Burbuja Política

El presidente Gustavo Petro reaccionó con vehemencia ante las recientes declaraciones de la exconsejera Sandra Ortiz, quien afirmó haber sido presionada por la Fiscalía para declarar contra ministros. A través de su cuenta en X, el jefe de Estado denunció lo que considera una estrategia judicial orquestada para desestabilizar su administración, calificando el uso del principio de oportunidad como una herramienta de persecución política.

El Jefe de Estado arremetió contra la gestión de los fiscales a cargo de los procesos de corrupción, mencionando específicamente al exfiscal Mario Burgos. Según Petro, la justicia ha desviado su propósito original de encontrar la verdad para centrarse en un objetivo político: «destruir un gobierno».

En un tono personal y cargado de indignación, el presidente recordó el proceso de su hijo, Nicolás Petro, señalando que se llegó incluso a la «tortura psicológica» para forzar acusaciones falsas en su contra.

La crítica del mandatario no se detuvo en el pasado. Petro señaló directamente a la «fiscal heredera de Burgos», acusándola de extender la presión judicial hacia su círculo más íntimo.

“Ahora no solo quiere poner preso a mi hijo, exhibe a mi nieto, menor de edad, y quiere poner presa a su madre”, denunció el mandatario, cuestionando la ética y el proceder del ente acusador frente a menores de edad.

Estas declaraciones se dan en un momento crítico, justo cuando el escándalo de la UNGRD entra en una etapa definitiva. Mientras la Fiscalía avanza en las imputaciones por el saqueo de la entidad, el presidente sostiene que el organismo está siendo utilizado para que exfuncionarios, como Sandra Ortiz, señalen a sus ministros bajo supuestas coacciones.

El ambicioso plan del Gobierno Nacional para reorganizar el mapa de la salud en Colombia sufrió un nuevo y contundente tropiezo. El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto que pretendía convertir a la Nueva EPS en el operador único de salud en más de 500 municipios, calificando la medida como «desproporcionada» y un riesgo para los derechos fundamentales de los pacientes.

La norma establecía que las EPS con menos del 3% de afiliados en un departamento dejarían de operar en ese territorio, y sus usuarios serían trasladados principalmente a la Nueva EPS. Para el alto tribunal, esta medida podría afectar el derecho fundamental a la salud, al limitar la libre escogencia de EPS y poner en riesgo la continuidad y calidad del servicio.

Asimismo, advirtió que concentrar a los usuarios en pocas entidades, algunas con dificultades financieras, podría generar más problemas en la prestación del servicio. El Consejo de Estado también señaló que el decreto podría implicar un retroceso en las condiciones actuales del sistema de salud, al reducir las opciones disponibles para los usuarios.

La suspensión es provisional mientras se adopta una decisión de fondo. El Consejo de Estado continuará estudiando el caso y tomará una decisión definitiva más adelante. Esta decisión se da en el marco de un proceso de nulidad simple interpuesta por la congresista Katherine Miranda, quien se suma a otros sectores civiles que consideran la norma una «amenaza a los intereses colectivos».

Con esta medida cautelar, el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, queda impedido para ejecutar los traslados masivos hasta que no se produzca un fallo de fondo. Por ahora

Desde su reclusión en la Escuela de Carabineros en Bogotá, la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz , rompió el silencio con una grave acusación: asegura que su imputación y medida de aseguramiento son el resultado de una presión política por parte de la Fiscalía General de la Nación, al no haber entregado testimonios contra altos miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro.

Ortiz, señalada como la presunta «mensajera» de $3.000 millones destinados a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, afirmó que el ente acusador le condicionó su libertad a cambio de pruebas incriminatorias.

“Me dijeron: si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar. Entendí que esto no era un tema jurídico, sino político”, sentenció Ortiz durante la audiencia, sugiriendo que su situación es una represalia por su cercanía al Jefe de Estado.

A pesar de sus declaraciones, la justicia mantiene un cerco firme sobre la exconsejera. Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, en un proceso que hoy se encuentra en la etapa de audiencias preparatorias.

