Hernán Rodríguez genera garantía e independencia para el control fiscal en el país. Quienes lo conocen en el legislativo, ven en la carrera pública de Rodríguez Becerra, el hombre ideal para crear consensos alrededor de la lucha anti-corrupción, la defensa a los recursos de la paz, la independencia del Gobierno, el cambio, la colaboración armónica entre las ramas del poder público, y la garantía de un proceso en el que se va a elegir al mejor calificado.

Rodríguez Becerra, cuenta con los méritos y los conocimientos técnicos que lo acreditan como el más calificado para desempeñarse como el nuevo Contralor General de la República. Aun así, llamó la atención de varios Congresistas, que hubiese sido excluido de la lista inicial, y que dos sentencias judiciales ordenasen rehacer la lista con base en el mérito. Solo después de esto, el nombre de Carlos Hernán ingresó a la lista; lo que demuestra que es un hombre que no cuenta con padrinazgos en el Congreso de la República.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, cuenta con una hoja de vida de más de 30 años en el servicio público, fue Concejal del Municipio de Palmira, Diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, Secretario de Desarrollo y de Planeación del Valle del Cauca, Contralor Departamental del Valle del Cauca, Director Nacional del Sistema de Defensa Pública de la Defensoría del Pueblo, y finalmente, fue Auditor General de la República, elegido por el Consejo de Estado.

Siendo Diputado del Valle, se salvó del secuestro en el que terminaron muertos los 11 diputados; desde ese momento, Carlos Hernán ha trabajado por la paz, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la corrupción, por lo que su hoja de vida y trayectoria pública siempre han estado abiertas al escrutinio ciudadano.

La representante a la Cámara, del partido Alianza Verde, le solicitó nuevamente al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, un recaudo obligatorio por parte de las instituciones religiosas en la reforma tributaria.

La reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro ha sido uno de los temas de conversación más recurrentes en el país desde su radicación al Congreso de la República el pasado 8 de agosto. Si bien algunos de los impuestos han generado polémica―como el de las bebidas azucaradas— algunos congresistas manifestaron que hacía falta un recaudo obligatorio por parte de las iglesias.

Katherine Miranda, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, es una de las voces del Legislativo que hicieron esa petición. “Colombia es un Estado laico. Si una iglesia no cumple función social y lo único que hace es amasar fortunas, pues que paguen impuestos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Para la congresista, las instituciones religiosas hoy “son empresas electorales que se lucran de incautos” y aseguró que en “la reforma tributaria nos vemos”. Lo cierto es que Miranda le solicitó al ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, incluir este impuesto en la reforma tributaria que presentó. “Insistiré en que se incluya el impuesto a las iglesias, se dejó de lado y voy a reunirme con el ministro Ocampo para estudiarlo”, agregó.

Sin embargo, el jefe de cartera ha manifestado en varias ocasiones que no va a responder a esa petición. En una entrevista con revista Semana indicó que las iglesias siempre han estado por fuera del sistema tributario y así se mantendrá con la actual administración. “Por nada del mundo lo haremos ―expuso el ministro―. Es el tema de la libertad religiosa, de tener un país que respeta todas las religiones y no nos vamos a meter en eso”.

Cuando el medio de comunicación le preguntó por la cantidad de dinero que mueven algunas congregaciones, Ocampo apeló a que esa no es una razón suficiente. “Muchas iglesias tienen falta de dinero. De pronto algunas poquitas tienen exceso de dinero, pero la mayor parte no son prósperas”, puntualizó el ministro.

Los demás puntos de la reforma tributaria

La representante de Alianza Verde también se ha referido a los demás puntos del proyecto de ley: “Me encuentro muy tranquila con esta reforma tributaria presentada por el Gobierno, es progresiva y equitativa y logra captar recursos de los que más tienen”. Aun así, aseguró que tiene algunas inquietudes y preocupaciones frente a la clase baja, “que son quienes sustituyen la carne y el huevo por embutidos, y en el tema de la gasolina”.

Según Ocampo, la reforma promete “disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la elusión tributaria”. A su vez, pretende lograr los recursos suficientes para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social.

En ese sentido, la reforma tributaria busca la reducción de los beneficios tributarios para quienes tienen mayores ingresos y, a su vez, tiene el objetivo de redistribuir las rentas hacia las familias colombianas más vulnerables.

Para ello se sumarían todas las rentas líquidas gravables y se aplicaría una tabla única de tarifas marginales, es decir, a todos los tipos de ingresos. “Los beneficios tributarios siguen operando, pero se limitan —comentó el ministerio—. Y no se modifica el umbral de ingresos a partir del cual se tributa”.

Entre los puntos más polémicos está el impuesto para las bebidas ultraprocesadas, que “se gravarían en función del contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de bebida”. Con respecto a los productos comestibles ultraprocesados, con una tarifa del 10 %.

Tomado de: Infobae