Autor: burbuja

La FM acaba de informar que conoció un contrato por 35 mil millones de pesos firmado en junio entre el Departamento de Prosperidad Social y Aremca para seguridad alimentaria. Debía ejecutarse en diciembre, pero no se cumplió.

El objeto del contrato era para mejorar el consumo y el acceso a los alimentos de los hogares, mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos y estilos de vida saludables y el rescate de productos locales en varios departamentos del país.

De acuerdo a la FM a la Presidencia llegó la siguiente denuncia: “Aremca es una empresa de Barranquilla que venía siendo utilizada para acceder a la contratación en otras entidades como el Ministerio de Agricultura, el Fondo Nacional del Ahorro, para apropiarse de los dineros de dichas entidades con maniobras y fraudes en las inversiones”

El medio señala que en el “Convenio 280-DPS-2025 se han utilizado toda clase de maniobras y tráfico de influencias para obtener tal contrato en un programa tan delicado para las comunidades como lo es ReSA (Redes de Seguridad Alimentaria), que es un programa sagrado del señor presidente de la república. Todo como resultado de la negligencia e irresponsabilidad de las directivas de Prosperidad Social en cabeza de la señora Carolina Hoyos y Jeraldine Vera. Agradecemos su oportuna respuesta a este derecho de petición que hacemos con carácter de Urgencia”

La FM asegura que el contrato fue firmado en junio del año pasado y debía completarse en diciembre, pero no hay avances en la ejecución.

Fuentes dentro del DPS le dijeron a la FM que el contrato tendría desembolsos por alrededor de la mitad de los recursos y debía implementarse en Sucre, Magdalena, César, Atlántico, Córdoba, Norte de Santander y Chocó.

“El contrato debía financiar a cerca de 7 mil familias, pero eso hasta hoy no ocurrió. La denuncia de la presidencia habla de Gustavo Bolaños, quien es la cabeza de Aremca y fue capturado por la fiscalía. El contrato con Prosperidad Social fue firmado por Emilia Álvarez Guerrero por parte de Aremca. Esta persona también fue capturada. Tanto Bolaños como Guerrero son de Ciénaga de Oro, Córdoba, en donde la fiscalía tiene pistas de la investigación”, acotó la FM.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha emitido un fallo trascendental que redefine la comunicación oficial del Ejecutivo en Colombia. El alto tribunal decidió rechazar las impugnaciones presentadas por el presidente Gustavo Petro, el Sistema de Medios Públicos (RTVC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), dejando en firme la sentencia que regula y restringe el uso de las alocuciones presidenciales en televisión abierta. Esta decisión judicial ratifica que el derecho fundamental a la información de los ciudadanos y el principio del pluralismo informativo priman sobre la facultad del mandatario para dirigirse al país, evitando que estos espacios se utilicen de manera desproporcionada o con fines meramente políticos.

El origen de este freno judicial se remonta a una acción de tutela interpuesta por el estudiante de derecho Samuel Ortiz y el fallecido senador Miguel Uribe Turbay, quienes denunciaron un uso inadecuado de los medios públicos. El Consejo de Estado determinó que las entidades accionadas desconocieron las garantías de equilibrio informativo, por lo que la CRC mantiene la responsabilidad de vigilar que las intervenciones presidenciales cumplan con criterios de excepcionalidad y urgencia. Según el fallo, las alocuciones no pueden sustituir la programación habitual de manera recurrente, ni convertirse en vehículos de propaganda que afecten la neutralidad de los canales institucionales.

A pesar de que el presidente Gustavo Petro calificó la medida como improcedente y cuestionó la falta de subsidiariedad del mecanismo, el tribunal fue enfático al declarar que la tutela era la vía idónea para otorgar una protección integral y efectiva a los derechos de la audiencia. Con esta postura, se establecen controles previos y posteriores que obligan al Gobierno Nacional a informar y justificar técnicamente cada interrupción en la señal abierta. Esta decisión marca un precedente en el equilibrio de poderes, limitando la presencia mediática del jefe de Estado para asegurar que el acceso a la televisión pública sea democrático y no monopolizado por la narrativa gubernamental.

Las obras eran financiadas con recursos del Sistema General de Regalías por más de $30.400 millones.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 15 años a la directora ejecutiva de la Asociación Regional de Municipios del Caribe -Aremca-, Emilia Álvarez Guerrero, por las irregularidades presentadas en la ejecución de un proyecto de inversión y adjudicación del contrato para el mejoramiento de vías rurales priorizadas del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, financiado con recursos del Sistema General de Regalías -SGR- por un valor superior a los 30.400 millones de pesos.

En fallo de primera instancia, el órgano de control estableció que Álvarez Guerrero a comienzos de 2022 adjudicó y suscribió el contrato de obra mediante la modalidad de invitación pública, con lo que desconoció que la selección del contratista debía realizarse a través de una licitación pública y adoptando los pliegos tipo establecidos para tal fin, por tratarse, Aremca, de una entidad estatal a la que le aplica el Estatuto General de Contratación Pública y de un proyecto de inversión financiado con recursos del SGR.

El órgano de control señaló que el pliego de condiciones elaborado por Aremca para ese proceso contractual “no satisface el modelo obligatorio de pliegos tipo expedido por Colombia Compra Eficiente para la época de los hechos”.

Para la Procuraduría, “la investigada no actuó con la rectitud demandada de su parte, afectando así el principio de moralidad, teniendo en cuenta que, a diferencia de la licitación pública, el procedimiento de selección establecido en el manual de contratación de la entidad tiene un bajo contenido de garantía de selección objetiva y competencia entre los proponentes, siendo esa la razón para que el legislador exija que los recursos del SGR se ejecuten con estricta sujeción al régimen de contratación pública”.

