Categoría: Opinión

Los otros candidatos de la oposición, Pinzón, Vargas lleras, Luna, Peñalosa y el resto, están solo para llenar titulares de prensa. La balota para disputar la presidencia con la izquierda en segunda vuelta se la disputan el abogado empresario y la periodista. 

El senador Iván Cepeda, a quien la izquierda considera un héroe por haber sentado al expresidente Uribe en el banquillo de los acusados, pasará a segunda vuelta a pelear a voto limpio la presidencia con el candidato de la derecha.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob 

A medida que corre la campaña por la presidencia se abre una distancia sideral entre los candidatos del centro y los que se ubican en las orillas de la izquierda y derecha. Los titulares de prensa y redes sociales lo ocupan los defensores del cambio, los defensores de la patria, los ataques de la periodista al que llaman el tigre, y la crisis de nervios que envuelve a los precandidatos del Centro Democrático.

Ante un centro con candidatos empequeñecidos e inoperantes, no cabe duda que la extrema derecha y la izquierda radical se disputarán la presidencia en la segunda vuelta. En la foto de hoy no se observa a candidatos del centro, porque la polarización del país entre los que aman a Petro y los que adoran a Uribe, fortalece a los candidatos presidenciales que comulgan con sus ideas y modelo de país.

La izquierda pura apretó la consulta y se unió para frenar el triunfo de Daniel Quintero el 26 de octubre. Gustavo Bolívar, quien lideró las encuestas durante mucho tiempo renunció a su candidatura, precisamente para junto a María José Pizarro y Susana Muhamad, fortalecer la candidatura de Iván Cepeda, y frenar el posible triunfo de Daniel Quintero, en dicha consulta.

Si a ese sector de la izquierda que se unió para frenar a Quintero en la consulta, se les suma Carolina Corcho, las posibilidades de derrotar a Roy Barreras en el llamado Frente Amplio, son favorables, y entonces, el senador Iván Cepeda, a quien la izquierda considera un héroe por haber sentado al expresidente Uribe en el banquillo de los acusados, pasará a segunda vuelta a pelear a voto limpio la presidencia con el candidato de la derecha.

El Centro Democrático no sale del clima de tensión que comenzó con la llegada de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay (q.e.p, d). La arremetida de Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, contra María Fernanda Cabal (favorita para ganar la consulta del CD) evidencia el fuego amigo entre precandidatos del CD.

Otro sector que no escapa a la violencia en redes sociales, es el de los candidatos que no están bajo la sombrilla del CD, pero que, también se mueven en la franja de la derecha, es decir, caminan bajo la luz de Álvaro Uribe. En esa orilla se destaca la candidata del movimiento Valientes, la periodista Vicky Dávila, y el abogado Abelardo De La Espriella. La exdirectora de Semana, lleva semanas trinando contra De La Espriella, con señalamientos, basados en los clientes que el abogado defendió en el pasado.

Los otros candidatos de ese sector, Pinzón, Vargas lleras, Luna, Peñalosa y el resto, están solo para llenar titulares de prensa. La balota para disputar la presidencia con la izquierda en segunda vuelta se la disputan el abogado empresario y la periodista.

El péndulo de la política se mueve entre amigos del gobierno y oposición, entre derecha a izquierda. Llama la atención como Abelardo De La Espriella se mantiene imperturbable ante los ataques permanentes de Vicky Dávila, el sacrificio de la candidatura de Gustavo Bolívar, para atajar a Daniel Quintero, y la fe de Carolina Corcho, para mantenerse en una consulta polarizada donde lleva todas las posibilidades de perder.

Al final de la tarde, los extremos de la izquierda y derecha, deciden el próximo inquilino (a) de la casa de Nariño. ¡Entre defensores del Cambio y defensores de la Patria!

Mi tarea será defender la Constitución con humildad, con firmeza, con memoria y esperanza

Carlos Camargo Assis.

Las elecciones, como todo acontecimiento que agita la vida pública, despiertan pasiones y debates intensos.

Es natural que suceda porque la democracia es un escenario de emociones compartidas. Sin embargo, después de la intensidad llega la serenidad.

En esa calma la ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué puede esperar de quien asume la responsabilidad de ser magistrado de la Corte Constitucional.

De mí pueden esperar tres cosas fundamentales que deseo anunciar desde el comienzo.

