Burbuja Política

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, lanzó fuertes cuestionamientos contra los fondos privados de pensiones durante su intervención en el Consejo de Ministros realizado este miércoles en Casa de Nariño y aseguró que esas entidades le adeudan a Colpensiones más de $27 billones correspondientes a afiliados que se trasladaron al régimen público.

“Los fondos privados de pensiones le deben trasladar a Colpensiones los recursos de los ciudadanos y ciudadanas que se pasaron a Colpensiones y que cumplieron el requisito pensional”, afirmó Dussán.

El funcionario sostuvo que la obligación está establecida en la Ley 100 y recordó que “ninguna persona podrá distribuir las cotizaciones obligatorias entre los dos regímenes del sistema general de pensiones”.

“Luego, si los ciudadanos, 109 mil, se pasaron a Colpensiones sin los recursos respectivos, esos recursos que superan los 27 billones son de Colpensiones”, enfatizó.

Durante su exposición, Dussán explicó que actualmente la entidad pública ha recibido 129.359 afiliados provenientes de los fondos privados y que ya reconoció 24.320 pensiones derivadas de esos traslados.

“Además de los trasladados y pagados aparece una nueva situación: 8.466 afiliados adicionales han consolidado hoy los requisitos para obtener una pensión”, señaló.

Según explicó, esto eleva a 32.786 las personas que obligan a las administradoras privadas a trasladar de inmediato los recursos correspondientes.

“No existe ninguna razón ni justificación legal para que las administradoras no nos giren esos recursos”, afirmó.

El presidente de Colpensiones también se refirió a las decisiones judiciales que suspendieron efectos del decreto 415 expedido por el Gobierno nacional para facilitar el traslado de recursos desde los fondos privados.

“El decreto 415 tenía el propósito no de decir que ellos nos tenían que entregar los dineros, porque eso lo dice el artículo 76 de la ley y lo dice la Ley 100. Lo que facilitó el decreto es para que los fondos privados de pensiones que nos han dicho que no tenían la plata en efectivo lo pudiéramos hacer a través de los bonos”, explicó.

Dussán aseguró que Colpensiones creó un fondo especial en la Fiduciaria La Previsora para recibir esos recursos.

“Ese fondo se llama 415 y ahí deben ser consignados los recursos por parte de las administradoras de los fondos privados”, dijo.

El funcionario reveló que la semana pasada hubo una reunión con representantes del sector privado para acordar la entrega de los recursos.

“Con ellas nos reunimos el viernes pasado y acordamos que este jueves nos entregarían esos recursos”, indicó.

Sin embargo, afirmó que poco después apareció una nueva decisión judicial suspendiendo nuevamente el decreto.

“Sorprendente es que a la reunión no asistieron los presidentes de los fondos privados sino el presidente de Asofondos y algunos jurídicos hicieron mil preguntas y al finalizar alguno dijo: ‘No vaya a ser que la otra semana tengamos sorpresa’, y la sorpresa precisamente fue encontrar rápidamente una nueva decisión del señor magistrado del Consejo de Estado”, afirmó.

Incluso insinuó que algunos sectores financieros ya conocían anticipadamente la decisión.

“Si eso dijo un banquero antes, ya sabía lo que iba a pasar”, expresó.

Dussán cuestionó además los argumentos según los cuales el traslado de recursos podría generar una crisis financiera.

“Han construido una narrativa de que este decreto producía una crisis en el mercado financiero y en el mercado de capitales del país”, señaló.

No obstante, insistió en que eso “es absolutamente falso”.

“El mismo decreto dice con absoluta claridad que las sociedades administradoras de fondos de pensiones deberán trasladar a Colpensiones los recursos acreditados en la cuenta de ahorro individual que estén representados en dinero en efectivo, títulos TES y títulos de deuda”, recordó.

El presidente de Colpensiones también defendió la estabilidad financiera de la entidad y aseguró que el crecimiento del sistema demuestra confianza de los ciudadanos en el régimen público.

“Hoy estamos en 7 millones 189 mil 828 afiliados”, indicó.

Además, destacó que “821 mil jóvenes de Colombia hoy se han sumado a Colpensiones”.

“Lo que significa es que los colombianos empiezan a creer en Colpensiones”, afirmó.

Durante el Consejo de Ministros, Dussán también entregó el balance de traslados desde cada fondo privado:

De Porvenir llegaron 65.561 afiliados.

De Protección, 38.131.

De Colfondos, 20.653.

