Categoría: Opinión

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026: Colombia, potencia mundial de la vida, se concibe la educación como un derecho fundamental progresivo, apoyado en cuatro pilares:

1. Educación superior de calidad, pertinente y gratuita, con una apuesta por la ampliación de cobertura.

2. Educación básica y media de calidad, que incluye la formación y vinculación de nuevos docentes, la mejora de condiciones de infraestructura física, reformas curriculares y modificaciones en el sistema general de participación.

3. Plan de alimentación escolar, que garantice la seguridad alimentaria de los niños y niñas dentro del sistema educativo.

4. Educación para la paz y la convivencia.

Estos pilares trazan la hoja de ruta que debe seguir la educación y definen qué se debe hacer. Sin embargo, las estrategias de implementación; especialmente en la educación superior pública, han sido confusas, fragmentadas y carentes de una priorización estratégica. En casi tres años de gobierno, los avances en educación superior pública han sido significativos, pero aún están lejos de alcanzar las metas propuestas. Por consiguiente, podríamos señalar: 1. En materia de ampliación de cobertura, se han logrado 155.000 mil nuevos cupos, frente al objetivo de 500 mil. 2. La construcción de nuevas sedes universitarias regionales ha tenido inconvenientes y lentitud en su ejecución. 3. La Ley de educación presentada al Congreso, no alcanzó los consensos, hundida por el Senado de la República. 4. El proyecto de ley para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, sin iniciar trámite en plenaria del Senado, postergando con ello, la construcción de un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública. 5. Avances en la reconceptualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; racionalizando procesos y trámites enfocados a una gestión del fomento de la calidad; es decir, una política de aseguramiento de la calidad centrada en la promoción de la misma, no solo en la inspección y vigilancia como modelo dominante. 6. En cuanto a la gratuidad de la matrícula, convertida en política pública para los estudiantes de escasos recursos económicos. 7. La ampliación de recursos para funcionamiento adicional al IPC ha sido un avance para mejorar las condiciones financieras de las universidades.

Recientemente, el presidente de la república anunció en un encuentro con rectores del Sistema de Educación Superior Público; la destinación de 2.14 billones de pesos para funcionamiento; esto, con el propósito de invertirlos en ampliación de cobertura; con ese apalancamiento financiero lograríamos un avance significativo para acercarnos a la meta de 500 mil nuevos cupos en educación superior.

En este sentido, desde el Sistema Universitario Estatal, SUE, aportamos experiencias y capacidades para lograr ese propósito. Para ello, es necesario un liderazgo amplio y vinculante del Ministerio de Educación Nacional, que involucre de manera concertada a los actores del sector, con el fin de operativizar y poner en marcha las estrategias de ampliar cobertura; teniendo como prioridad, las regiones y territorios donde el indicador de acceso es bajo, sin dejar de lado las zonas azotadas por la violencia y el abandono estatal y, no continuar repitiendo el modelo centralista de distribución de recursos. La apuesta del Gobierno ha sido amplia y ambiciosa en materia de cobertura, infraestructura, regionalización, financiamiento, integración de los niveles del sector; que tiene como finalidad, garantizar la educación superior como un derecho fundamental de manera progresiva.

El Gobierno ha propuesto en materia de educación superior, los cambios y transformaciones que por décadas hemos demandado. En consecuencia, su realización implica un liderazgo que incluya la diversidad y pluralidad del sector; necesitamos una educación de calidad y pertinente, que esté al alcance de los jóvenes.

Aún estamos a tiempo de alcanzar la meta.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del Departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND)

En los últimos años, el mundo entero ha enfrentado una economía más lenta después de la pandemia. Los altos costos de insumos agropecuarios, los conflictos internacionales y las restricciones al comercio han afectado el crecimiento global, que pasó de un 6,6% en 2021 a cerca del 3,3% en 2024. En Colombia, el crecimiento también bajó: de un 10,8% en 2021 a un 1,6% en 2024.

