En un acto administrativo cargado de simbolismo político, Gustavo González Ruiz acudió a la Registraduría de Arauca para reclamar la credencial que certifica la reelección de su esposa, Karen Manrique, como representante a la Cámara por la curul de paz. El trámite, realizado bajo un poder firmado por la parlamentaria, ocurre mientras ella permanece privada de la libertad tras entregarse a las autoridades la semana pasada.
La situación jurídica de Manrique dio un giro drástico el pasado 12 de marzo, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema emitió una orden de captura en su contra. La congresista es señalada de participar en un esquema de corrupción dentro de la UNGRD, donde presuntamente habría negociado el trámite de créditos públicos desde la Comisión Interparlamentaria a cambio de direccionar contratos y obras de interventoría en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
A pesar de haber obtenido 5.640 votos el pasado 8 de marzo, asegurando su permanencia en el Congreso, el futuro de su escaño es incierto debido a la aplicación de la «Silla Vacía». Al tratarse de delitos contra la administración pública (corrupción), la Constitución colombiana estipula que si un congresista es cobijado con medida de aseguramiento, el partido o movimiento no puede reemplazarlo, dejando la curul inactiva.
Mientras Manrique y el senador electo Wadith Manzur enfrentan medida de aseguramiento, la Sala de Primera Instancia determinó el pasado 11 de marzo que otros congresistas vinculados al mismo expediente, como Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, podrán seguir afrontando el proceso en libertad.
Este caso pone a prueba la representación de las víctimas en el Congreso, pues la curul de paz de Arauca podría quedar sin voz oficial si se ratifica la imposibilidad de posesión de Manrique el próximo 20 de julio.