La primera es independencia, porque el juez constitucional solo les rinde cuentas a la Constitución y al pueblo. La segunda es cercanía con la realidad nacional, porque una Corte que se aleja de la vida de la gente pierde legitimidad.

La tercera es sensibilidad humana, porque detrás de cada expediente hay un rostro que espera justicia.

Estas son las convicciones que guiarán mi tarea, y a partir de ellas quiero responder con franqueza.

No me corresponde prolongar disputas ni alimentar polarizaciones. Mi deber es abrir un camino de confianza. Los ciudadanos no necesitan un magistrado que aparezca en los titulares, sino un servidor que les dé certezas en lo esencial.

Que la Constitución siga siendo el faro que guía nuestras instituciones, que la dignidad humana permanezca en el centro de las decisiones y que la justicia se ejerza en nombre de toda la nación y no de un partido o un grupo.

Independencia significa decidir sin presiones, escuchar argumentos sin someterse a conveniencias y mantener la serenidad para resistir la polarización. Esa será mi primera obligación. Cercanía con la realidad nacional significa que mis decisiones deberán dialogar con la vida cotidiana. La Constitución no es un código muerto, es un organismo vivo que se concreta en la educación de los niños, en la salud que protege la vida, en la tranquilidad de los mayores, en el trabajo digno, en la vivienda que resguarda, en la seguridad de las familias, en el aire limpio y en la paz que seguimos construyendo como nación.

Sensibilidad humana significa recordar que millones dependen de nuestras voces para que los derechos no se queden en declaraciones solemnes, sino que se vuelvan realidades tangibles. De mis decisiones pueden depender la atención de un enfermo, la protección de un niño, la igualdad de una trabajadora, la seguridad de una comunidad o el respeto a la diversidad cultural.

Tomado de : El Tiempo

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

Desde el Sistema Universitario Estatal (SUE), conformado por las 34 universidades oficiales del país, hemos puesto al servicio del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” nuestras capacidades, liderazgo y experiencia, especialmente en lo relacionado con el componente de educación superior.

En este sentido, es fundamental continuar ampliando, profundizando y fortaleciendo las sinergias con el Ministerio de Educación Nacional, avanzando en una agenda compartida que genere impactos transformadores para el sector. Entre los logros y desafíos más relevantes se destacan:

1. Ampliación de la cobertura mediante un modelo de regionalización que incluye el programa Universidad en tu colegio, integrando la educación superior con la educación media, con enfoque territorial. Este modelo se implementa en regiones donde el indicador de cobertura es bajo, acompañado de un plan de infraestructura física y tecnológica que fortalece y amplía las capacidades de los campus universitarios.

2. Fortalecimiento y creación de sedes regionales, con oferta de programas académicos pertinentes para el desarrollo local, complementados con metodologías y pedagogías de virtualización. Estos avances han sido posibles gracias al liderazgo del Ministerio de Educación Nacional y a una normatividad que regula el actual Sistema de Aseguramiento de la Calidad. No obstante, la ampliación de cobertura requiere reformas estructurales y recursos financieros adicionales.

3. Reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, aprobada por el Senado de la República, que permite un nuevo modelo de financiamiento y sostenibilidad para las instituciones públicas de educación superior. Asimismo, es necesario continuar una discusión amplia entre los actores del sector, orientada hacia una reforma integral de dicha ley.

4. Reconceptualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, racionalizando procesos y trámites, y enfocándose en una gestión que fomente la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos misionales en la educación superior. Esto implica una política de aseguramiento con énfasis en el fomento, y no únicamente en la inspección y vigilancia, que ha sido el modelo dominante.

5. Llamado al diálogo desde el SUE, para convertir nuestros campus universitarios en ágoras públicas donde se delibere con argumentos sobre aspectos institucionales y el proyecto de nación que nos convoca. La violencia representa la negación no solo de la racionalidad, sino de la esencia misma de la universidad. Este es el camino que debemos seguir insistiendo y recorriendo, que todos debemos arropar y defender. Es el mejor mensaje de rechazo a quienes se mimetizan en la universidad para desnaturalizarla y negar su esencia.

6. Ampliación del diálogo con el Ministerio de Ciencias, con el propósito de retomar y jalonar las apuestas científicas del país. La investigación científica en Colombia se realiza desde las universidades en las regiones; por ello, el esfuerzo debe centrarse en crear capacidades locales que contribuyan al desarrollo y la transformación territorial.

