Akerman, incluso, mostró en su columna de Cambio los decretos con los que el saliente mandatario de Colombia hizo “cambios técnicos” y favoreció en materia de seguridad, que paga el Estado, a sus “escuderos de confianza”, “para efectivamente asegurarles de manera vitalicia conductores, camionetas blindadas y escoltas”.
El primero es el Decreto 1033 del 18 de junio de 2022, en el que, dice el columnista, “incluyeron funcionarios” que antes no eran parte del Consejo de Seguridad Nacional: entre ellos, “el ministro del Interior, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia [Dapre], y la jefatura de gabinete de la Casa de Nariño”.
El segundo es el Decreto 1064 del 24 de junio de 2022, que amplió el número de personas en riesgo extraordinario y extremo que requieren protección, pues ahora también favorece por más tiempo a los que fueron incluidos en el citado Decreto 1033, según la columna.
“Se les incluyó en el Consejo Nacional de Seguridad a la jefe de gabinete, al director del Dapre, y al mininterior para poderlos cobijar con la regulación que de manera formal les entrega esquemas de seguridad vitalicios a cargo de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Eso es simplemente una formalidad, ya que el cambio importante es que a esos funcionarios se les brindaba protección, antes de esos decretos, únicamente por un año adicional después de salir de la administración de poder. Ahora es de manera indefinida y con chequeos cada cuatro años”, resumió Akerman.
Iván Duque también favoreció a “líderes religiosos” con decreto
Junto con lo denunciado anteriormente, el columnista reportó que “el nuevo decreto” además contiene un beneficio para “líderes religiosos, debidamente certificados por la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior”; a ellos les darán protección, y su seguridad será asumida por la UNP.
Eso fue aprovechado por Yohir Akerman para, incluso, hacer esta crítica: “Colombia es un Estado laico, según la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo que el gobierno está en la obligación de ser neutral en materia religiosa y debe mantener la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero cómo dejar a los líderes cristianos y católicos, que tantos votos ponen, por fuera de estos acuerdos”.
Duque no ha respondido a las acusaciones, pero en la columna también se aclaró que este tipo de regulaciones o cambios en materia de esquemas de protección y seguridad suelen hacerlos los presidentes; es más, recordó los polémicos casos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Sobre este tema además escribió La República, que aseguró que “sin duda, detrás de esto lo que hay es cifras de gasto en el Estado colombiano”, y dio datos que ha conocido sobre los costos por escoltas y gastos de la UNP en materia de seguridad.
“En 2019, por ejemplo, se había indicado que los escoltas cuestan en promedio $ 20 millones al mes para un esquema básico; mientras que los más complejos, como el de Uribe, pueden llegar a 200 personas. Asimismo, Pablo Elías González Monguí, director de la Unidad Nacional de Protección, dijo, en Inside LR, que el organismo al día gasta alrededor de $2.500 millones en seguridad”, publicó el medio económico.
Tomado de: Pulzo.com
