La disputa por la curul que dejó Gustavo Ricardo Negrete Bonilla en la Asamblea Departamental de Córdoba ha saltado del terreno político al judicial. El exdiputado confirmó que radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades documentales que involucran a la directiva de su antiguo partido.
A través de sus canales oficiales, Negrete Bonilla informó que la acción legal apunta a los presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. El nombre que figura en el centro de la denuncia es el de Sandra Ovalle García, quien actúa como representante legal del partido Nuevo Liberalismo.
Aunque los detalles específicos del sustento probatorio se mantienen bajo reserva por la etapa temprana del proceso, el exdiputado busca que el ente acusador determine si hubo manipulación de documentos o engaño a la administración de justicia en trámites relacionados con su colectividad.
Este movimiento jurídico no es aislado. Se da en medio de una intensa controversia tras la renuncia de Negrete a la Asamblea y su posterior adhesión al movimiento En Marcha. El fondo del conflicto radica en el control de la vacante en la corporación departamental:
Negrete renunció a su curul y se apartó del Nuevo Liberalismo.
Existe un debate jurídico sobre quién tiene el derecho legítimo de ocupar ese escaño y bajo qué condiciones de militancia.
Por ahora, el caso se encuentra en indagación preliminar. Corresponderá a los peritos de la Fiscalía evaluar si la denuncia presentada por el exdiputado tiene el mérito suficiente para convertirse en una investigación formal que vincule a Ovalle García.
Mientras la justicia avanza, en los pasillos de la política cordobesa crece la expectativa por las implicaciones que este proceso podría tener en la conformación de la Asamblea y en la estabilidad jurídica de las credenciales del partido involucrado.