Pero en medio de este panorama retador, Córdoba marca la diferencia. Nuestro departamento ha logrado crecer por encima del promedio nacional en 2023 y 2024. Mientras el país creció 0,7% en 2023, Córdoba avanzó al 1,3%. Y en 2024, mientras Colombia creció un 1,6%, el departamento alcanzó un 1,9%.

Este desempeño nos consolidó como líderes de crecimiento en la región Caribe. Córdoba superó a departamentos como Magdalena (1,8%), Atlántico (1%), Sucre (0,9%) y Bolívar (0,7%), en un contexto donde incluso algunos departamentos registraron crecimientos negativos.

Estos resultados no son casualidad. Son el fruto de un trabajo planificado, serio y territorial. Hemos impulsado sectores estratégicos como el turismo, el deporte, el agropecuario, los servicios públicos y la infraestructura, trabajando de la mano con los municipios, los empresarios y la comunidad.

La Feria Nacional de la Ganadería, los torneos deportivos y el mejoramiento de infraestructura recreativa, los nuevos destinos turísticos, las vías que mejoran la conexión entre municipios y las obras de acueducto y alcantarillado, están cambiando la dinámica económica del departamento. Para ilustrar: en 2005, las actividades culturales y de entretenimiento representaban el 2% del PIB departamental; hoy ya están en 2,6%. También los servicios públicos han ampliado su participación en la economía.

Este crecimiento se refleja en empleo y oportunidades reales. En 2022, la tasa de ocupación en Córdoba era del 54%; hoy supera el 57%. Eso significa que tenemos cerca de 70 mil nuevos ocupados en los últimos dos años, y el desempleo ha bajado del 12,5% al 10,9%.

Esto es lo que hemos llamado la Revolución de Córdoba en marcha: una transformación económica, social y territorial que avanza con responsabilidad, transparencia y un manejo riguroso de los recursos públicos. Cada peso de los cordobeses se traduce en obras, empleo y desarrollo visible para la gente.

Colombia es la suma de sus regiones. Y Córdoba hoy demuestra que, con planeación y liderazgo, es posible crecer, generar empleo y ofrecer bienestar, incluso en los tiempos más difíciles.

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El exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, será el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Ángela María Buitrago.

este jueves 5 de junio su hoja de vida será publicada en la página oficial de la Presidencia y se espera que el próximo jueves se posesione.

El propio presidente Gustavo Petro le hizo el ofrecimiento a Montealegre y él aceptó el ministerio a menos de dos años de finalizar la actual administración.

Montealegre se ha convertido en uno de los abogados del país más cercanos al petrismo. De hecho, ha validado algunas de las propuestas que provienen del Pacto Histórico.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 29 de mayo, con la presencia de los actores de la institucionalidad territorial pública y privada, del sector productivo, la academia y la sociedad civil organizada, y con el acompañamiento y asesoría del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Secretaría de Competitividad del Departamento de Córdoba presentó la Agenda de Competitividad y Productividad Córdoba 2052.

Este documento contiene y representa la visión del Departamento para las próximas tres décadas, período en el cual habremos cumplido 100 años de existencia como entidad territorial. Esta importante y visionaria iniciativa de planificación prospectiva, convertida en hoja de ruta, permite pensar, planear y priorizar el desarrollo económico y social, con el propósito de alcanzar el progreso y la justicia social que dignifique las condiciones de vida de los cordobeses.

La Agenda Córdoba 2052 se inició con un diagnóstico social, económico y ambiental del Departamento, donde se identificaron los factores que inciden en la baja productividad, competitividad y desarrollo humano. Entre ellos:

1. Un tejido productivo poco complejo, con baja diversidad y productividad, lo que ubica a Córdoba como uno de los departamentos con menores ingresos per cápita.

2. Un escaso aprovechamiento de la conectividad departamental.

3. Interdependencias económicas limitadas a las proximidades geográficas del departamento, es decir, pocas relaciones con los principales mercados nacionales e internacionales.