Desde el sistema mixto de educación superior, reiteramos nuestro compromiso y disposición para la materialización del Plan Nacional de Desarrollo. Nuestra responsabilidad y liderazgo están enfocados en la transformación de Colombia a través de la educación superior.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

El Senado de la República ha iniciado el trámite del proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que rige la educación superior. Recordemos que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes ya había aprobado dicha reforma, con el objetivo de avanzar hacia un nuevo modelo de sostenibilidad financiera para la universidad pública. Este constituye un paso significativo en el proceso de una reforma largamente demandada por el sector de la educación superior pública.

Es importante señalar que el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE) consta de varios componentes: presupuesto destinado al funcionamiento e inversión. Los recursos de funcionamiento, orientados al crecimiento sostenible y provistos por el Estado, se distribuyen en cuatro factores:

• Presupuesto para funcionamiento con ajustes por diferenciales salariales

• Productividad docente

• Aumento de cobertura

• Cierre de brechas interinstitucionales

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Estos recursos financieros están indexados al IPC. Sin embargo, los costos de funcionamiento crecen por encima de los valores transferidos por la Nación. En este contexto, el SUE, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha construido un nuevo modelo de asignación de recursos financieros para garantizar la sostenibilidad de las universidades estatales, evitando los déficits anuales originados por costos educativos superiores al IPC. Estos sobrecostos han generado un desfinanciamiento estructural de la universidad pública y una tendencia progresiva hacia la autosostenibilidad.

La construcción del ICES (Índice de Costo de la Educación Superior), como modelo de transferencias para la asignación estatal de recursos al SUE, reconoce la complejidad y diversidad del sistema, al tiempo que promueve el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales.

*¿Cuál es el contenido del modelo propuesto por el SUE?*

El nuevo modelo recoge las experiencias acumuladas desde la aprobación de la Ley 30 de 1992. Se destaca el incremento en cobertura, que pasó de 159.218 estudiantes en 1993 a 687.365 en 2023. Esta ampliación ha estado acompañada de transformaciones en la formación docente, la investigación, la internacionalización, y la acreditación de programas e instituciones. Este crecimiento implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen la política de aseguramiento de la calidad.

Todos los costos, asociados a una educación superior pública de calidad, han crecido por encima del IPC, lo que ha generado un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de transferencia de recursos financieros de la Nación a las universidades públicas, basado en el IPC; lo resulta insuficiente para financiar adecuadamente al SUE.

Por lo tanto, el nuevo modelo de financiamiento propuesto, corrige este desfinanciamiento y permite avanzar hacia la sostenibilidad. La aprobación de este proyecto de ley haría posible un modelo de financiamiento adecuado para la universidad pública, abriendo un escenario de ampliación de cobertura con enfoque territorial, vinculación de nuevos docentes y trabajadores que soporten el crecimiento sostenible de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. Además, fortalecería los aspectos misionales de las universidades y los procesos de acreditación que garanticen una educación de calidad y pertinente.

Este es el momento en que el Senado de la República debe actuar en sintonía con las demandas y necesidades de la educación superior pública, respondiendo, especialmente a la juventud colombiana.

Por: Erasmo Zuleta 

Gobernador del Departamento de Córdoba y Presidente de la Federación Nacional de Departamentos

Un gran paso hacia una mayor autonomía y descentralización fiscal representó para el país la aprobación del Acto Legislativo 3 de 2024. Con esta disposición, se ordena que los recursos transferidos a las regiones a través del Sistema General de Participaciones (SGP) se incrementen hasta el 39.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) en un periodo de 12 años (para el 2025 equivalen a aproximadamente el 27.9%). Tales son las afugias y prioridades presupuestales del nivel central, que gran parte de las obras que hoy día se desarrollan en el país son el resultado del esfuerzo territorial departamental y municipal.

Pero el Acto Legislativo 3 de 2024 quedó supeditado a la aprobación de una ley que establezca la organización, funcionamiento del SGP y la distribución de competencias entre niveles de gobierno. Hasta hace pocos días, el Gobierno Nacional socializó la primera versión de este proyecto de ley para someterlo a consideración del país.

