Categoría: Ambiente

Tras un riguroso análisis jurídico y agotado el debido proceso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), terminó unilateralmente el contrato con el consorcio RCG, encargado de las obras en el sector de
Caregato, en la subregión de La Mojana. La Unidad, como entidad contratante, vela por la prestación del servicio
público y la protección del interés general sobre el particular, y en este caso, la opción más eficaz, ante las circunstancias que amenazan al pueblo mojanero, es la terminación unilateral.
Esta decisión se fundamenta en que el cierre del boquete no se concretó, y no podrá lograrse con los diseños y el método constructivo empleados, por lo tanto, invertir el saldo restante del contrato, más de 100 mil millones de pesos, constituiría una gestión antieconómica e ineficiente con los recursos del Estado.
Luego de intensos diálogos, múltiples requerimientos y en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el pueblo mojanero, la UNGRD tomó la decisión de declarar la terminación unilateral, es importante destacar que el consorcio RCG no presentará recursos contra la entidad y se someterá a un tribunal de arbitramento para resolver las controversias sobre las cantidades de obra ejecutadas. El pago de las contraprestaciones reclamadas por el consorcio RCG harán parte de la liquidación del contrato.

Para garantizar un proceso de liquidación transparente y equitativo, la UNGRD propuso la implementación de un arbitraje en derecho, que será gestionado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Con esta decisión, la UNGRD libera $103 mil millones de pesos que serán invertidos de manera inmediata en el boquete, la Unidad contratará una obra de emergencia a cargo de la Subdirección de Manejo y de manera paralela avanzará en los estudios para estructurar un proyecto duradero que responda a las necesidades de la región, al principio de planeación y permita recuperar el cauce del rio Cauca.
Cabe recordar que el dique se volvió a romper el pasado seis de mayo, apenas dos meses después de que el contratista RCG reportara el cierre. Hoy el boquete tiene una longitud de 62.8 metros. La terminación unilateral del contrato es una decisión debidamente motivada que está respaldada por precedentes establecidos por el Consejo de Estado, que refuerzan la legalidad de la terminación cuando las condiciones del servicio público así lo requieran.
La UNGRD, bajo la dirección de Carlos Carrillo, reafirma su compromiso con las comunidades de La Mojana y con su bienestar. Esta medida no solo busca salvaguardar la vida y los recursos públicos, sino garantizar que se realicen las obras necesarias para la región y que su ejecución sea efectiva y en el menor tiempo posible.
Como solución a largo plazo, en un esfuerzo interinstitucional, el Fondo de Adaptación avanza en el proyecto de Dinámicas Hídricas que garantizará una inversión por $1.1 billones de pesos en obras estructurales y no estructurales para la región.

Para fortalecer la participación de las mujeres en la Conferencia de las Partes (COP16) que se desarrollará este año en Colombia, en la segunda quincena de octubre, durante dos días (4 y 5 de septiembre) se desarrolla en Barranquilla el Encuentro Nacional de Mujeres Cuidadoras del Territorio y la Vida, el cual reúne a redes, organizaciones de mujeres cuidadoras, defensoras y lideresas de diversas regiones del país.

Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, manifestó sobre esta iniciativa: “Este encuentro Nacional de Mujeres Cuidadoras del Territorio y la Vida es la oportunidad de transversalizar el enfoque de género en la actualización del Plan de Acción en Biodiversidad, construir una estrategia para la implementación a nivel nacional del Plan de Acción de Género del Convenio de Diversidad Biológica y fortalecer la participación incidente de las mujeres anfitrionas en la COP16″.

La formulación del Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (PAB) se da en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el País y articulando las disposiciones y decisiones nacionales expresadas en los diferentes instrumentos de política pública.

El espacio en Barranquilla permitirá recoger los conocimientos, propuestas y recomendaciones, principalmente de mujeres que habitan territorios en los que persiste aún gran parte de la biodiversidad del país, acorde con la meta 23 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming Montreal.

Esta meta plantea el reconocimiento de las mujeres en la conservación de la naturaleza y busca asegurar su participación en la toma de decisiones relacionadas con la defensa de la vida, el medio ambiente, el acceso a la tierra y a los recursos naturales.