4. Alta informalidad y baja productividad.

5. Deficiencias en la formación del talento humano, lo que requiere ampliar la cobertura en educación técnica, tecnológica y universitaria, garantizando calidad y pertinencia.

6. La necesidad de priorizar la sostenibilidad ambiental como un factor clave de competitividad.

Estos factores adversos, identificados en la construcción de la Agenda, no solo permiten el análisis y la comprensión de las limitaciones del desarrollo, sino que también posibilitan la visualización de apuestas e intervenciones estratégicas en materia de planificación y diseño de políticas públicas.

Resulta paradójico que un territorio como Córdoba, con amplias ventajas comparativas brindadas por la naturaleza, presente bajos niveles de productividad y competitividad, mientras que la mayor parte de su población vive en condiciones de pobreza. Especialmente los jóvenes, quienes se ven afectados por la complejidad y adversidad social, lo que dificulta la construcción de oportunidades de formación y empleo como mecanismos para generar movilidad social y superar la pobreza.

De acuerdo con el diagnóstico de la Agenda Córdoba 2052, el Departamento tiene una población menor de 15 años superior a la de otras regiones del país, pero su aprovechamiento dependerá de las oportunidades que se le brinden para dignificar sus vidas. En consecuencia, para mejorar la productividad económica y la competitividad, es fundamental ampliar y democratizar el derecho a la educación. Esto permitirá formar académica, científica y humanamente a la juventud cordobesa, que no solo representa el presente, sino que, dependiendo de las oportunidades que reciba, definirá el futuro.

En este sentido, la Agenda Córdoba 2052 apunta al reconocimiento y potenciación de las ventajas comparativas en cinco grandes apuestas productivas: clúster cárnico, agroindustria, turismo, minero-energético y tecnologías.

El diagnóstico presentado permite construir de manera participativa la agenda prospectiva, priorizando sectores estratégicos, recursos financieros, enfoques y lógicas de desarrollo que impulsen el progreso social y humano del territorio.

Los cordobeses esperamos que esta agenda prospectiva no se convierta en una mera declaración de buenas intenciones, sino que la clase política comprenda que su tarea no se limita a ganar elecciones cada cuatro años, sino a liderar el desarrollo humano.

Desde la Universidad de Córdoba reafirmamos nuestro compromiso de poner la ciencia a disposición de este proceso, con el propósito de impulsar y promover el desarrollo y la transformación del Departamento.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 21 de mayo, la Contraloría General de la República difundió el estudio de la situación financiera, presupuestal y pensional de las universidades públicas del país; reafirmando lo construido y difundido por el Sistema Universitario Estatal SUE, acerca del desfinanciamiento estructural de la universidad pública; lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la misma y con ello, la prestación del servicio público de educación superior. En este sentido, la Contraloría hace énfasis en las Universidades Nacional, del Valle y Antioquia, que a diciembre de 2024 tienen un pasivo pensional de $8.3 billones, específicamente la Universidad Nacional con $4.5 billones; como se puede ver, este desfinanciamiento estructural afecta al Sistema público de educación superior. En este contexto, la Contraloría hace un llamado al Gobierno Nacional para atender dicha situación. El SUE, en los últimos años ha propuesto la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la cual rige la educación superior; lo anterior, con el propósito de corregir el desfinanciamiento estructural del Sistema Universitario Estatal (SUE), esta reforma permite construir un nuevo modelo de sostenibilidad financiera; necesaria e impostergable, demandada por los estamentos del sector de la educación superior pública; que tiene como propósito, fortalecer las universidades oficiales.

Asimismo, el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades estatales, definidos en los artículos 86 y 87 de la Ley 30; consta de varios componentes: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión. Los recursos de funcionamiento, orientado al crecimiento sostenible de los recursos provistos por el Estado y requeridos para el funcionamiento de las universidades públicas, conformado por cuatro factores: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferenciales salariales y productividad docente; además, aumentos de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos financieros están definidos y distribuidos, a través de un indicador de transferencia IPC. En este sentido, el SUE construyó un nuevo modelo de asignación de recursos financieros para la sostenibilidad de las universidades oficiales; que impida los déficits anuales originados en los costos educativos superiores al IPC. Estos costos han producido el desfinanciamiento estructural de la universidad pública; y con ello, una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.

