Burbuja Política

El Partido de la U se declaró oficial y formalmente como partido de gobierno para el periodo presidencial 2026-2030, según anunció la colectividad a través de un comunicado oficial tras una reunión conjunta de sus bancadas en el Senado y la Cámara de Representantes.

Con esta decisión, la colectividad busca reafirmar su compromiso con la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el trabajo en equipo para impulsar las reformas y transformaciones necesarias para el país. El partido manifestó que ejercerá esta postura respaldando las iniciativas legislativas enfocadas en el desarrollo nacional, el crecimiento económico, la recuperación de la seguridad, la reconstrucción del sistema de salud y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Varios congresistas de las comisiones económicas del Congreso comenzaron a retirarse de la sesión en la que estaban citados funcionarios del Gobierno para continuar con la discusión del Presupuesto General de la Nación 2027.

Según el secretario de la Comisión Cuarta, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el director del DNP, Julián Buitrago, no asistieron personalmente y enviaron delegados: el viceministro general de Hacienda y la subdirectora general de Inversiones del DNP.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, también delegó su participación en la directora de Planeación de esa cartera. Mientras tanto, la ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó excusa y no envió delegado.

La ausencia de varios ministros y altos funcionarios generó molestia entre algunos congresistas, en medio de una discusión clave para definir las prioridades de gasto del país para 2027.

El Consejo de Estado determinó que el derecho a la protesta no es absoluto y que quienes organicen bloqueos que causen pérdidas económicas demostrables a terceros deben asumir la responsabilidad patrimonial por esos perjuicios.

La decisión, difundida este 2 de septiembre de 2026, revoca un fallo anterior y sienta un precedente sobre los límites de la movilización social cuando esta se convierte en vía de hecho.

La Sección Tercera de la alta corte administrativa condenó de manera solidaria a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene (CJAID) y a su entonces representante legal, Sandra Patricia Ruiz Riaño, por los daños causados a Ecopetrol durante una serie de bloqueos a la Estación Chichimene, en zona rural de Acacías (Meta), entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017.

Los manifestantes impidieron el acceso a las instalaciones, restringieron el ingreso de trabajadores, contratistas, maquinaria e insumos, y en al menos un episodio ingresaron a oficinas, dañaron equipos de laboratorio y lesionaron a un contratista.

Ecopetrol suspendió temporalmente contratos y frenó la operación de varios pozos. La empresa demandó en 2019 y reclamó más de 4.056 millones de pesos por lucro cesante, argumentando “producción diferida”: barriles que no se extrajeron en el momento previsto.

El Tribunal Administrativo del Meta había negado las pretensiones al considerar que el petróleo no extraído seguía en el subsuelo y podía explotarse después.

El Consejo de Estado revocó esa tesis. Según la Sala, posponer la extracción de un recurso no renovable sí genera un daño patrimonial real: se pierde el valor del dinero en el tiempo, hay fluctuaciones de mercado y se afectan oportunidades de comercialización.

El monto exacto de la indemnización no se fijó de inmediato; se definirá en un trámite incidental de liquidación de perjuicios. También se condenó en costas a los demandados.

La corte aplicó las normas de responsabilidad civil extracontractual (artículos 2341 y 2356 del Código Civil): daño, conducta culposa o dolosa y nexo causal. Concluyó que la actuación de los demandados fue consciente, voluntaria, organizada y orientada a impedir el funcionamiento de la actividad industrial de Ecopetrol.

Ruiz Riaño, según el acervo probatorio, no solo participó, sino que fue líder visible de los bloqueos.

“Es claro que el derecho a la protesta fue utilizado en este caso como un mecanismo de presión que excedió su función constitucional y democrática en tanto generó una afectación directa al derecho de propiedad y al normal desarrollo de la actividad económica de la empresa demandante”, señala la providencia.

El Consejo de Estado reiteró que la protesta pacífica sigue siendo válida, pero tiene límites. Distingue entre una manifestación coordinada con las autoridades —por ejemplo, el cierre de un carril— y acciones que bloquean por completo vías o instalaciones, vandalizan bienes públicos o privados o atentan contra personal de convivencia.

Estas últimas, afirma, no están protegidas por la Constitución.

Este artículo contó con la asistencia de IA para la recopilación de datos y estructuración de párrafos, bajo estricta revisión y edición editorial de un periodista»

El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ratificó su promesa de campaña de “enfrentar el terrorismo sin vacilar” y dejó claro que “no vine a transigir con asesinos, extorsionadores y reclutadores de menores. Vine a derrotarlos con toda la fuerza legítima de las armas de la República y el estado de derecho”.

El Jefe de Estado, al lado del Ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora y la cúpula militar y de la Policía, dio a conocer los resultados que se lograron en operaciones de la Fuerza Pública en el departamento del Guaviare.

El Presidente De La Espriella dijo: “Anuncio al país los resultados de la Operación Azarías, llevada a cabo en Miraflores, Guaviare: el golpe más decisivo asestado por nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años. El narcoterrorista alias Tigre o Pintado, líder del Frente Carolina Ramírez, subordinado a Iván Mordisco y responsable de sembrar el terror en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, así como de ordenar cobardes ataques contra nuestro Ejército y Marina para intentar fiarnos las elecciones mediante el voto a balazos, ha sido abatido”.

“En esta operación, 23 terroristas fueron neutralizados y 6 criminales fueron capturados, incluyendo a alias Víctor, el tercer líder de la estructura. Además, se incautaron 28 fusiles, 4 ametralladoras, 3 pistolas, explosivos y abundante material bélico. También logramos rescatar a un menor, quien ahora se encuentra bajo la protección del ICBF”, infomó.

