El escándalo de corrupción de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), que investiga el millonario desvío de recursos del Sistema General de Regalías, escaló hasta los niveles más altos del Gobierno nacional. La Fiscalía General de la Nación anunció la compulsa de copias para investigar penalmente a la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y a la exviceministra Lilia Tatiana Roa Avendaño (actual miembro de la junta directiva de Ecopetrol), por presuntas irregularidades en la adjudicación de megaproyectos ambientales.
De acuerdo con el ente acusador, la organización criminal infiltrada en AREMCA habría diseñado un esquema contractual ilícito para asegurar la entrega «a dedo» de más de 100 contratos que suman cerca de medio billón de pesos. A través de un manual de contratación modificado, el grupo direccionaba licitaciones de saneamiento, agricultura y obras civiles hacia consorcios con oferentes únicos, evadiendo la libre competencia a pesar de que la asociación carecía de la idoneidad técnica necesaria.
Los millonarios convenios bajo sospecha
La investigación penal contra los altos cargos del Ministerio se sustenta en dos resoluciones específicas que entregaron millonarias partidas en el departamento del Cesar:
Resolución 1339 de septiembre de 2025: Firmada bajo la gestión de la ministra Irene Vélez, avaló la designación de AREMCA para ejecutar un proyecto de restauración ambiental por $24.240 millones de pesos. Según la Fiscalía, el convenio terminó en manos del consorcio Restaurando el Cesar sin una puja real de ofertas.
*Resolución 1866 de diciembre de 2024: Emitida por la exviceministra Lilia Tatiana Roa, asignó $19.195 millones de pesos para intervenir el complejo cenagoso de la Zapatosa. El contrato se adjudicó de manera directa al único postulante, el consorcio Ciénaga de Zapatosa.
Por este entramado ya han sido capturadas nueve personas, entre ellas Emilia Álvarez Guerrero, exdirectora ejecutiva de la asociación. Mientras la Fiscalía sostiene que estos actos administrativos fueron el origen de una cadena de ilícitos, el caso entra en una etapa crucial con los recientes acercamientos de Gustavo Bolaños Pastrana, considerado el cerebro del fraude, quien busca negociar un beneficio judicial con la justicia colombiana.
