El Gobierno de Colombia, a través de su Cancillería, emitió un contundente rechazo a las recientes declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aclarando que la eliminación de los aranceles bilaterales a partir del 1 de junio de 2026 no obedece a un pacto político ni a un gesto de «buena voluntad» hacia el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Según el comunicado oficial, la medida responde estrictamente al cumplimiento de órdenes perentorias dictadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), las cuales obligaban a Quito a desmontar dichas restricciones comerciales, así como a advertencias de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los riesgos económicos de mantenerlas.
El Ejecutivo colombiano calificó el episodio como una «deliberada injerencia en el proceso electoral en curso», denunciando que la instrumentalización de decisiones técnicas y comerciales dentro de una campaña política vulnera de forma flagrante el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. En el documento, Bogotá enfatizó que vincular determinaciones de carácter institucional a coyunturas electorales desdibuja el fundamento jurídico andino, genera incertidumbre en los sectores productivos y atenta contra la soberanía nacional y el sistema democrático.
Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reafirmó que los asuntos de integración económica deben gestionarse bajo criterios técnicos y al margen de los debates políticos internos.
En reciprocidad al restablecimiento de las condiciones del marco normativo andino, el Gobierno colombiano anunció que procederá de igual forma a derogar las medidas de mitigación que había implementado en respuesta a las restricciones ecuatorianas, buscando restablecer la simetría comercial y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones de manera formal y soberana.
