Burbuja Política

A través de la Circular 004 del 28 de mayo de 2026, las directivas del partido Nuevo Liberalismo ratificaron de forma oficial su postura política de cara a la contienda presidencial del país, instando a toda su militancia a volcarse a las urnas. En el documento emitido por la colectividad, el director nacional Juan Manuel Galán y la secretaria general Sandra Ovalle García enviaron un mensaje vehemente a sus directivos, líderes regionales, congresistas, diputados, concejales, ediles y simpatizantes, en el cual hicieron un llamado directo a votar y movilizar el apoyo ciudadano en favor de la fórmula presidencial integrada por Paloma Valencia, como candidata a la presidencia, y Juan Daniel Oviedo, de cara a la vicepresidencia.

​Bajo la premisa de que el panorama nacional actual exige «carácter, unidad y decisión», la jefatura del partido enfatizó a sus bases que la instrucción de cara a la jornada electoral es única y concreta: votar, movilizar, defender y ganar. El comunicado insiste en la necesidad de desplegar un trabajo activo en las calles mediante la organización del electorado bajo consignas tajantes, afirmando textualmente que «no es momento de tibiezas», «no es momento de dudas» y que tampoco corresponde quedarse en las casas, argumentando que la nación requiere con urgencia liderazgo, orden y futuro.

​Para sustentar el respaldo institucional a este binomio político, el Nuevo Liberalismo señaló en la circular que Paloma Valencia personifica atributos de firmeza, autoridad, libertad y amor por el país, mientras que de Juan Daniel Oviedo destacaron cualidades asociadas a la seriedad, el conocimiento técnico y la capacidad de gobierno. Según las directivas del movimiento, dicha convergencia de perfiles constituye la alternativa idónea y con la fuerza necesaria para recuperar el rumbo institucional de Colombia, concluyendo su comunicación con la directriz de salir a buscar la victoria en las urnas bajo su tradicional arenga de ir siempre adelante sin dar un paso atrás.

​La Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo el procedimiento técnico de registro y custodia para congelar los códigos fuente y ejecutables de las plataformas que se utilizarán en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República este próximo domingo 31 de mayo. Este blindaje digital cobija a los sistemas informáticos de preconteo, consolidación, divulgación nacional de resultados y digitalización del formulario E-14, tanto de delegados como de transmisión, con el objetivo de garantizar la seguridad, integridad y trazabilidad absoluta de los datos electorales.

​El riguroso proceso se adelantó bajo la supervisión directa de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, auditores de sistemas de las agrupaciones políticas y delegaciones internacionales de observación como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la OEA, la auditoría externa internacional IIDH / CAPEL y la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia).

El protocolo técnico inició con la identificación de los servidores y la creación de una copia exacta de los archivos en un medio de almacenamiento seguro, a la cual se le aplicó un código hash para verificar que la información no sufra ninguna alteración.

​Para asegurar la máxima protección de estos datos, la información fue comprimida y cifrada con una contraseña única de 24 caracteres, construida de forma conjunta por distintas entidades: seis caracteres definidos por la Registraduría Nacional, seis por la UT ILE 2026, seis por los auditores de los partidos políticos y seis por la Procuraduría General de la Nación.

Posteriormente, el medio magnético fue resguardado en sobres de seguridad especializados para evitar cualquier manipulación y trasladado bajo estricto acompañamiento del Ministerio Público a una bodega de custodia.

​El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, explicó que los códigos hash expedidos ante los partidos políticos y los organismos de control son la constancia de que los softwares no han recibido modificaciones previas al inicio del procesamiento de datos el domingo.

Asimismo, informó que el Código Fuente de los softwares electorales se entregará en custodia al procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, replicando el modelo de transparencia implementado en las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo para dar total tranquilidad al país sobre la confiabilidad del proceso electoral.

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, la Dirección Colegiada del Partido de la Unión por la Gente, conocido formalmente como Partido de la U, emitió un vehemente comunicado dirigido a toda su militancia, directivos, líderes regionales, congresistas y simpatizantes, en el que reafirmo su respaldo absoluto a la fórmula presidencial integrada por Paloma Valencia, aspirante a la jefatura de Estado, y Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia.

A través de la misiva, las directivas de la colectividad hicieron un enérgico llamado a la acción política, asegurando que el contexto actual del país exige carácter, unidad y decisión. Bajo la premisa de que no es momento de tibiezas, dudas ni abstencionismo, el partido instruyó de manera categórica a sus seguidores a salir a las calles, convencer, organizar y movilizar el voto en favor de dicha alianza para defender lo que consideran el rumbo prioritario de la nación.