Después de un análisis preliminar de esta primera versión del proyecto, quiero compartir tres reflexiones relevantes. La primera es que un elemento tan importante como la categorización municipal y departamental se deja para posterior desarrollo y definición. La segunda es que, aunque se relaciona un amplio catálogo de competencias a desarrollar por las entidades territoriales y la Nación en los diferentes sectores sociales (salud, educación y agua), no se indica qué categoría de entidad territorial sería responsable de las mismas, entre otras porque, como lo enuncié anteriormente, la categorización se deja como un asunto reglamentario a futuro. Y, por último, al hacer una lectura integral del texto, pareciese que reformas como la de la salud se quisieran incorporar en la ley de competencias, lo que además de ampliar el alcance del debate puede generar que su discusión sea dispersa, perdiendo el foco de lo que dispuso el Acto Legislativo.

Es fundamental que, en el texto de la ley de competencias, se relacione clara y expresamente qué categoría de entidad territorial hace qué funciones. La categorización tiene que conectarse directa e inequívocamente con las competencias. Si estos dos elementos no dialogan entre sí en la ley, se corren dos riesgos: que por vía reglamentaria el gobierno de turno asigne o quite competencias a las entidades territoriales con criterios cambiantes, o que todas las entidades sean responsables de todo y al final no se obtengan resultados y responsables concretos.

Aunque celebro el avance en la presentación de la primera versión del proyecto de ley de competencias, espero que las anteriores reflexiones sean tenidas en cuenta y así poder lograr una efectiva y exitosa autonomía y descentralización territorial.

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Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En ejercicio de la autonomía universitaria, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba ha convocado el proceso de designación del nuevo rector o rectora, conforme a los estatutos institucionales y a la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior en Colombia.

Este proceso representa una oportunidad para fortalecer una democracia universitaria basada en la deliberación académica, científica y humana, centrada en el mérito, el liderazgo, la capacidad de gestión y la trayectoria de quien asumirá la dirección de la institución. La participación activa de los estamentos universitarios —profesores, estudiantes y trabajadores— será esencial. A través del voto libre y consciente, deberán elegir la propuesta que mejor represente un proyecto universitario moderno, alineado con las necesidades institucionales y sociales. Por primera vez en la historia de la Universidad de Córdoba, la consulta tendrá carácter vinculante: los candidatos deberán obtener al menos el 30 % de los votos en cada estamento y alcanzar ese porcentaje en dos de los tres estamentos habilitados. Esto garantiza una incidencia directa de la comunidad universitaria en la elección del liderazgo institucional. No hay que olvidar que, la democracia universitaria tiene sus raíces en la Reforma Universitaria de 1918 en la Universidad de Córdoba (Argentina), cuyo manifiesto, aún vigente, se erige como símbolo de rebeldía frente a dogmas y verdades absolutas. En un contexto de incertidumbre y violencia, este legado cobra especial relevancia al defender la autonomía universitaria como principio esencial. Desde entonces, 17 países latinoamericanos, incluido Colombia, han incorporado este principio en sus constituciones, reflejando el impacto de la reforma en la cultura política regional. Pensar la democracia universitaria implica más que la participación formal de estudiantes, docentes, egresados y directivos en el gobierno institucional. Es también la posibilidad de imaginar y deliberar sobre proyectos que encarnen una universidad reafirmada en la ciencia: una ciencia con sentido humano, orientada a formar y transformar con responsabilidad social. Esta visión integradora busca superar la autosuficiencia institucional que fragmenta y protege a la universidad de influencias externas que desnaturalizan su misión, incluidas las diversas formas de violencia. La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró la autonomía universitaria como una conquista del ethos universitario, reglamentada por la Ley 30 de 1992. Esta ley garantiza la autonomía administrativa, financiera y académica, y otorga a las universidades el derecho de establecer sus normas, reglamentos y autoridades, incluyendo al rector. Además, reconoce la facultad de definir sus formas de gobierno con participación de todos los estamentos, mediante la construcción de estatutos y normas propias. Cabe señalar que, una característica esencial de esta autonomía es la libertad de pensamiento, que permite diseñar mecanismos de participación diversos y amplios, orientados a preservar la esencia de la universidad. Por ello, la gobernanza institucional no se limita a la elección de autoridades, sino que debe fortalecer la misión educativa y el compromiso social, integrando el mérito, la experiencia y el conocimiento como ejes fundamentales. A manera de conclusión, la democracia universitaria no puede reducirse a un ejercicio de popularidad. Debe estar cualificada, sustentada en el mérito académico, el liderazgo y la trayectoria científica, como pilares que garantizan una dirección institucional coherente con los valores de la educación superior y su papel transformador en la sociedad.

