Categoría: Crónicas

Un total de 611 indígenas Emberá-Katío se desplazó de zonas dispersas de su territorio a los centros poblados de Nejondó y Koredó, en el municipio de Tierralta, debido a operaciones del Ejército, desde el 7 de enero del presente año, contra un grupo armado ilegal existente en el sector.

La información fue entregada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) tras precisar que los desplazamientos se registran desde el 8 de enero de 2025, en esa parte del Parque Nacional Paramillo.

“En el territorio hay escenarios de riesgo por reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, violencias basadas en género y restricciones a la movilidad que afectan los medios de vida y la dignidad de las comunidades indígenas Emberá-Katío”, dice la entidad.

Plantea la entidad internacional que, ante esa situación, es necesario implementar medidas de protección a reclutamiento de menores, dadas las restricciones a la movilidad y a los mecanismos de afrontamientos negativos adoptados por las comunidades.

Apoyo en el fortalecimiento de medidas de autoprotección con base en las potencialidades de las comunidades indígenas, que priorizan la atención en apoyo sicosocial con enfoque étnico a través de jornadas de primeros auxilios psicológicos que faciliten los procesos de resiliencia y dejen capacidad instalada, creando un ambiente protector.

Asimismo, indica que se requiere asistencia alimentaria inmediata a través kits de alimentos para los 611 aborígenes. Los kits deben cubrir los requerimientos nutricionales mínimos considerando las necesidades específicas de grupos en situación de vulnerabilidad con enfoque diferencial étnico para los 611 aborígenes

Desde 2022, las comunidades del Resguardo Indígena Emberá-Katío del Alto Sinú enfrenta diversas afectaciones por desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y amenazas, las cuales permanecen invisibilizadas.

Y permanecen invisibilizadas por el temor a declarar, debido a posibles represalias del Grupo Armado no Estatal que hace presencia en la zona. Esta situación agrava las necesidades humanitarias y aumenta los riesgos para más de 12.000 personas nativas en todo el resguardo.

Como antecedente, la Ocha también precisa que, en 2024, 1.008 personas (216 familias) de las comunidades de esta zona indígena sobre el río Sinú, estuvieron confinadas tras un combate, lo que evidencia que en la zona se materializan acciones que afectan a la población civil del pueblo Emberá-Katío.

El cuidado de personas con discapacidad en Colombia enfrenta retos profundos que afectan tanto a los pacientes como a sus cuidadores. En esta edición de Burbuja Política, abordamos la problemática que viven las madres cuidadoras, mujeres que dedican su vida al cuidado de hijos o familiares con discapacidad, enfrentándose a múltiples obstáculos, desde el abandono por parte de sus parejas hasta la falta de apoyo estatal y la ineficiencia de las EPS.

En el municipio de Lorica, madres como Osmary Vallestero y Sirlady Rodríguez relatan sus luchas diarias por garantizar los derechos de sus hijos. Con testimonios conmovedores, exponen cómo las entidades de salud niegan medicamentos esenciales, retrasan citas médicas y fallan en proporcionar transportes adecuados, poniendo en riesgo la salud y la vida de sus seres queridos. A esto se suma la desprotección económica y social, obligándolas a depender exclusivamente de su propio esfuerzo.

Este especial periodístico busca visibilizar la angustia y la fortaleza de estas mujeres, quienes, a pesar de las adversidades, continúan exigiendo que se respeten los derechos de sus hijos. A través de sus historias, exploramos no solo los fallos en el sistema de salud, sino también la urgencia de implementar políticas públicas inclusivas y efectivas para garantizar una vida digna a las personas con discapacidad y sus familias.

Era el segundo día de las novenas navideñas del mes de diciembre de 1996, un año de acciones violentas en Montería. El día había sido caluroso, aunque en la tarde comenzó a sentirse sueve las brisas decembrinas. Pero, lo que se sintió más fuerte fue una explosión en el centro de la ciudad.

Los reporteros, después de averiguar, constataron que se trataba del estallido de un maletín bomba entre el segundo y el tercer piso del edificio Morindó de la calle 29 con carrera tercera de Montería, donde estaba ubicada la sede de la Federación de Ganaderos de Córdoba (Ganacor).

En esa misma edificación, funcionaban las oficinas del Fondo Ganadero de Córdoba, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la entidad bancaria Conavi, que estaba en el primer piso, entre otras entidades.

Como consecuencia de los hechos murieron cuatro personas, el ganadero Antonio María Martínez Méndez, el veterinario, José Francisco Contreras Montes, Félix José Miranda Gómez, vigilante de la CVS y el educador Jairo Chávez Llorente. Asimismo, hubo 28 heridos y pérdidas materiales por cerca de mil millones de pesos, entre el edificio Morindó y lugares vecinos.

Las autoridades dijeron esa vez que la bomba estaba dirigida contra el entonces presidente de Ganacor, Rodrigo García Caicedo, quien era uno de los fuertes críticos de la guerrilla en el departamento de Córdoba, y cercano a los grupos paramilitares. El dirigente ganadero salió ileso.

En esa época había una confrontación entre la guerrilla de las Farc, y los grupos de autodefensas que ya tenían mucha presencia en esta región del país. Es así, como en esos años, habían desaparecido y asesinado a muchas personas en Córdoba, cuyos autores -lo ha relatado Salvatore Mancuso- fueron las autodefensas.

Quizás por ese motivo, el comandante del Departamento de Policía Córdoba, de ese entonces, coronel Gabriel Antonio Carrero Torres, sindicó a la guerrilla de la autoría del atentado.

Algunos meses antes, se había registrado otro hecho similar. Fue en la sede de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), la cual estaba ubicada en la carrera sexta con calle 29 y 30 frente al Comando de la Policía de Córdoba.

Esa vez colocaron un triciclo bomba, cuyo estallido produjo heridas a 12 personas entre ellas siete policías que estaban en los alrededores. Las otras personas transitaban por el lugar.

De ahí siguieron otros atentados dinamiteros como el de la Cafetería La Orquídea, (al lado de Funpazcor), la sede de la Asamblea Departamental, Almacenes de los Hermanos Mancuso y el bar La Barra Ganadera.