​Mujeres anfitrionas de la CO​P16

El Ministerio de Igualdad y Equidad ha liderado un proceso de articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía Distrital de Cali, la secretaría de la Convención de Diversidad Biológica (CDB), ONU Mujeres, GIZ, PNUD y las Organizaciones sociales, colectividades y redes de mujeres en sus diversidades, con quienes se construyó la ruta #MujeresEnLaBiodiversidad.

Con esta alianza se busca brindar herramientas que fortalezcan la participación de las mujeres nacionales como anfitrionas de la COP16. Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, agradeció a las mujeres que vienen liderando este proceso participativo “por contribuir a preservar el medio ambiente y establecer acciones colectivas que permiten frenar el cambio climático».

‘Paz con la naturaleza’ es el eslogan del COP16 que se desarrollará en Cali, del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año.

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible celebró la decisión de la Honorable Corte Constitucional que le dio “luz verde» a la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este fallo representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de quienes protegen la naturaleza.

“Es una excelente noticia ad portas de la COP16, la decisión de la Corte Constitucional de darle luz verde al Acuerdo de Escazú. ¿Qué implica el Acuerdo de Escazú para la ciudadanía? Significa la garantía de sus derechos de participación en las decisiones ambientales, que las autoridades ambientales, las empresas, tenemos que dar información transparente sobre esas decisiones y además que tenemos que garantizar los derechos de los defensores ambientales para que no sean estigmatizados y defender también su vida», afirmó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

La ministra agregó que “esto genera una capacidad mayor de la ciudadanía de incidir en las decisiones ambientales y también, obviamente, una mayor democracia para el país».

Asimismo, manifestó que la aprobación del Acuerdo es un reconocimiento a todas las organizaciones ambientales y ciudadanías que por varios años se movilizaron para que hoy sea una realidad.

“Con el Acuerdo de Escazú, Colombia se vuelve corresponsable con otros estados que ya ratificaron el acuerdo en América Latina y por lo tanto rendiremos cuentas ante el mundo sobre la democracia ambiental en el país», sostuvo.

La decisión de la Corte Constitucional, que se dio en el marco del control constitucional de la Ley 2273 de 2022, es coherente con la sólida línea jurisprudencial en materia de derechos humanos que ha caracterizado a la Corte.

Este aval se da tras dos años de su ratificación en el Congreso de la República gracias al trabajo del Gobierno del Cambio. Con Escazú se fortalece la estructura del Estado colombiano para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, aspectos esenciales para la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

Como parte de las actividades previas a la COP16 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lidera la Cumbre Campesina con la participación de organizaciones y asociaciones, que ratificarán el compromiso del campesinado y las comunidades étnicas con la conservación y protección de la biodiversidad.

Reforma Agraria, soberanía alimentaria, biodiversidad y territorialidad conservación de convivencia y bioeconomías populares son las líneas temáticas sobre las que se desarrollará la agenda académica de la Cumbre Campesina rumbo a la COP16, que tendrá lugar este 29 y 30 de agosto en Fusagasugá (Cundinamarca).

“Esta Cumbre Campesina será el espacio para escucharlos, aprender de sus experiencias y casos de éxito y demostrar que solo habrá justicia agraria y ambiental cuando sus voces sean tenidas en cuenta en las decisiones y medidas que propenden por la sostenibilidad de nuestro planeta», dijo la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

En el mismo sentido, agregó que “la paz con la naturaleza no es posible sin los saberes del campesinado y las comunidades étnicas, los grandes guardianes de nuestros suelos, ríos y mares; los grandes cuidadores del medio ambiente, garantes de la conservación de la biodiversidad».

La Cumbre Campesina contará con la participación de aproximadamente 400 personas que hacen parte de organizaciones que podrán escuchar las plenarias magistrales, declaraciones políticas, ponencias y demás espacios académicos que se han dispuesto durante los dos días de agenda.

Las 30 ponencias que hacen parte de la agenda se seleccionaron de un total de 999 propuestas, a través de un comité organizador en el cual participaron académicos y representantes de las organizaciones campesinas colombianas y latinoamericanas.

Mercado campesino en la Cumbre

​Este evento también tendrá un mercado campesino que ofrecerá una amplia variedad de frutas, verduras, hortalizas, derivados lácteos y productos transformados para consolidar la importancia de la Agricultura Campesina, Familiar, Comunitaria y Étnica como parte de la estrategia de convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria.