Por Raúl Badillo Espitia

Gerente de Ciudad de la Alcaldía de Montería

Desde hace más de dos décadas, Montería emprendió un camino de transformación sin antecedentes. Si bien aún persisten grandes desafíos, la ciudad se ha convertido en un referente para Colombia y el mundo. Desde 2024 trabajamos con la visión de una sola Montería, bajo el liderazgo del alcalde Hugo Kerguelén, destacando dos principios rectores de gobierno: construir sobre lo construido y cumplir cabalmente lo que decimos.

La reciente realización de RiverCity Global Forum 2025 marcó un hito en la historia de nuestra ciudad. Este encuentro internacional, que alcanzó un 90 % de ocupación en los hoteles de 4 y 5 estrellas de Montería, evidenció el potencial económico, académico y ambiental de nuestra capital. Más allá de los números, fue una demostración del nuevo lugar que Montería ocupa en el mapa de las ciudades que se piensan desde sus ríos.

Montería demostró liderazgo. Recibimos a más de 60 expertos, líderes de gobierno, académicos y empresarios del mundo. Conocimos experiencias valiosas para profundizar nuestra transformación y, al mismo tiempo, compartimos lo que somos y hacia dónde vamos. Aumentamos el volumen de nuestra voz como ciudad y fue escuchada.

En este escenario también consolidamos nuevos aliados estratégicos. La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) anunció su apoyo al Parque Botánico Las Lagunas. El BID, por su parte, financiará una consultoría especializada en urbanismo y espacio público. Además, nos sumamos a la iniciativa Geoglows, que facilitará decisiones más acertadas en materia de prevención y planificación hídrica sobre el río Sinú.

El impacto del foro trasciende lo inmediato. Montería ha despertado el interés de actores internacionales, lo que nos impulsa a desarrollar una estrategia robusta de internacionalización. Esta hoja de ruta no solo atraerá cooperación técnica y financiera, sino que permitirá fortalecer y ampliar las alianzas que hoy respaldan nuestros proyectos estratégicos.

A nivel local, el reto ahora es renovar y fortalecer nuestro vínculo con el Sinú. Esta apuesta no puede recaer únicamente en el sector público. Requiere la participación activa del sector privado, la academia y la sociedad civil para acelerar los motores de la cultura, el urbanismo y el sentido de pertenencia que nos define como monterianos.

El foro también nos permitió reafirmar nuestro compromiso con la agenda global. Temas como gobernanza del agua, drenaje pluvial, cambio climático, protección de ecosistemas y biodiversidad serán prioridad en nuestra ruta de transformación. En mayo de 2026, compartiremos este proceso en el Foro Urbano Mundial en Bakú, Azerbaiyán, al que Montería ha sido invitada.

De esta experiencia nace un llamado: replantear continuamente nuestra relación con el río. Así como el Sinú fluye y se adapta, también debemos anticiparnos a los retos y ser capaces de transformarnos. En ese espíritu, lanzamos la Red Internacional de Ciudades con Río, con Montería como ciudad fundadora y referente.

El Sinú no es solo paisaje: es identidad, historia y oportunidad. Hoy lo entendemos como el eje que articula nuestra visión de futuro. Y si lo navegamos juntos, con decisión y propósito, Montería seguirá marcando el rumbo internacional de las ciudades que se piensan desde el agua.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

La Universidad de Córdoba ha consolidado una política de investigación con enfoque social y territorial, orientada a la innovación, la producción artística y cultural; además, la gestión del conocimiento en lo humano y lo social. Esta apuesta busca responder de manera efectiva a las necesidades del entorno, promoviendo transformaciones significativas en los campos de la ciencia y la tecnología, y contribuyendo al desarrollo regional.