De Skandia, 5.014.

Asimismo, aseguró que Colpensiones continuará pagando las mesadas de quienes ya obtuvieron el reconocimiento pensional.

“Le damos tranquilidad a los colombianos y colombianas. Las 24 mil personas y más que están pensionadas y las que llegarán antes de finalizar junio a 32 mil, les vamos a pagar su mesada como lo estamos haciendo en este momento”, afirmó.

Finalmente, advirtió que podrían presentarse acciones judiciales masivas contra los fondos privados si persiste la negativa de trasladar los recursos.

“Seguramente este fin de semana y la próxima semana son cientos de miles de tutelas que le van a llegar a los fondos privados de pensiones diciéndoles: ‘Por favor pase la plata a Colpensiones, pues la plata es mía’”, concluyó.

A menos de tres semanas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente, la Misión de Observación Electoral (MOE) emitió un preocupante diagnóstico durante la 13° Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral.

El organismo reveló una actualización del Mapa de Riesgo Electoral por factores de violencia, advirtiendo que 386 municipios del país presentan algún nivel de amenaza. La situación es especialmente alarmante en 139 poblaciones categorizadas bajo riesgo extremo y 122 en riesgo alto, concentrándose la mayor criticidad en los departamentos de Cauca y Antioquia, seguidos por una vigilancia especial sobre Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.

Respecto a la influencia de actores ilegales, la MOE detalló que en el 57 % de los municipios con puestos de votación rurales se registra la presencia de al menos un grupo armado. El informe técnico destaca que en el 37 % de estas zonas rurales existen disputas activas entre múltiples estructuras criminales, lo que genera un escenario de vulnerabilidad para el proceso democrático.

No obstante, tras un análisis estadístico de los resultados de las pasadas legislativas de 2026, la Misión aclaró que no se halló una correlación directa entre la presencia de estos grupos y el éxito electoral de una organización política específica, aunque insistió en monitorear restricciones a las campañas y actos de vandalismo contra sedes y propaganda.

De cara a la jornada del 31 de mayo, la organización expresó una profunda preocupación por las barreras financieras y los retrasos en la entrega de anticipos para las campañas presidenciales. A solo 19 días de los comicios, la MOE advierte que esta falta de recursos afecta la equidad de la contienda. A esto se suma el crecimiento de narrativas de desinformación contra las autoridades electorales, impulsadas peligrosamente por el uso de inteligencia artificial para la creación de deepfakes y audios manipulados que buscan exacerbar la polarización y sembrar desconfianza en el sistema de votación.

Finalmente, el organismo de observación hizo un llamado contundente a garantizar una jornada inclusiva y libre de ataques personales. La MOE rechazó las publicaciones que buscan desacreditar candidaturas basándose en el género o la orientación sexual, denunciando una persistencia de ataques contra mujeres candidatas. Asimismo, alertó sobre fallas críticas en la implementación de los protocolos diseñados para asegurar el derecho al voto de las personas trans y personas con discapacidad, instando a las entidades competentes a corregir estos vacíos antes del cierre del ciclo electoral.

Así lo confirmó el jefe de Estado durante el Consejo de Ministros de este miércoles, en el cual explicó que la situación de quienes tengan pedidos de extradición vigentes serán “objeto de evaluación posterior por parte del presidente de la República. ¿Por qué? Porque la Ley 2272 (de 2022) faculta al presidente a suspender órdenes de extradición si el proceso de paz es avanzado».

Informó que este tema ya es materia de discusión con el gobierno de Estados Unidos, al cual se le propuso una mesa para abordar el tema.

Comentó que “le pregunté a una persona que goza de representación diplomática del gobierno de Estados Unidos en Colombia, si desmantelar una economía ilícita en un territorio concreto, sur de Nariño, Putumayo o Catatumbo, era mejor que extraditar al responsable que hubiese de tráfico en ese territorio al frente de una organización GAO, como se denomina por la ley, Grupo Armado Organizado. Inmediatamente se me dijo: la extradición».

Ante esto, aseguró que “creo que es el desmantelamiento de la economía ilícita», pero dejó claro que “esa discusión está abierta en la relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se hizo en el gobierno de (Juan Manuel) Santos», cuando “se suspendieron órdenes de extradición a cambio de la desmovilización de 16 mil combatientes de la Farc en ese entonces».

“En mi opinión, y lo dije en debate en el Congreso de la República, el sabotaje a ese proceso comenzó cuando se hizo una trampa para sacar a uno de los firmantes del proceso como un narco después de la firma del proceso de paz. Trama, porque ese fue mi último debate en el Senado», añadió.