En este orden, la construcción del Ices (índice de la canasta educativa), como nuevo modelo de transferencia financiero para asignación estatal de recursos al SUE; reconoce la complejidad y diversidad del sistema; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. El nuevo modelo de financiamiento recoge las experiencias vividas por el sistema, desde la aprobación de la Ley 30 de 1992. Donde hemos tenido incremento en cobertura, al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 685 mil en 2024; esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios, como lo es la formación de los profesores universitarios, investigación, internacionalización, movilidad de estudiantes, acreditación institucional de programas. Este crecimiento de las universidades, implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen una política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; lo que ha generado, como ya se dijo, un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de sostenibilidad financiero de las universidades públicas está soportado en el IPC, como indicador de transferencia de la nación a las universidades; insuficiente para el financiamiento del SUE.

Por consiguiente, el nuevo modelo de financiamiento propuesto, corrige el desfinanciamiento estructural y permite la sostenibilidad financiera. Es deber de la Comisión Sexta del Senado de la República tramitar en plenaria la discusión sobre el proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Contrario a ello, se estará profundizando el desfinanciamiento e insostenibilidad de la universidad pública, de tal forma que, el derecho a la educación de miles de jóvenes colombianos caerá en riesgo.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos

Tras casi cuatro años de vigencia de la Ley 2112 de 2021, de mi autoría, debo decir que me siento profundamente sorprendido por los resultados logrados hasta el día de hoy. Esta idea, que surgió en medio de la grave situación económica que vivía el país a causa de la pandemia del COVID-19, busca incentivar el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial colombiano, a través del fortalecimiento de los Fondos de Capital Privado (FCP) que invierten en lo nuestro, en empresas nacionales, y generan empleo y bienestar en nuestro país.

Bien lo decía el expresidente Reagan: “La mejor política social es un empleo”. Y así lo entendieron en su momento los colegas que me acompañaron con esta iniciativa. Los recursos producto del ahorro de nuestras pensiones obligatorias, que invierten en empresas nacionales las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a través de los FCP, pasaron de COP $4,4 billones en abril de 2021 a COP $9,4 billones en marzo de 2025. Entiéndase bien: gracias a esta ley, en el término de cuatro años se han invertido más de COP $5 billones en empresas colombianas a lo largo y ancho del territorio nacional. Pocas leyes tienen este impacto económico.

Las AFP solían invertir muy poco de nuestros ahorros pensionales en activos que no fueran de los mismos grupos económicos a los cuales pertenecen, en títulos de deuda pública (TES) o en activos en el extranjero. Muchas veces resulta contradictorio que, mientras entidades como ProColombia o nuestro cuerpo diplomático en el exterior buscan inversionistas foráneos para que inviertan en nuestro país, los recursos de nuestros ahorros pensionales prefieran financiar iniciativas en el extranjero.

Esta realidad ya empezó a cambiar. La Ley 2112 les ordenó a las AFP invertir una proporción de nuestros ahorros en FCP, que hoy en día lo hacen en empresas que tienen presencia en 28 de los 32 departamentos del país y son responsables de más de 460 mil empleos. Además, estas empresas pertenecen a todos los sectores económicos y son de todos los tamaños: micro, pequeñas, medianas y grandes. Y lo que es mejor: debido a la diligencia con que tanto los fondos de pensiones como los fondos de capital han escogido a las empresas en donde invertir, la rentabilidad de estas inversiones ha sido muy positiva, lo que garantiza que nuestros ahorros pensionales no estén en riesgo.

Los resultados obtenidos gracias a la Ley 2112 demuestran que sí se vale creer en lo nuestro, invertir en lo nuestro de manera responsable y pensando en generar riqueza y bienestar. Con el esfuerzo y participación de todos los actores —Congreso, rama ejecutiva, AFP, FCP y, lo más importante, nuestra mano de obra nacional— podemos salir adelante y generar progreso.