En el texto, el Partido de la U ponderó las cualidades de los candidatos que componen la coalición electoral. De Paloma Valencia destacaron que representa valores de firmeza, autoridad, libertad y amor por el país, mientras que de Juan Daniel Oviedo resaltaron su seriedad, conocimiento técnico y probada capacidad de gobierno.

Según el órgano directivo, esta fórmula conjunta agrupa la fuerza necesaria para recuperar el rumbo institucional, bajo las premisas transversales de que Colombia necesita con urgencia liderazgo, orden y futuro. Con la consigna final de salir a ganar con toda la fuerza partidaria, la Dirección Colegiada selló su postura y trazó una hoja de ruta estricta para sus militantes en la recta final de la contienda electoral.

La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) emitió un contundente comunicado de prensa, titulado «Sin universidades no hay futuro», en respuesta directa a las recientes declaraciones públicas que cuestionan el rol de la educación superior en el país, haciendo mención explícita a las precisiones formuladas posteriormente por la senadora y fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

La organización, que agrupa a las instituciones de educación superior del territorio nacional, reafirmó de manera categórica que defender la universidad colombiana equivale a salvaguardar el esfuerzo de millones de familias que ven en las aulas un camino de dignidad, movilidad social y transformación de vidas.

En su pronunciamiento, el gremio universitario reconoció y compartió la profunda preocupación de la ciudadanía frente a la corrupción y las conductas que debilitan la confianza en lo público. No obstante, enfatizó de forma tajante que la corrupción no se combate debilitando las instituciones educativas, sino fortaleciendo la formación ética y la ciudadanía.

ASCUN calificó como un error necesario de precisar el hecho de vincular conductas individuales o colectivas de carácter delictivo con la formación universitaria general, señalando que tales acciones no corresponden a la realidad de las aulas ni a los valores que orientan el quehacer académico en el país.

El documento, firmado por el director ejecutivo de la asociación, Oscar Domínguez González, advierte que la universidad colombiana no puede ser reducida a generalizaciones injustas. El texto resalta la naturaleza plural, crítica y diversa de los centros de estudio, donde convergen jóvenes de todas las regiones, orígenes sociales y comunidades étnicas.

ASCUN recordó que de estas aulas no solo egresan los primeros profesionales de miles de hogares vulnerables, sino también los maestros, médicos, ingenieros, científicos, artistas y servidores del Estado —incluyendo presidentes, vicepresidentes y ministros— que sostienen y sirven a Colombia.

Finalmente, la asociación extendió un llamado respetuoso a todos los actores que participan en la deliberación pública para que cuiden el lenguaje utilizado al referirse a la educación superior. Según advierte la misiva, las descalificaciones generalizadas arriesgan afectar la confianza social y debilitar uno de los bienes públicos más importantes construidos por la nación.

Con este pronunciamiento, el sector universitario ratificó su compromiso irrestricto con una educación de calidad, pertinente, ética e incluyente, indispensable para edificar una Colombia más justa, democrática y reconciliada.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, liderarán esta jueves una jornada de entrega y formalización de tierras con comunidades campesinas y étnicas del Caribe colombiano.

Durante la actividad, que se realizará en Cartagena, el Gobierno de las Oportunidades entregará 685 hectáreas a cerca de 1.000 familias campesinas de los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, El Peñón, Calamar, Zambrano y El Guamo.

La jornada hace parte de las acciones impulsadas mediante la política de Reforma Agraria, con el fin de fortalecer el acceso a la tierra y avanzar en la dignificación de las comunidades rurales del departamento.

Asimismo, serán entregados títulos de propiedad a 44 entidades de derecho público, entre las cuales se destacan escuelas rurales, puestos de salud y espacios comunitarios ubicados en los municipios de Mahates, María La Baja, Barranco de Loba, Margarita y El Carmen de Bolívar.

Con esta acción se busca fortalecer la seguridad jurídica de bienes públicos y mejorar las condiciones de infraestructura social en zonas rurales.

En el marco de la jornada también se realizará la entrega del título colectivo de 79 hectáreas de tierra al Consejo Comunitario de Calamar, que beneficia a 590 familias afrodescendientes.