Uno de los indicadores clave de esta investigación pertinente es la generación de nuevo conocimiento, como lo evidencian las patentes. En esta línea, recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a Unicórdoba su tercera patente: «Dispositivo de cabezal de impresión 3D para equipo FDM con impregnación in-situ de fibra continua y filamento»; sin duda alguna, un avance tecnológico que promete revolucionar la fabricación aditiva. Esta patente destaca por su diseño innovador, que optimiza la impresión 3D con materiales compuestos, mejorando la calidad y resistencia de las piezas. Entre sus características sobresalientes se encuentran: * Impresión en un solo paso: Combina fibra continua y plástico, generando piezas más resistentes y precisas. * Boquilla inteligente: Minimiza deformaciones y distribuye el material de forma uniforme. * Sistema de enfriamiento optimizado: Mantiene la temperatura ideal para una integración perfecta de la fibra. El dispositivo fue desarrollado por los investigadores Jimy Unfried Silgado, Oswaldo Rivero Romero y Luis Carlos Aycardi Salgado, quienes resolvieron un desafío clave en la impresión 3D: la integración uniforme de fibras continuas (como carbono o vidrio) con filamentos termoplásticos. Esto se logra a través de: Boquilla enroscada al bloque de calentamiento: Permite una deposición precisa y homogénea, mejorando las propiedades mecánicas incluso a altas temperaturas. Sistema dual de enfriamiento y extrusión: Incorpora un disipador de calor dual y un turbo ventilador para controlar la temperatura y asegurar una impregnación eficiente. Mecanismo compacto y automatizado: Incluye sensores de auto-nivelación y un motor de paso que optimiza el flujo de trabajo, reduciendo errores y aumentando la eficiencia. Cabe anotar que, este diseño supera tecnologías existentes, ofreciendo mayor flexibilidad y calidad en la impresión de piezas compuestas, con aplicaciones ideales en sectores como la aeronáutica, la automoción y la biomedicina. La patente, vigente hasta 2032, no solo valida el esfuerzo científico de la Universidad de Córdoba, sino que también posiciona a Colombia en la vanguardia de la manufactura avanzada. Según la resolución oficial, el invento cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Este logro refleja el potencial de las universidades colombianas para impulsar tecnologías disruptivas. Con este cabezal, la impresión 3D de materiales compuestos podría volverse más accesible y eficiente, abriendo puertas a soluciones sostenibles y de alto rendimiento. Esta es la tercera patente registrada por Unicórdoba, que se suma a dos anteriores con impacto transformador. Estos aportes, son fruto de un proceso de investigación riguroso, respaldado por investigadores, grupos de investigación, laboratorios y equipamiento científico robusto, lo cual consolidan una trayectoria que transforma y genera impacto real. Este acumulado científico, puesto al servicio de la sociedad, ha fortalecido el liderazgo académico y científico de la Universidad, así como su credibilidad institucional, con presencia activa en 16 departamentos del país. Por todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso: Seguiremos transformando.

Por Jairo Miguel Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

Como resultado de la misión humanitaria liderada por profesores e investigadores de la Universidad de Córdoba a Haití, y en el marco del acuerdo de Cooperación Sur-Sur entre los países de Colombia y Haití —producto de la voluntad política de ambos gobiernos, presididos por Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de Colombia, y Leslie Voltaire, presidente de la Junta de Transición de Haití— se suscribió un memorando de entendimiento centrado en la cooperación en materia comercial, medioambiental, de defensa, cultura y agricultura.

En este último componente, ambos gobiernos solicitaron el acompañamiento de la Universidad de Córdoba. En ese sentido, se realizó una Misión Técnica de Cooperación a Haití entre el 18 y el 25 de agosto de 2025, durante la cual se recorrieron diversas zonas geográficas del sur y norte de la isla, trabajando con comunidades campesinas. A través de diferentes técnicas grupales, se identificaron las potencialidades y limitaciones de los sistemas productivos con vocación exportadora, como el café, cacao, arroz, mango y diversas frutas tropicales. Igualmente, se abordaron sistemas asociados a la agricultura familiar étnica y comunitaria, con especies como bovinos, caprinos y ovinos, orientados a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Este acuerdo de cooperación, fundamentado en los lazos históricos entre ambos países, se enfoca en la fraternidad, la justicia social, el cuidado de la casa común, el diálogo, la solidaridad y la amistad: valores inspiradores a los que nos invita la encíclica Fratelli tutti —»Hermanos todos». Esta declaración es producto de la primera misión en Haití, que tiene como objetivos reafirmar la necesidad de fortalecer y dinamizar las capacidades institucionales, así como promover el uso del conocimiento como factor de transformación, desarrollo y gobernabilidad. Por consiguiente, el Gobierno colombiano ha dispuesto la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas de ambos países, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Agrosavia y la UniCórdoba, con el fin de articular los procesos operativos con el hermano pueblo de Haití. Este encuentro de ocho días priorizó la atención a un problema urgente que afecta al 80% de la población haitiana: la inseguridad alimentaria, generada y agravada por desastres naturales, vulnerabilidad climática, deterioro ambiental e inestabilidad política. Todo esto se abordará mediante un intercambio científico y de capacidades institucionales entre el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Haití, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, junto con la Universidad de Córdoba, Agrosavia, el ICA, la APC Colombia y el apoyo de las respectivas embajadas. Se han acordado diversas actividades en el marco de una cooperación recíproca. Bajo el lema simbólico «Sembrando semillas para la vida», la Universidad de Córdoba, con el acompañamiento de las instituciones mencionadas, ha liderado este primer intercambio, que arroja compromisos a corto, mediano y largo plazo. Estos incluyen: becas para formación posgradual en el área de ciencias agroalimentarias; movilidad de estudiantes, profesores y empresarios mediante pasantías en ambos países; impulso a la creación de una cámara de comercio e industria binacional; fortalecimiento de las capacidades científicas de los centros de investigación en universidades haitianas y gremios de producción; intercambio de conocimientos y fortalecimiento institucional; y la promoción de una convocatoria de cooperantes para robustecer las instituciones responsables de la producción de alimentos. Haití requiere un modelo de cooperación centrado en la transferencia y el desarrollo de capacidades que generen progreso y superación de la pobreza. El modelo de cooperación asistencialista es apenas un paliativo transitorio.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del departamento de Córdoba y Presidente de la Federación Nacional de Departamentos

