En Montelíbano, Córdoba, se presentaron denuncias graves contra miembros de la Policía Nacional por presuntas agresiones a comunidades indígenas y líderes sociales que reclaman sus derechos frente a la multinacional Cerro Matoso.
Según manifestó a Caribe Noticias, la líder Adriana Gandía, en medio de un procedimiento que catalogó como un intento de «captura arbitraria», los uniformados dispararon, intimidaron con sus armas de dotación y se negaron a identificarse cuando se les solicitó.
Los hechos se desarrollaron el pasado 23 de diciembre en predios de la empresa Cerro Matoso, en jurisdicción de la vereda Montevideo, del corregimiento Loma Seca, zona rural del municipio de Puerto Libertador, cuando un grupo de indígenas, quienes al parecer serían los dueños legítimos herederos de los predios denominados como ‘Paso de San Antonio’ y la hacienda ‘El Botón’, volvieron a ingresar a su territorio tras haber denunciado previamente que no cuentan con un lugar donde vivir.
«Esta hacienda es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque es uno de los tantos predios que entregó Salvatore Mancuso al Estado, a través de la JEP paras reparar a sus víctimas y es además una de las fincas que no aparecen registradas”, indicó el Defensor de Derechos Humanos, Nilson José Guerra Márquez
Este líder social manifestó además que, las tierras se las habrían entregado a la empresa Cerro Matoso, pero que un juez supuestamente lo hizo en forma ilegal.
«Nosotros tenemos en nuestras manos un certificado de libertad y tradición, donde indica que las tierras fueron entregados a la empresa Cerro Matoso por juicio de pertenencia, un proceso que no cumple los requisitos, ya que la ley indica que, para solicitar ante un juez la pertenencia de un predio, debe comportarse mínimo durante 10 años como poseedor del mismo”.
“Esto es, pagar impuestos, trabajar la tierra, ponerla a producir, cuidarla, y esto nunca sucedió, ya que pasaron de manos de la dueña, al grupo ilegal y después del desarme, en dos años, a ser propiedad de Cerro Matoso”, afirmó Nilson José Guerra.
Como Defensores Étnicos y de Derechos Humanos, Nilson José Guerra Márquez y Adriana Gandía Vásquez estuvieron al lado de las familias en el regreso a las tierras, como supuestos dueños legítimos, porque serían ellos quienes deben recibir la restitución.
En total es un núcleo de 250 familiares que se desprenden de la señora, María Dolores Cervantes Causil, como supuesta dueña legítima de las tierras, quien tuvo tres hijas, se casaron y con sus hijos conformaron la comunidad asentada en la región.
¿Qué dijo Cerro Matoso ?
La empresa Cerro Matoso, en comunicado de prensa, respondió a las acusaciones que se le hacen indicando que, la empresa es la dueña legítima de los predios y adjuntan un documento de la Secretaría de Gobierno de Puerto Libertador donde se comprueba una presunta invasión y se ordena el desalojo y los certificado de la oficina de Instrumentos Públicos de Montelíbano (Córdoba), certificado de tradición y matrícula inmobiliaria de Montelíbano, sobre la adquisición del inmueble.
A finales de noviembre, se llevó a cabo el desalojo de El Botón, predio privado de Cerro Matoso, en cumplimiento de una orden de la Inspección de Policía del municipio de Puerto Libertador, emitida desde el 1 de agosto de 2024 (adjunta)”.
«Sin embargo, el pasado lunes, 23 de diciembre, alrededor de 35 personas reincidieron en esta ocupación ilegal ingresando muy cerca al área operativa de la empresa, exponiéndose a riesgos e impactando las actividades de la empresa. Esta situación fue atendida por las autoridades respectivas en desarrollo de sus competencias”.
“El predio El Botón es propiedad privada de Cerro Matoso, adquirido en 2009 a través de un proceso de compra realizado conforme a la Ley (ver folios adjuntos)”.
«Desde el 8 de julio hasta el 27 de noviembre, personas no autorizadas invadieron este predio, lo cual generó afectación al derecho a la propiedad privada y a la operación minera, así como impactos al acceso y al derecho a la libre movilidad de comunidades étnicas y Juntas de Acción Comunal del municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, obstaculizando el ingreso a zonas de cultivo y pancoger que utilizan estas comunidades para su sostenimiento y seguridad alimentaria desde hace varios años con autorización de la empresa”.
Señalaron igualmente que fue impactada una empresa comunitaria en la siembra de árboles y que se identificaron daños en los trabajos de reforestación, lo que también fue denunciado.