Sembrando Vida en​​ Bolívar

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Tierras destinará recursos del programa Sembrando Vida para fortalecer procesos productivos y organizativos de la Asociación de Productores Agroempresariales del Caribe Colombiano en Cacao, en la subregión de los Montes de María.

De acuerdo con cifras de la ANT, durante el actual Gobierno se han formalizado en Bolívar más de 21.000 hectáreas, beneficiando a cerca de 5.300 familias campesinas. Además, se han entregado más de 7.600 hectáreas a 1.055 familias rurales del departamento.

Estas acciones hacen parte de la política de Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Petro para promover el acceso democrático a la tierra y fortalecer el desarrollo rural en territorios históricamente excluidos.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, advirtió de las consecuencias que tendría para el país la no aprobación por parte del Congreso de la República del proyecto de ley que establece el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero.

Se trata del proyecto de ley 312/2025S y 463/2025C, que establece el régimen de decomiso y procedimientos aplicables en la lucha contra el contrabando, y que responde a la sentencia C-072 de 2025 mediante la cual la Corte Constitucional derogó el artículo 68 de la Ley 2277 de 2022 y el Decreto Ley 920 de 2023, con los que el Congreso dio facultades al Ejecutivo para expedir normas sancionatorias aduaneras. La Corte consideró que el Legislativo no puede otorgar facultades al Gobierno para expedir códigos completos.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó una primera iniciativa en octubre del año pasado y con mensaje de urgencia.

Pero los gremios exportadores presentaron su propia iniciativa, por tanto, fue necesario acumular los dos textos en una sola iniciativa.

Esta propuesta conjunta fue aprobada el pasado 19 de mayo por las comisiones segundas económicas de Senado y Cámara, pero debe ser aprobada antes del 20 de junio entrante, cuando termina la legislatura.

“Resulta necesario y urgente que el proyecto de ley culmine su trámite en el Congreso, de manera que podamos contar con el tiempo suficiente para la sanción presidencial y publicación en el Diario Oficial antes del próximo 20 de junio. Este es el plazo inaplazable dado por la Corte Constitucional. De lo contrario, el país se enfrentará a un vacío constitucional que frenará las acciones de lucha contra el contrabando y de las prácticas irregulares en las operaciones de comercio internacional», advirtió el director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano.

El directivo dijo que el proyecto aprobado en primer debate es el resultado de un consenso entre gobierno, Congreso y gremios privados frente a la necesidad de contar con un régimen sancionatorio para hacerle frente al contrabando y el fraude, contribuyendo a la protección de la economía formal, la industria nacional y el interés general.

De hecho, el director de la Dian aseguró que “de no aprobarse este proyecto de ley, se abriría un escenario crítico para el país pues las liquidaciones oficiales, los decomisos y otros trámites valorados en más de $7 billones, tendrían que archivarse».

Más de 120.000 uniformados, apoyo aéreo y análisis avanzado de inteligencia hacen parte de la operación nacional que busca garantizar la transparencia y tranquilidad durante la jornada electoral del próximo domingo.

En el marco del Pan Democracia, la Policía Nacional intensificó sus capacidades operacionales y de inteligencia con el propósito de anticipar y neutralizar cualquier amenaza que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales en todo el país.

Como parte de esta estrategia, la institución consolidó la sexta versión del mapa nacional de prevención y seguridad electoral, construido a partir del análisis de más de 240.000 datos de inteligencia, procesados a través del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), que permite el monitoreo en tiempo real de riesgos y alertas.

Este análisis identificó territorios con posibles afectaciones, entre ellos 32 municipios con alertas por fenómenos violentos, principalmente en departamentos como Cauca, Tolima y Antioquia, así como 38 municipios con riesgos asociados a fenómenos no violentos que podrían impactar la transparencia electoral, especialmente en Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca.

Para blindar las urnas, la Policía Nacional tendrá presencia prioritaria en el 57 % de los puestos de votación y cubrirá el 90 % de las mesas electorales en el país, apoyada por 94 aeronaves tripuladas y no tripuladas, además del despliegue de capacidades de inteligencia, investigación criminal y coordinación interinstitucional con autoridades y organismos de control.

“Estamos desplegando todas nuestras capacidades humanas, tecnológicas y logísticas para garantizar elecciones seguras, transparentes y legítimas», afirmó el director general de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, quien reiteró que la institución mantendrá vigilancia permanente antes, durante y después de la jornada electoral para proteger a los ciudadanos y asegurar el ejercicio libre del voto.