La Cumbre Campesina finalizará con la declaración conjunta entre las ministras de Agricultura y su homóloga de Ambiente, Susana Muhamad, así como la declaración del movimiento campesino para refrendar el compromiso del sector agrícola con la conservación de la biodiversidad, la producción de alimentos sostenibles y la paz con la naturaleza.

La Cumbre Campesina es apoyada por Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes; Ministerio de Ambiente, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Unión Europea, la Agencia Italiana para la Cooperación y el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Universidad de Cundinamarca, la Alcaldía de Fusagasugá y Gobernación de Cundinamarca.

 

 

En el marco de la 14ª Conferencia Anual IDRiM, realizada en la ciudad de Cartagena, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, se refirió a los desafíos y proyecciones estructurales que están desarrollando alrededor de La Mojana.

En este sentido, el alto funcionario destacó que actualmente se está realizando un proyecto de dinámicas hídricas, con una inversión de $2,5 billones.

» Esto no solo es para retomar el cauce del río Cauca, sino para reconstruir el tejido productivo y que los campesinos puedan cubrir las deudas que tienen hoy por parte de algunos sectores arroceros. No queremos una chambonada como la que dejó Olmedo López, que solo fue tirar arena”, agregó Carlos Carrillo.

La  CVS llegó al municipio de Canalete, llevando conocimientos y acciones ambientales para promover el aprovechamiento de residuos y la articulación entre actores de la cadena de reciclaje.

En un dinámico taller sobre “Aprovechamiento de Residuos, Innovación y Sostenibilidad”, los asistentes se sumergieron en temas cruciales como la separación de residuos y la reducción de plásticos de un solo uso.

Mezclando teoría y práctica, los participantes del taller aprendieron a elaborar abono orgánico, aplicando de inmediato sus nuevos conocimientos.

Esta iniciativa, respaldada por la Alcaldía Municipal, el negocio verde ECOVIDA y la Institución Educativa San José, busca sembrar hábitos sostenibles en la comunidad.

En las instalaciones de la estación de bombeo de aguas residuales de Ciénaga de Oro, el alcalde Alejandro Mejía, le hizo un reclamo al operador AQUALIA por la deficiente infraestructura de la misma. Señala el mandatario que en la EBAR las bombas no funcionan y prende las alarmas porque el alcantarillado puede colapsar.

Hagamos memoria.

La problemática del alcantarillado del barrio San Isidro es un mal que él incubó con un contrató de su primera administración por más de 13 mil millones de pesos para la construcción del alcantarillado, el cual nunca ha funcionado correctamente, y sobre ese tema hay denuncias en los organismos de control.

El alcalde descubrió que el agua moja: el problema de las bombas en la EBAR es algo que ya lo denunció en su momento el entonces concejal Segundo Sáenz, hoy aliado del gobierno de Alejandro Mejía, quien en aquella denuncia se refirió, además, a las irregularidades en las obras del alcantarillado del barrio San Isidro.

Por cosas del destino hoy el alcalde y el exconcejal están del mismo lado.

¡Ojo alcalde ese reclamo al operador AQUALIA! encierra una narrativa de engaño a su pueblo.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, anunció que el Gobierno Nacional busca una solución de fondo integral para la Región de La Mojana por 2.5 billones de pesos.

Expresó que más que la construcción de un terraplén, se debe recuperar el tejido productivo, sacando de la crisis económica al campesinado y a los ganaderos de esa zona del país.

“El Estado no puede seguir indolente con la subregión y los habitantes de la Mojana”, expresó el funcionario.

Carillo anunció para esta semana anuncios importantes relacionados con las obras para el boquete de Caregato.

_Al revisar los 2.094 proyectos en riesgo, que suman más de $12 billones, el informe de DNP plantea las siguientes irregularidades: 1.497 proyectos presentan plazo de ejecución vencida, 301 proyectos tienen todos los contratos suspendidos y 296 proyectos tienen todos los contratos suspendidos y con plazos vencidos._

_Entre 2017 y 2024 se aprobaron 19.393 proyectos, por valor de $68,54 billones, de los cuales el 55% ($38 billones) fueron aprobados entre 2021 y 2023, representando así los años de mayor concentración de recursos de la historia._

_“Es aterrador que se haya reformado una norma en el 2020 por el gobierno de Iván Duque para anticipar 3,4 billones de pesos. Lo que encontramos es que ese fue el año donde mayor asignación de recursos de regalías se hicieron en el OCAD Paz y en regalías generales, por 17 billones de pesos, previo a las elecciones de Congreso y a las elecciones de Presidencia”, indicó el director de DNP, Alexander López._

En rueda de prensa realizada este lunes en la Casa de Nariño, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, dijo que “tenemos que ganarle la batalla a la corrupción”, al dar a conocer el diagnóstico sobre el Sistema General de Regalías (SGR), según el cual estarían en riesgo de perderse más de 12 billones de pesos que están comprometidos en 2.094 proyectos, debido a que se encuentran con contratos suspendidos y/o vencida su programación.