Los datos de crecimiento económico del país durante el primer trimestre de 2025, del 2,7 %, mostraron que la participación de la inversión dentro del Producto Interno Bruto (PIB) fue de tan solo el 17,6 %, cuando el histórico desde 2005 ha sido del 21,6 %. Si queremos crecer, necesitamos inversión, y eso es justamente lo que busca la Ley 2112: incrementar la inversión, el empleo y la esperanza en Colombia.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

En el día de los profesores y profesoras; me honra felicitar y reconocer el ejercicio profesional de hombres y mujeres que, con vocación y convicción hacen del proceso formativo una preocupación y ocupación permanente; en particular, en los tiempos que corren, en donde la educación atraviesa momentos líquidos, confusos, angustiosos, en medio de instantes de soledad y falta de referentes orientadores y cohesionantes. Hoy, convivimos en instituciones educativas, llenas de incertidumbres y desconfianzas al lado de quienes las representan; en donde la gente se siente engañada, frustrada y traicionada, sin ser reconocida la función del maestro; contrario a esto, la noble labor del educador se encuentra relegada. Por ello, los momentos que transitamos, demandan del liderazgo de profesores que trasciendan y se conviertan en referentes de inspiración y motivación para las presentes generaciones. En este sentido, atravesamos, más que una crisis económica; una crisis del modelo de vida construido y normalizado; donde gran parte de la sociedad lo contempla; esperando la salvación de quienes nos han llevado hasta allí. Por consiguiente, una dimensión del liderazgo de los profesores es hacer posible esa salvación, recuperando los valores morales, sustituidos por las lógicas del mercantilismo, consumismo excesivo y globalización de la indiferencia.

Las presentes generaciones de profesores, deben dejar de ser espectadores y liderar esta causa de formación y transformación social, con principios y convicciones, continuar trabajando de manera decidida; para de esta forma, restaurar la memoria histórica desde la educación, un verdadero presente para los jóvenes que necesitan reconocerse y ser reconocidos. Retomando las palabras del papa Francisco; «… insistimos en la necesidad de mantener la memoria del futuro, no sustituir el camino por recorrer, por detenernos en cualquier oasis, que representan un espejismo; que han hecho cambiar el rostro humano por las pantallas de televisión; lo real por lo virtual, las preguntas que desgarran por las respuestas fáciles; lo fácil anestesia». Por ende, la preocupación y ocupación del profesor, son los niños y jóvenes que necesitan una formación integral para transformar sus vidas y el entorno social comunitario. Que despierte y promueva la amplitud del saber; con el fin de motivar en los estudiantes una vocación por el conocimiento. Asimismo, privilegiar la investigación como verdadera disciplina del ejercicio docente, un ser capaz de actuar frente a otras formas de pensar, que sea un crítico de su propia autonomía, que pueda orientar con entusiasmo el desarrollo cognitivo de sus alumnos. Es la mejor forma de lograr que el alumnado tenga la voluntad de esforzarse por llegar a la claridad y disciplina del saber. Un profesor con liderazgo académico, científico y compromiso social; que haga del diálogo pedagógico y social una convicción y provocación; que pueda desde su disciplina científica leer, interpretar y comprender los lenguajes y expresiones de la sociedad; estudiados y confrontados en el aula. No hay que olvidar que, el auténtico liderazgo de un maestro es responder con valentía a desafíos presentes y futuros en la formación de niños y jóvenes; para de este modo, construir un orden social justo, solidario y humano; no intentar perpetuar el actual sistema elitista y desigual del mundo. En consecuencia, los profesores y profesoras que poseen un conocimiento, tienen el deber moral de esforzarse por actualizarlo, enseñarlo y compartirlo con rigor de manera integral. Recuerden profesores y profesoras, que un título académico no puede centrarse en el bienestar personal, sino en un imperativo moral por construir una sociedad más justa e incluyente. Un educador con liderazgo, vocación y convicción para formar y transformar el presente. Feliz día a todos los maestros y maestras de Colombia.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

