La reciente publicación de un estudio de intención de voto realizado por AtlasIntel y difundido por la Revista Semana ha desatado una tormenta jurídica en el país. El eje de la polémica es el posible incumplimiento de la Ley 2494 de 2025, la cual prohíbe taxativamente la divulgación de sondeos sobre intención de voto. La controversia radica en que, aunque el informe se presentó como una «encuesta», su metodología de reclutamiento digital orgánico (RDR) no cumpliría con los requisitos de muestreo probabilístico que exige la ley para ser considerada técnica y representativa.
El debate escaló al plano gubernamental tras el pronunciamiento del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) investigar el caso. Según la normativa vigente, un estudio que no garantice que cada ciudadano tenga una probabilidad conocida de ser seleccionado es catalogado como un sondeo, y su publicación con fines electorales podría acarrear sanciones tanto para la firma encuestadora como para el medio de comunicación que lo difunda.