“A mi llegada al DNP debo manifestar que encontré un Sistema General de Regalías marchitado, en donde las irregularidades que hemos detectado con mi equipo, a cargo del subdirector General de Regalías, eran pasadas por alto, sin importar que miles de colombianos y de colombianas en sus territorios observan cómo el dinero de sus regalías quedaba en obras inconclusas, disfuncionales, suspendidas y con plazos vencidos”, indicó el director del DNP.

El informe preparado por el DNP muestra con evidencia que este marchitamiento trajo consigo el fortalecimiento de entidades ejecutoras como los fondos mixtos y debilitó la autonomía de varios entes territoriales, que se resignaron a no ejecutar directamente sus recursos de regalías por desconocer cómo estructurar y llevar a cabo diferentes proyectos de inversión.

“Esta fue una nueva modalidad de contratación para burlar la Ley 80 y burlar toda la transparencia y todo el ejercicio de seguimiento ciudadano”, indicó López Maya en su denuncia.

“En el año anterior a las elecciones y dentro de las elecciones comprometieron 17 billones de pesos. Yo no puedo probar que muchos de estos recursos se utilizaron para elegir congresistas o si se utilizaron en las campañas presidenciales. No lo puedo hacer. Por eso el reto que hoy tienen la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía es el reto más grande de la historia que tienen los órganos de control”, expresó el director de Planeación.

Y agregó: “Es aterrador que se haya reformado una norma en el 2020 por el gobierno de Iván Duque para anticipar 3,4 billones. Lo que nos encontramos es que ese fue el año donde mayor asignación de recursos de regalías se hicieron en el OCAD Paz y en regalías generales, por 17 billones de pesos, previo a las elecciones de Congreso y a las elecciones de Presidencia”.

Panorama de los proyectos y los recursos de regalías

El director López Maya explicó que entre 2017 y 2024 han sido aprobados 19.393 proyectos con recursos de regalías por valor de $68,54 billones, de los cuales el 55% ($38 billones) fueron aprobados entre 2021 y 2023, representando así los años de mayor concentración de recursos de la historia.

De estos 19.393 proyectos, el informe del DNP revela que 12.106 proyectos, por valor de $29 billones, han sido terminados. En tanto que 656 proyectos, por $2,3 billones se encuentran aún sin contratar, y 6.631 proyectos, por valor de $37 billones, se encuentran en ejecución.

*Irregularidades*

Al revisar los 2.094 proyectos en riesgo, que suman más de 12 billones de pesos, el informe de DNP plantea las siguientes irregularidades:

• 1.497 proyectos, por más de 9 billones de pesos, presentan plazo de ejecución vencida.

• 301 proyectos, por más de 1 billón de pesos, tienen todos los contratos suspendidos.

• 296 proyectos, por cerca de 2 billones de pesos, tienen todos los contratos suspendidos y los plazos vencidos.

*Los elefantes blancos de regalías*

Al revisar los 12.106 proyectos que se registran como terminados, el Departamento Nacional de Planeación encuentra que 277 proyectos, por valor de $1 billón, fueron declarados presuntamente como terminados, pero el avance físico de la obra no supera el 85%.

Otros 58 proyectos, por valor de $228.000 millones, fueron declarados presuntamente como “terminados”, a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas.

 Y se suman los 2.133 proyectos, por valor de $3,5 billones, que no registran en el sistema el acta de terminación y entrega a satisfacción de la obra.

*Concentración de los recursos*

“Al revisar la concentración de recursos en los entes territoriales, encontramos que solo 20 municipios concentran $11 billones en 2.156 proyectos, de los cuales Puerto Gaitán y Valledupar han recibido más de $1,1 billones cada uno y, sin embargo, sus índices de pobreza multidimensional se encuentran en 30,5% y 49,8% respectivamente, lo que demuestra que los recursos que reciben por cuenta del Sistema General de Regalías no han sido dirigidos al cierre de brechas y a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas de su población”, puntualizó el director Alexander López.