Con base en estos resultados, el Mandatario enfatizó que “se acabaron los salvoconductos y las maniobras del régimen anterior con los bienes congelados. Para los bandidos, solo queda la rendición total o la muerte en combate. Nuestra ofensiva no se detendrá mañana ni la próxima semana. La orden a nuestros comandantes es clara: recuperar cada rincón del territorio nacional y devolver la tranquilidad a los colombianos”.

Más resultados de la Fuerza Pública

De la misma manera, el Presidente Abelardo De La Espriella confirmó en la red social X que “en las últimas 24 horas, logramos 18 capturas, 7 entregas a la justicia, 4 menores rescatados y un miembro del Clan del Golfo muerto durante las operaciones. Ningún miembro de nuestra Fuerza Pública resultó muerto o herido”.

Comentó además que “asestamos duros golpes al narcotráfico: 3,316 kg de marihuana, 5 kg de cocaína, 25 kg de base de coca y 1,120 kg de hoja de coca, además de 5 laboratorios destruidos y miles de suministros y plántulas incautadas”.

Destacó que desde el 7 de agosto “nuestra Fuerza Pública ha acumulado 12,575 capturas, 38,637 kg de narcóticos incautados, 1,318 armas de fuego retiradas de circulación y 1,089.8 hectáreas de coca erradicadas. El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a erradicar con la ayuda de Dios y nuestra Fuerza Pública. Seguimos a la ofensiva, implacables contra el crimen”.

La comunidad del corregimiento de Naranjal, en jurisdicción del municipio de Moñitos, Córdoba, retuvo y entregó en las últimas horas a Brayan Rebollado y Manuel Muñiz, señalados de manera preliminar como presuntos responsables del homicidio de su amigo de infancia y vecino, Alejandro Clemente, ocurrido el pasado domingo 30 de agosto. Los dos implicados fueron entregados por terceros y trasladados bajo custodia policial hacia el municipio de Lorica para quedar a disposición de las autoridades competentes, a la espera de que se lleven a cabo las audiencias de legalización de captura y se defina su situación jurídica.

​El trágico hecho ha generado profunda consternación entre los habitantes de la zona y los familiares de la víctima, quienes recuerdan a Clemente como un hombre trabajador y de buen corazón cuyo fallecimiento dejó a cuatro menores de edad huérfanos. Mientras la comunidad exige a las autoridades celeridad y justicia para que el crimen no quede en la impunidad, la Policía y la Fiscalía aún no han emitido un reporte oficial con los detalles del caso, por lo que la presunta responsabilidad de los jóvenes deberá esclarecerse rigurosamente dentro del debido proceso judicial.

El reconocido empresario colombiano Arturo Calle se solidarizó con la dolorosa situación de María Consuelo Córdoba, quien lleva más de 26 años enfrentando graves secuelas y complicaciones de salud tras ser víctima de un ataque con ácido en Bogotá.

Tras conocer su historia en una entrevista con Caracol Radio —en la que su caso volvió a conmocionar a la nación luego de pedir públicamente la eutanasia para morir dignamente tras someterse a más de 80 cirugías y pasar tres años hospitalizada—, el empresario se comunicó con la emisora para ofrecer un importante apoyo económico enfocado en la compra de una vivienda digna para ella, haciendo un llamado a la ciudadanía a sumarse con donaciones.

​Entre tanto, la EPS Capital Salud emitió un comunicado para aclarar que la paciente cuenta con la autorización para el procedimiento de la eutanasia desde hace cuatro años y que respetarán su decisión, mientras reiteran el acompañamiento y la garantía de su atención integral en medio de este difícil proceso.

María Consuelo Córdoba llegó de Istmina a Bogotá en el 2000 y su entonces esposo le echó ácido en la cara porque ella decidió quedarse a trabajar. Estuvo internada varios años, soportó cerca de ochenta y siete operaciones y hoy respira con tubos mientras se cubre con una máscara artesanal.
Vive en un cuarto de Puente Aranda, recorre Corabastos pidiendo ayuda.

Tras 26 años de secuelas y cerca de 87 cirugías, María Consuelo Córdoba, vuelve a solicitar la eutanasia.
La mujer asegura que aún enfrenta graves dificultades físicas y necesita nuevos procedimientos.
Su caso reabre el debate sobre la muerte digna y el acceso a tratamientos.

María Consuelo sobrevivió al ácido, no al abandono. El Estado no le reconstruyó el rostro y aunque le prometió al papa no aplicarse la eutanasia, ahora pide que le dejen morir.

Con textos del periódico El Tiempo.

«Me reuní con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y con los principales directivos de The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA para revisar sus planes de inversión y crecimiento en Colombia durante los próximos cuatro años”, precisó el Presidente Abelardo De La Espriella en un mensaje publicado en su cuenta de X.

De acuerdo con el Mandatario, “estamos trabajando para atraer y consolidar inversión que genere empleo, fortalezca nuestra industria, impulse las regiones y contribuya al crecimiento económico del país”.

El Jefe de Estado anunció que, en diciembre próximo, desde Barranquilla y en el marco de la celebración de los 100 años de FEMSA, “anunciaremos al país los detalles de esta importante apuesta para el próximo cuatrienio”.

“El sector privado encontrará en este Gobierno seguridad jurídica, reglas claras y todas las condiciones para invertir, producir y generar empleo. Colombia está abierta a la inversión y lista para crecer”, puntualizó el Presidente de la República.