La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, recuperará su libertad en las próximas horas. Pese a la gravedad de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias que se le imputan, el proceso judicial superó los plazos máximos permitidos por la ley sin que se iniciara el juicio, obligando a su excarcelación por vencimiento de términos.
Ortiz es una pieza central en el rompecabezas de corrupción de la UNGRD. Según las revelaciones de Sneyder Pinilla, la exfuncionaria habría actuado como el puente para entregar una maleta con 3.000 millones de pesos en efectivo a Iván Name, entonces presidente del Senado. Las pesquisas indican que el dinero habría pasado por manos de familiares de Name y el fallecido esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, alias ‘Pedro Aguilar’.
La libertad de la excongresista por el Partido Verde llega tras meses de lo que la Fiscalía calificó como estrategias dilatorias. Entre los recursos utilizados por su defensa estuvo la afirmación —posteriormente desmentida por el ente acusador— de que se le estaba presionando para señalar a ministros del gabinete de Gustavo Petro a cambio de beneficios.
Aunque Sandra Ortiz seguirá vinculada formalmente al proceso y las pruebas en su contra (como registros de geolocalización y testimonios) se mantienen en firme, este giro judicial representa un duro golpe a la celeridad que el país exigía en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