Siguiendo el análisis sobre la concentración de los recursos del Sistema General de Regalías, de los $68,54 billones administrados entre 2017 y 2024, el 32% de los recursos que debían ser ejecutados por los municipios y los departamentos, los realizan otros ejecutores como los fondos mixtos, esquemas asociativos, las fundaciones, las agencias y las empresas de servicios públicos.

 “Son $22,11 billones que debían estar en cabeza de los entes territoriales y que se encuentran en manos de otros ejecutores en 4.728 proyectos que hemos empezado a visitar desde mi llegada y de los cuales, hasta ahora, hemos encontrado que 156 proyectos por $773.000 millones se encuentran con todos los contratos suspendidos por presuntas irregularidades en la ejecución de las obras”, agregó el director del DNP.

*Los ‘megacontratistas’ del SGR*

El informe del DNP muestra que solo 11 ejecutores concentran $6,6 billones:

1. La Agencia de infraestructura del Meta con 55 proyectos por $1,2 billones y 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

2. La Fundación Universidad del Valle con 101 proyectos por $770 mil millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

3. El Fondo Mixto para la promoción del deporte con 85 proyectos por $698 mil millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

4. El Fondo Mixto Sierra Nevada con 164 proyectos por $698 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

5. Foncolombia con 153 proyectos por $368 mil millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

6. AREMCA con 116 proyectos por $610.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades

7. ASOMUDACAR con 115 proyectos por $421.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades

8. ASOSUPRO con 70 proyectos por $369.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades

9. La Empresa de servicios públicos de Casanare con 30 proyectos por $589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades

10. La Empresa de servicios públicos del Meta con 72 proyectos por $485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades

11. DISPAC con 9 proyectos por $421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

*Plan de mejora para proteger los recursos*

Con el análisis de diagnóstico, el director del DNP, Alexander López Maya, indicó las cuatro acciones que se van a tomar para proteger los recursos del Sistema General de Regalías:

“Hemos expedido la circular conjunta 0052-4 de 2024, junto a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para endurecer los controles y para proteger los recursos provenientes del Sistema General de Regalías”, dijo.

“En segundo lugar, en los próximos días suscribiremos un convenio con la Fiscalía General de la Nación para capacitar a los equipos de la Fiscalía en materia del Sistema General de Regalías y compartir información en tiempo real con el objetivo de atender con prontitud cualquier irregularidad en la ejecución de cualquiera de los proyectos financiados con fuente SGR”, destacó López Maya.

 La tercera medida es que todos los ajustes solicitados a proyectos serán verificados en territorio para revisar que cumplan con todos los requerimientos técnicos y administrativos y se firmará un convenio con las juntas de acción comunal para contar con el control social que permita que la ciudadanía vigile los proyectos ejecutados en región con fuente del Sistema General de Regalías.

*Llamado a los organismos de control*

El director del DNP hizo un llamado de urgencia a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que investiguen con celeridad los 2.094 proyectos en ejecución en el Sistema General de Regalías que se encuentran en riesgo de pérdida de recursos por proyectos que cuentan con todos los contratos suspendidos y/o con la programación de proyectos vencida, según el sistema de seguimiento de información de los proyectos de regalías conocido como GESPROY.

“Solo para que se hagan una idea, con estos más de 12 billones de pesos en riesgo lograríamos solucionar definitiva e integralmente el acceso al agua de todo el pueblo de La Guajira; podríamos realizar el acueducto y alcantarillado de Quibdó, el acueducto y alcantarillado de Buenaventura, el acueducto de Tumaco y el abastecimiento de agua potable de todo el Urabá”, concluyó López Maya.

Este proceso de educación ambiental, que comenzó el 22 de agosto, tiene como objetivo principal fortalecer los conocimientos de estas comunidades en temas cruciales como el saneamiento básico y el manejo adecuado de residuos sólidos.

Como parte de esta iniciativa, se realizó una visita al barrio Acción Social, perteneciente a la organización étnica El Paraíso, ubicada en el municipio de Valencia, donde se llevaron a cabo las primeras charlas de sensibilización.

Estas charlas ambientales representan un componente esencial en la estrategia de la CVS para promover el cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales en la región.