La Fundación Social Cordoberxia ha encendido las alarmas en el departamento de Córdoba tras revelar su más reciente reporte estadístico sobre derechos humanos y paz, correspondiente al primer trimestre de 2026. Los datos, extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contraventivo y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, muestran una tendencia ascendente y preocupante en casi todos los indicadores de criminalidad al comparar el cierre de marzo con las cifras registradas en diciembre de 2025.
El panorama es especialmente crítico en delitos de alto impacto como los homicidios intencionales, las extorsiones, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, los cuales han experimentado incrementos significativos que ponen en entredicho la efectividad de las estrategias de seguridad actuales en la región.
En el análisis detallado del departamento, se observa que conductas como las lesiones personales pasaron de 81 casos en diciembre de 2025 a 95 en marzo de 2026, mientras que los delitos sexuales prácticamente se duplicaron en el mismo periodo. Esta misma dinámica de deterioro se replica en las denominadas «Áreas de Confianza» y Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) destinadas a la desmovilización del grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (EGC).
En municipios claves como Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta, la violencia intrafamiliar y las amenazas individuales han mostrado picos alarmantes; específicamente, Tierralta y Puerto Libertador concentran la mayor afectación en cuanto a amenazas y homicidios dentro de este corredor estratégico.
Ante la gravedad de los hallazgos, Cordoberxia ha hecho un llamado directo y urgente al gobernador Erasmo Zuleta Bechara para que se defina e implemente un «Plan de Choque» que involucre a la Policía de Córdoba y la Policía Metropolitana de Montería. La organización subraya que la comparación entre el último mes del año pasado y el inicio de 2026 evidencia un desbordamiento de las conductas delictivas que requiere una intervención institucional inmediata y diferenciada, especialmente en los territorios donde se adelantan procesos de paz y desmovilización, para evitar que el escalamiento de la violencia neutralice los esfuerzos de estabilización en el departamento.
