Ante el fracaso del sistema judicial para frenar el horror, el candidato presidencial propone que el pueblo decida la severidad de las penas y anuncia un régimen de inhabilidades permanentes para abusadores.
Para Abelardo De La Espriella, líder de Defensores de la Patria y candidato a la presidencia en 2026, Colombia atraviesa una crisis moral y jurídica frente a la violencia contra nuestros niños y niñas.
Por ello propone que el país adopte de manera urgente sanciones verdaderamente ejemplarizantes contra quienes asesinan y violan a menores de edad. Las cifras son devastadoras: en 2024 se registraron 1.715 homicidios de menores, cinco niños y niñas asesinados cada día, y más de 75.000 denuncias por abuso sexual infantil, lo que equivale a ocho niños y niñas violadas cada hora en Colombia. Esta realidad no admite ambiguedades ni tibiezas institucionales.
Tras la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de declarar inexequible el acto legislativo que establecía la cadena perpetua para estos crímenes atroces, el país debe formular una pregunta directa y democrática: ¿prima la dignidad de las víctimas o la de los violadores y asesinos? Abelardo De La Espriella impulsará que esta discusión sea resuelta por el pueblo colombiano, mediante los mecanismos constitucionales disponibles, para que la soberanía popular determine si estos delitos merecen cadena perpetua o penas que, sin eufemismos, resulten realmente ejemplarizantes y proporcionales a la magnitud del daño causado.
Sin perjuicio de lo anterior, la respuesta del Estado no puede limitarse al castigo. Es indispensable una política integral que combine sanción severa y prevención efectiva. Por ello, se implementarán: . Campañas educativas orientadas a detectar agresores dentro del entorno familiar. Líneas de atención inmediata que permitan separar de manera urgente a los menores de contextos de violencia. Capacitación obligatoria para docentes en colegios públicos y privados en identificación temprana de señales de abuso y protocolos de actuación.
Asimismo, se propondrá un régimen estricto de penas accesorias para agresores condenados, que incluirá: inhabilidad permanente para ejercer como docentes, directivos o trabajadores administrativos en instituciones educativas públicas o privadas. » inhabilidad para ocupar cargos o desempeñar funciones públicas relacionadas con la protección de los derechos de los niños y las niñas. . Prohibición de trabajar en escenarios deportivos o en espacios frecuentados por menores de edad.