En este sentido, enfatizó que a partir de ese momento creció la violencia en el país, porque “hicieron trizas la paz, aunque muchos combatientes que firmaron, hoy excombatientes, han aceptado las condiciones en las que están, con un proceso de paz golpeado por el mismo Estado de Colombia».

“Después todo eso se rompió, la palabra se incumplió. Partes de esas que hoy llaman disidencias no firmaron el acuerdo con Santos. Y continúa el conflicto», acusó.

Al referirse a los procesos que se adelantan, aclaró que este Gobierno lo está haciendo por otra vía, “que no tiene que ver con una alianza con el narcoterrorismo, como intentan hacer ver los procesos de negociaciones de paz, que siempre, en todas sus reuniones, están vistos con garantía, con una supervisión, si se quiere, de gobiernos extranjeros».

Con base en lo anterior, dijo que las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) “en esas zonas de erradicación de economías ilícitas, se ubican, como se ha determinado, y la orden que daré, por escrito, es que la Fuerza Armada de Colombia cuida hasta que se resuelva la desmovilización y salida de la violencia hoy de centenares de combatientes que entrarán, y seguramente próximos gobiernos, miles, en el próximo, porque esto no va para más allá, miles para salir de la violencia».

“No solo en GAO, sino en bandas urbanas, en sitios de alta violencia urbana en Colombia: Barranquilla, Quibdó, Buenaventura, espero, Tibú, y yo creo que Medellín, que hay que reactivar muy bien, porque ha tenido éxito, y esperamos Cali, Palmira, Jamundí, Bogotá, Puerto Tejada es una de las regiones que es una cosa inédita, vamos a aprender mucho de la paz urbana, pero de la paz rural sí que hemos aprendido mucho y se va a aplicar la ley y la Constitución», anotó.

Y enfatizó que se harán “por competencia del Presidente de Colombia, y esas competencias no se quitan por ningún otro poder público, a menos que el mandato de la Constituyente lo haya ejercido en el 91 e hizo lo contrario, u otro Constituyente lo haga que no es más que el pueblo colombiano en el futuro».

Colpensiones, administradora del régimen público de prima media de pensiones, realizará entre el 19 y el 25 de mayo entrantes la ‘Semana Nacional del Traslado’, una jornada en la que los interesados que cumplan los requisitos de ley podrán trasladarse a la entidad desde los fondos privados de pensiones.

La jornada se realizará en todos los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) del país de 8 a.m. a 4 p.m., donde los usuarios podrán acceder a un servicio integral que les permitirá recibir la Doble Asesoría y realizar el trámite de traslado en una sola visita, sin necesidad de citas previas ni procesos adicionales.

Se trata de una de las últimas oportunidades para los trabajadores y trabajadoras que, cumpliendo los requisitos de edad y semanas cotizadas, estén interesados en trasladarse a Colpensiones desde los fondos privados, o viceversa, ya que esa ventana de oportunidad vence el 16 de julio entrante.

La iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional, hoy en revisión de la Corte Constitucional), que habilitó una ventana de oportunidad para que miles de colombianos evalúen su situación pensional y, si así lo deciden, se trasladen a Colpensiones en condiciones favorables.

La ventana de oportunidad (traslado de régimen) podrá ser aprovechada por mujeres de 47 años o más con al menos 750 semanas cotizadas, y hombres de 52 años o más con 900 semanas o más cotizadas, que además no hayan solicitado pensión en su fondo privado.

​Así funciona​rá la jornada

1- El ciudadano se acerca a cualquier PAC de Colpensiones en el país.

2- Recibe la Doble Asesoría o la complementa si ya tomó una de las dos.

3- Si decide trasladarse, el trámite se realiza de inmediato.

No se requieren citas previas ni documentación especial, y la cobertura de atención será a nivel nacional.

Según cifras de Colpensiones, desde el 16 de julio de 2024, cuando fue aprobada la Ley 2381, hasta el 31 de enero de 2026, un total de 157.098 personas habían realizado asesoría tanto con Colpensiones como con fondos privados, es decir la Doble Asesoría, paso obligatorio para el traslado de régimen pensional.

De ese total, a la fecha 119.619 han hecho efectivo su traslado hacia Colpensiones, y de ellos alrededor de 25 mil afiliados ya han cumplido los requisitos para acceder al derecho de la pensión.