Burbuja Política

En el área rural de Jamundí, en la región de Las Piñas, fue lanzado un artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército Nacional, que se encuentra sobre la carretera hacia Potrerito. Las autoridades indicaron inicialmente que el objeto podría ser una granada. De acuerdo con el informe presentado por la Alcaldía de Jamundí, no hubo personas heridas ni daños a civiles como consecuencia de la detonación.

Después del incidente, se logró dominar la situación y las fuerzas de seguridad siguen en el área llevando a cabo las medidas de protección necesarias. Hasta el momento, no se ha definido quién podría ser responsable del evento, mientras las autoridades continúan investigando lo sucedido. La Alcaldía solicitó a los ciudadanos mantener la tranquilidad y solo acceder a información oficial para prevenir la difusión de rumores no verificados.

Los congresistas Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, presentaron el martes 1 de septiembre la llamada «Ley Anticapuchos», una iniciativa que tiene como objetivo tipificar como delito el encubrimiento intencionado de la identidad cuando este se emplea para favorecer la perpetración de crímenes en manifestaciones o concentraciones públicas. La propuesta plantea sanciones de 54 a 96 meses de cárcel y multas que oscilan entre 50 y 200 sueldos mínimos.

El proyecto prevé castigos más estrictos si se emplean explosivos, sustancias corrosivas u otros componentes de riesgo durante estos sucesos, o si las actividades perjudican a instituciones educativas, bienes públicos o privados o centros sanitarios. Los autores de la propuesta afirman que su objetivo es salvaguardar el derecho constitucional a protestar y, al mismo tiempo, impedir que las personas que cometan actos vandálicos tengan la posibilidad de esconder su identidad para eludir responsabilidades.

Un hombre señalado de agredir físicamente, verbal y psicológicamente a su hija de 12 años, a su exesposa y a su propia madre fue judicializado en Córdoba. Los hechos investigados ocurrieron en octubre de 2025 en el municipio de Tierralta, donde el procesado habría maltratado a las tres víctimas, golpeando a la menor en distintas partes del cuerpo, espiando sus conversaciones telefónicas y mensajes en redes, e incluso agrediendo a su propia madre cuando intentaba defender a la niña.

​Gracias a las labores investigativas de un fiscal de la Seccional Córdoba, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de uniformados de la Sijín de la Policía Nacional, lograron capturar al sospechoso el pasado 19 de agosto en el barrio Caribe de Medellín. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados por el ente investigador y, por orden judicial, fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

En desarrollo de las acciones orientadas a garantizar la seguridad en las zonas rurales y a proteger el medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio ecológico del país, la Policía Nacional, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, logró la captura de dos personas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

El procedimiento policial se llevó a cabo sobre la vía que comunica a la ciudad de Montería con el municipio de Arboletes (Antioquia), en el sector conocido como Las Cruces, donde uniformados que adelantaban actividades de control y prevención, ubican un vehículo tipo camión de estacas, el cual transportaba madera de la especie roble, con un aproximado de ocho metros cúbicos, producto forestal en primer grado de transformación, así, al verificar la legalidad y procedencia del recurso forestal, se encontró que este no contaba con permisos, autorizaciones o salvoconductos que respaldaran la legalidad del material forestal transportado.

En este sentido fueron capturadas las dos personas involucradas, incautados el material forestal y el vehículo, siendo dejados a disposición de la autoridad judicial y de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), respectivamente.

La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales y continuará desarrollando controles permanentes para prevenir y contrarrestar los delitos ambientales que afectan los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la región.

 La Policía Nacional en Montería, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, adelanta acciones preventivas y de control para fortalecer la seguridad en las vías.

En los principales corredores viales, los uniformados realizan sensibilización, registro y control, brindando recomendaciones a conductores y viajeros sobre la importancia de adoptar comportamientos responsables y cumplir las normas de tránsito.

Estas acciones están orientadas a prevenir siniestros viales, acompañar a los viajeros y fortalecer la cultura de seguridad en las vías, promoviendo una movilidad responsable y segura para todos los actores viales.

El señor capitán Manuel Fernando Arguello Cortés, jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de Montería señalo “Nuestro compromiso es acompañar a los viajeros, prevenir siniestros viales y fortalecer la cultura de seguridad en las vías. La prevención y el comportamiento responsable son fundamentales para proteger la vida.”

La Policía Nacional continúa trabajando por una movilidad segura y por la protección de la vida en las carreteras e invita a todos los conductores y viajeros a realizar sus desplazamientos con responsabilidad respetando las normas de tránsito.