Mientras tanto, la defensa aguarda que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva una apelación contra la medida de aseguramiento, intentando desmontar la tesis de la Fiscalía que la ubica como pieza clave en el engranaje de corrupción de la UNGRD.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó que identificó hallazgos financieros en la administración de más de $540.000 millones de recursos públicos del programa Crédito Beca, operado por Colfuturo, los cuales, según la entidad, no han sido aclarados de manera satisfactoria.

De acuerdo con el Ministerio, la revisión abarca el periodo entre 2009 y 2022, durante el cual Colfuturo administró los recursos destinados a la formación de colombianos en el exterior sin separar las cuentas correspondientes a fondos públicos de sus propios recursos. Esta situación, señaló la cartera, habría derivado en la distribución de rendimientos financieros estimados en $4.800 millones mediante un prorrateo interno que no fue documentado ni reportado.

En relación con el periodo entre 2009 y 2016, el Ministerio indicó que, pese a requerimientos formales, no se entregó la documentación contable asociada a la gestión de $247.025 millones en el marco del Convenio 624 de 2009. Según la entidad, la afirmación de que no existieron excedentes de liquidez “no cuenta con soporte verificable”.

El informe también advierte cambios en la gestión de los recursos en los últimos años. Mientras en 2019 el 94 % de los fondos estaba invertido en instrumentos que generaban rentabilidad, para diciembre de 2024 el 93 % se encontraba en cuentas sin retorno. Entre los hallazgos se menciona una cuenta con aproximadamente 7 millones de dólares que permaneció inactiva por más de un año, con rendimientos dejados de percibir estimados en $2.755 millones.

Adicionalmente, el Ministerio señaló que el 96 % de los recursos estaría concentrado en Panamá, sin que esta situación esté contemplada en los convenios ni relacionada con los objetivos del programa. Asimismo, indicó que durante 14 años los recursos fueron administrados sin segregación de cuentas y sin información contable verificable, lo que dificulta establecer con precisión los rendimientos financieros generados.

Entre otros aspectos, se identificó un depósito por 114.000 dólares a nombre de una sociedad en Panamá, cuya relación con el programa no ha sido justificada.

El Ministerio de Ciencia reiteró su compromiso con la correcta ejecución de los recursos públicos y la protección de los beneficiarios del programa Crédito Beca, mientras continúan las verificaciones sobre estos hallazgos.

En su labor de proteger los derechos de los consumidores, en especial el acceso a productos agropecuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con multas económicas a la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos, y a otras dos personas vinculadas a su organización.

La entidad de control informó que, mediante la Resolución No. 32553 del 30 de abril de 2026 impuso multas por valor de $260.063.219 a la sociedad Corabastos, y de $71.288.570 a las personas naturales vinculadas.

La SIC estableció que Corabastos y los dos particulares infringieron la Ley 155 de 1959 realizaron conductas orientadas a restringir el mercado de comercialización de bienes y servicios agroalimentarios, así como de servicios complementarios en sus instalaciones.

La investigación administrativa demostró que la Corporación modificó, en 2022, su Reglamento Interno de Funcionamiento para impedir el ingreso de comerciantes con determinadas características conductas con las los que se impidió la participación de nuevos agentes y de excluir presiones competitivas que habrían podido traducirse en mejores condiciones de precio, calidad y variedad para minoristas, tiendas de barrio y consumidores que acuden a la central de abastos.

En consecuencia, la entidad concluyó que se vulneró el derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre diversas opciones de oferta de productos agroalimentarios.

Además de las sanciones, la SIC ordenó a los sancionados eliminar de inmediato los elementos anticompetitivos identificados. En particular, ordenó a Corabastos ajustar su normativa interna para prevenir la reiteración de estas conductas, garantizando que su operación se sujete al régimen de libre competencia económica y que se asegure el acceso equitativo a esta infraestructura.

La entidad de vigilancia y control recordó en su decisión que Corabastos es el mercado mayorista más grande del país, por donde pasa más del 30% del abastecimiento nacional de productos, según datos del Dane. Esto la convierte en una infraestructura estratégica para la seguridad alimentaria.

La Superintendencia aclaró que la decisión está en proceso de notificación y, por tanto, no está en firme. Contra ella procede el recurso de reposición ante el Despacho de la SIC.