“Dale un pescado a un hombre y comerá un día; enséñale a pescar y comerá toda la vida”, dice un proverbio chino muy usado en nuestro tiempo. Esta claridad y sabiduría oriental aplica perfectamente al uso de los recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN) en las regiones, donde aún anhelamos y necesitamos de grandes proyectos estratégicos.

Y es que hace 3 años el país discutía y aprobaba el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y, a nivel regional, nos entusiasmábamos con los que se denominaban “Proyectos estratégicos de impacto regional” y los “Proyectos estratégicos” por departamento. Las regiones teníamos la esperanza de que, con la inversión en estos grandes proyectos, nuestra competitividad mejoraría, al tiempo que implementaríamos una transición energética ordenada, de tal forma que fuéramos capaces de sustituir los recursos de las regalías del sector minero-energético y que lograríamos reducir el valor del kilovatio en las regiones generadoras, como es el caso del Caribe colombiano.

Pero un análisis realizado hace poco por La Silla Vacía indica que, a pesar de que el presupuesto de inversión pasó de invertirse en 210 municipios en la anterior administración nacional a 1.036 en la actual, este cambio “evita hacer grandes proyectos que cambien el rumbo del país”. Y, como lo afirmó Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP): “Se gastan de a $5 millones, $10 millones en cositas. Si usted agrupa esa plata se puede hacer un tren de gran velocidad”. El promedio de inversión por proyecto en cada municipio en la actual administración nacional es de COP 700 millones, mientras en gobiernos anteriores era de COP 6.700 millones.

Tal vez lo más controversial es la vocación de la inversión de los recursos apropiados en la actualidad. Según el precitado análisis, la mayor inversión regional actualmente se concentra en subsidios y transferencias monetarias y en, por ejemplo, algunas plazas de mercado que no inician ejecución, sacrificando grandes proyectos que, aunque no den un pescado hoy, sí enseñan a pescar para toda la vida. Estos grandes proyectos incluyen, entre otros, la cobertura nacional de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, gas natural, proyectos viales que conecten regiones o, en el caso de la Costa Caribe, el anhelado y necesario proyecto de erosión costera.

Entre tanto, en las regiones, y con una visión de largo plazo, procuramos hacer inversiones que se traduzcan en mayor prosperidad futura en nuestros territorios. Por ejemplo, en el departamento de Córdoba, mientras el porcentaje de hogares con servicio de acueducto en 2019 fue del 68%, para el 2023 esta cobertura alcanzó el 75%; y mientras la cobertura de alcantarillado en el departamento fue en 2018 del 37%, en 2023 alcanzamos una cobertura de 46%, y esperamos mejorar mucho más al finalizar el 2027. Estos no son solo indicadores: son inversiones que generan las condiciones para que la economía crezca y nuestra gente viva mejor, al tiempo que son el resultado de una planeación estratégica y focalización inteligente de la inversión.

A nivel territorial, esperamos que en los últimos meses de la actual administración nacional se prioricen en el PGN proyectos estratégicos de largo plazo. Estamos a pocos meses de que entre en vigencia la Ley de Garantías y, a pesar de las dificultades, espero que, antes de que esto ocurra, la priorización estratégica del PGN sea una realidad.