Por esos hechos, la delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 del órgano de control calificó la conducta cometida por Álvarez Guerrero como una falta gravísima cometida a título de dolo.

El fallo de primera instancia puede ser apelado por la disciplinada.

¿Qué hacen Lina Garrido, Polo Polo y Mauricio Amín, en la campaña del tigre, ¿que impulsa un discurso contra los políticos?

El candidato del movimiento “Defensores de la Patria”, Abelardo De La Espriella, segundo en las encuestas después de Iván Cepeda, candidato de la izquierda, se vende como un candidato antipolítico e insiste en que “prefiere perder antes que negociar con la politiquería.

De La Espriella viene criticando sistemáticamente a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, por recibir según él a toda la vieja política en su campaña. Los partidos tradicionales a los que De La Espriella les cerró la puerta terminaron donde Paloma.

Sin embargo, es oportuno informar que mientras De La Espriella posiciona esa narrativa, mantiene en su círculo cercano a políticos de profesión. No tiene el respaldo de logos institucionales, pero si el de políticos que han pasado por los terrenos de partidos políticos tradicionales.

Los políticos en la campaña del tigre.

¿Qué hacen Lina Garrido, Polo Polo y Mauricio Amín, en la campaña del tigre, ¿que impulsa un discurso contra los políticos?

El representante Polo Polo, el mismo que fue derrotado en las urnas para seguir a partir del 20 de julio en el congreso, fue uno de los primeros políticos que tocó y le abrieron la puerta en la campaña de Abelardo De La Espriella.

La representante de Cambio Radical, Lina Garrido, otra que se quemó en las elecciones de marzo, y que representa los intereses políticos de una familia en Arauca, es otra política con lugar VIP en la campaña del tigre.

El exsenador liberal Maurico Gómez Amín, en diciembre del 2025 renunció a su precandidatura presidencial por el Partido liberal y fue recibió con los brazos abiertos en la campaña de Abelardo De La Espriella.

En definitiva, De La Espriella rechaza a los políticos en el día, pero cena con ellos en la noche.

¡Sabemos de política!

En un inusual acto de disidencia pública, el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, lanzó una durísima crítica contra el presidente Gustavo Petro por la designación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, como nuevo superintendente de Salud.

A través de un extenso hilo en su cuenta de X, Carrillo calificó el nombramiento como un “yerro enorme” que desdibuja la identidad de la izquierda colombiana y le entrega armas políticas a los sectores críticos. Según el funcionario, el papel otorgado a Quintero representa un retroceso para el proyecto del Gobierno y, lejos de sumar, le da «gasolina a la oposición».

Carrillo fue enfático en señalar que su postura no es un acto de rebeldía, sino de lealtad honesta hacia el primer mandatario. Advirtió que la izquierda en Colombia corre el riesgo de repetir los errores de países como Argentina, Venezuela o Ecuador donde la corrupción y el pragmatismo mal entendido terminaron por corroer las estructuras políticas desde sus cimientos.

«El pragmatismo llevó a muchos líderes latinoamericanos a recibir en sus procesos a poderes que abrazan las ideas de cambio, pero que en el fondo no buscan nada distinto a mantener el saqueo”, sentenció el director de la UNGRD.

Uno de los puntos más álgidos de la denuncia de Carrillo se centró en la situación judicial del nuevo superintendente. El funcionario recordó que Quintero enfrenta juicios por delitos contra la administración pública y fue tajante al afirmar que el proyecto político de Petro no tiene por qué cargar con ese lastre.

«Nada le debemos y nada nos aporta», subrayó Carrillo sobre la figura de Quintero.

El director lamentó que la mayoría de los líderes del Pacto Histórico guarden silencio por evitar el desgaste, insistiendo en que la izquierda debe ser «contestataria y rebelde, nunca obsecuente y sumisa».

Con este pronunciamiento, Carrillo rompe la unidad de mando en el Ejecutivo y pone sobre la mesa una profunda preocupación ética sobre la idoneidad de los perfiles que están asumiendo el control de sectores estratégicos, como lo es la vigilancia del sistema de salud en el país.

El escenario político nacional se sacudió tras el anuncio del nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero. La reacción más contundente provino de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, quien calificó el nombramiento como un «mensaje subversivo» y una amenaza directa a la estabilidad del sistema sanitario del país.

A través de su cuenta en la red social X, Oviedo lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias de esta decisión, asegurando que el discurso oficialista está priorizando la ideología política sobre el bienestar ciudadano. “Todo discurso antiestablecimiento es gasolina para acabar con el país”, afirmó el exdirector del DANE.

«Bomba de tiempo» en la salud

Para Oviedo, la llegada del exalcalde de Medellín a la Superintendencia de Salud ocurre en un momento crítico, a tan solo 44 días de las elecciones. Según el candidato, esta maniobra busca fortalecer una presunta estructura de corrupción dentro del sector, ignorando las necesidades de los pacientes que hoy sufren por la falta de medicamentos.

“Esta decisión, basada en ‘haremos todo para quedarnos y, si perdemos, perdemos todos’, acelera la bomba de tiempo en la salud”, sentenció Oviedo, acusando al gobierno del presidente Gustavo Petro de privilegiar su permanencia en el poder por encima de la vida de niños, mujeres y hombres.

El pronunciamiento también sirvió como plataforma de campaña para la dupla Valencia-Oviedo. El candidato aseguró que, de ganar en las urnas, su prioridad será «desactivar» lo que considera una gestión deficiente y politizada.

Oviedo concluyó su mensaje prometiendo una transformación técnica del sistema a partir de agosto: «Vamos a remediar el sistema con personas idóneas y transparencia, para que Colombia no termine pagando por una ideología que divide al país y lo vuelve más pobre, más enfermo y más violento.