Polo llegó a esa curul con una votación nacional producto de su activismo político y mediático en la derecha – muchas veces como autor y víctima de noticias falsas-, defendiendo al gobierno de Iván Duque y atacando a los sectores alternativos. También por su estrecha y conocida relación con la senadora María Fernanda Cabal, quien lo impulsó en sus nichos electorales.
El representante de 26 años optó por el camino de las curules especiales después de fracasar por el camino tradicional siendo candidato al Concejo y la Alcaldía de Tolú, Sucre, por el Centro Democrático y Colombia Justa Libres.
Ahora su continuidad en la Cámara, donde ya perdió el respaldo del consejo comunitario que lo avaló, es atacada de polo a polo. Por un lado, porque antes de declararse afrodescendiente pidió ser reconocido como indígena, lo cual dejaría en entredicho su candidatura. Y por el otro, porque no cumpliría con otro requisito para ser candidato de las circunscripción afro, según una norma que firmó el gobierno de Iván Duque en 2020.
En medio de eso también tiene en contra denuncias por presuntas inconsistencias en el conteo de los votos, pues entre el preconteo y el escrutinio le aparecieron más de mil votos para asegurarse la curul.
Amado, odiado y el más demandado
Las doce demandas que debe revisar la Sala Quinta del Consejo de Estado- que se encarga de los temas electorales- piden explícitamente anular la elección de Miguel Polo Polo, y en unos casos volver a hacer un nuevo escrutinio.
El grueso de las demandas, interpuestas por excandidatos a esa curul y líderes de movimientos indígenas y afros, apuntan a una inhabilidad de Polo Polo para haber sido candidato.
Resulta que en el 2020 el gobierno de Iván Duque sacó un decreto para reglamentar el funcionamiento de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, organizadas en consejos comunitarios. Y en uno de sus artículos finales estableció unos requisitos para la expedición de avales a quienes aspiren a ejercer derechos étnicos de participación y representación.
Además de pertenecer al censo del respectivo consejo comunitario y contar con una certificación de pertenencia étnica, el aspirante al aval debe “ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras”.
Es decir, haber tenido un rol dirigencial o de representación en instancias como consultas previas o juntas directivas.
Miguel Polo Polo logró certificar su autorreconocimiento como afrodescendiente ante el Ministerio del Interior el 4 de octubre de 2021, dos meses antes de que arrancaran las inscripciones al Congreso. Según los demandantes, no aparece, por ahora, un documento que corrobore que cumplió con el requisito de representación dentro del consejo comunitario que lo avaló entre el trámite ante el Ministerio del Interior y la inscripción como candidato.
Ese consejo comunitario se llama Fernando Ríos Hidalgo y está domiciliado en El Retén, Magdalena.
Camilo Rivera, quien fue candidato por el consejo comunitario Afrozabaletas del Valle, dice que desde marzo le ha pedido al Ministerio del Interior validar si Polo Polo y otros 12 candidatos más cumplieron con algún rol de representación en sus consejos y no le han contestado. Razón por la cual procedió a demandar su curul invocando la falta de cumplimiento de ese requisito.
“Sin ese requisito no era procedente su aval, pero de igual manera su inscripción como candidato y su participación en la elección que se llevó a cabo el 13 de marzo de 2020”, añade Luis Olave, otro de los demandantes.
Anticipando esa discusión electoral, en enero de 2022, en medio de la campaña, Edison Ruiz (aliado del cuestionado excongresista Yahir Acuña) le pidió al Consejo de Estado anular los alcances del decreto firmado por Duque. Señaló que “el Presidente excedió su competencia reglamentaria al exigir que los candidatos deban ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas”.
Tanto Presidencia de República como el Ministerio del Interior y líderes afro se opusieron, y el Consejo de Estado terminó negando la demanda. Pero en las consideraciones dejó abierta una puerta sobre el alcance del nuevo requisito, puntualmente, si aplicaba para todos los cargos de representación política como el Congreso o solo para instancias más internas.
Una puerta que el Consejo Nacional Electoral no quiso revisar cuando el tema llegó a sus instancias.
De aplicarse literalmente, dice el exrepresentante afro Jhon Arley Murillo, supondría un revolcón a toda la elección de este año porque la mayoría de candidatos no cumplirían. Un revolcón que no sería extraño porque en 2017 el mismo Consejo de Estado anuló varias candidaturas por irregularidades con lo cual, la exreina Vanessa Mendoza, quien había quedado de 16 con 527 votos, pudo asumir una curul.
Los demandantes del caso Polo Polo insisten en que sí es aplicable la normativa del 2020. Y si es así, y Polo Polo y el consejo comunitario Fernando Ríos no logran acreditar, la curul queda en entredicho.
De ser indígena a afro
Otro bloque de las demandas atacan la doble condición étnica que el representante Polo Polo ha tenido en su vida. Antes del reconocimiento oficial como afro ante el Ministerio del Interior, el profesional en administración de negocios tuvo un reconocimiento como indígena.
En la comunidad indígena Isla Gallinazos de Coveñas, Sucre, aparecen dos registros de Miguel Polo. Son de los censos de 2006 y 2009, según consta en documentos del Ministerio.
Haber sido reconocido indígena y luego afrodescendiente para ser candidato por esa circunscripción es una condición que Myriam Chamorro, líder de las Autoridades Tradicionales Indígenas, considera inconstitucional y una burla a las normas.
“Si es indígena, se es indígena hasta la muerte”, dice. “Si es indígena no es aceptable que se haga elegir como negro, o viceversa”, añade. Por eso, Chamorro es otra de las demandantes.
“No podemos decir que se les está violando el derecho a elegir y ser elegido a Polo Polo, bien lo pudo hacer por la circunscripción electoral del departamentos de Sucre donde reside o por la especial de indígena a la cual pertenece, prefirió pretermitir esta situación y usurpa entonces una circunscripción que no le pertenece”, añade Paciano Asprilla, otro demandante.
Sobre este particular, el representante Polo dice que las normas colombianas amparan la multiculturalidad. En entrevista con El Tiempo dijo que su vínculo indígena está relacionado con su abuela materna.
El recuento de votos que lo enfrenta al cuestionado “Negro” Martínez
A la par de las denuncias sobre su inhabilidad para aspirar, al representante Polo Polo le toca responder por lo que pasó después del 13 de marzo.
Tres de las demandas buscan atacar su curul argumentando que hay inconsistencias en el número de votos que sacó. Eso porque, dicen, hay diferencias entre el preconteo y el escrutinio.
Detrás de esas demandas está Lina Martínez, quien quedó tercera. Ella es hija del condenado excongresista Juan Carlos Martínez.
Según Martínez, en un consolidado de resultados departamentales registrado en un formulario E-26 su lista avalada por el consejo Comunidad Negra Limones tuvo 39.106 votos mientras que la de Polo 39.062. Pero advierte que cuando esos guarismos fueron llevados ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, se tuvieron en cuenta una serie de reclamaciones a favor de Polo que modificaron los resultados finales.
Esa corrección quedó en firme el 16 de julio, cuatro días antes de la instalación del nuevo Congreso. De acuerdo con las demandas, el CNE no tenía competencia para atender reclamaciones en esa instancia y aún así le certificó a la lista de Polo Polo 40.049 votos.
Todas estas reclamaciones Polo Polo las deberá enfrentar de ahora en adelante con el lío de que el consejo comunitario Fernando Ríos le quitó su apoyo políticos por sus posturas radicales.