La educación es atravesada por tiempos de turbulencias y tendencias que la sacuden de un lado a otro; generando con esto, incertidumbre y desafíos para responder a las exigencias de formación. En este sentido, es necesario pensar en integrar la iniciativa emprendida por la Iglesia católica bajo el liderazgo del fallecido Papa Francisco, quien propuso liderar un Pacto global por la educación con el propósito de sumar e integrar esfuerzos que propicien una transformación cultural a través de la educación. El mundo atraviesa tiempos complejos, centrados en formas, etiquetas, superficialidades y un narcicismo envolvente que nos desvincula conduciéndonos a una sociedad del vacío; que requiere ser pensada en su esencia y contenido para su transformación humana y social; en este orden, una apuesta por un pacto educativo global. Es así como, el Papa Francisco invitaba a dialogar sobre las formas en que estamos construyendo el futuro del planeta y la necesidad de educar en los talentos y capacidades humanas; porque los cambios requieren de una educación que nos haga ser consciente, solidarios y fraternos; o sea, iniciativa de un acuerdo educativo global, cuyo centro sean los jóvenes que representan las actuales generaciones; para de esa forma, construir una educación abierta, incluyente y dialógica; que permita integrar y reconstruir un horizonte de sentido, que enfrente los desafíos que interpelan.

Dado lo anterior, el mundo actual en permanente transformación, atraviesa por multiplicidad de crisis políticas, religiosas, morales y económicas que tienen como factor común la violencia, desesperanza y la muerte; que, precipitan transformaciones culturales, antropológicas y nuevas formas de lenguaje, que descartan y anulan lo existente, sin ninguna reflexión; como señalaba el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si: «La educación afronta la llamada rapidación que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia. En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que contrasta la natural lentitud de la evolución biológica». Asistimos, al mundo de la inmediatez y rapidez; del menor esfuerzo posible, las salidas y repuestas fáciles; este enfoque antropológico y cultura de la existencia, desvincula, atomiza e individualiza.

En consecuencia, el pacto por la educación global que proponía el Papa, involucra a todos los actores de la sociedad en función de un gran acuerdo educativo centrado en siete vías: 1. Poner a la persona en el centro. Contra la cultura del descarte, poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, para hacer emerger su especificidad y su capacidad de estar en relación con los demás. 2. Escuchar a las jóvenes generaciones. Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes para construir juntos un futuro de justicia y de paz. 3. Promover a la mujer. Favorecer la plena participación de las niñas y las jóvenes en la educación. 4. Responsabilizar a la familia. Ver en la familia al primer e indispensable sujeto educador. 5. Abrirse a la acogida. Educar y educarnos en la acogida, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. 6. Renovar la economía y la política. Estudiar nuevas formas de entender la economía, la política, el desarrollo y el progreso, al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. 7. Cuidar la casa común. Custodiar y cultivar nuestra casa común, protegiendo sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y apostando por las energías renovables y respetuosas del medio ambiente. Esta iniciativa debe hacer parte de la reflexión acerca de la educación.

Por: Erasmo Zuleta Bechara
Gobernador del Departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND)

“Si no se puede medir, no se puede cambiar”, decía el célebre profesor de negocios Peter Drucker. Y el caso de la descentralización en Colombia no es la excepción. A pesar de la descentralización planteada en la Constitución del 91 y en las leyes que la implementaron, hoy, 34 años después, tenemos las mediciones suficientes para afirmar con contundencia que la descentralización necesita una transformación urgente.

La evidencia que soporta la urgencia del cambio es abundante. Basta con revisar la diferencia existente entre departamentos de la incidencia de la pobreza y su evolución para reconocer que se requiere una transformación real en los territorios. Por ejemplo, mientras en el año 2002 la incidencia de la pobreza monetaria en el departamento del Chocó fue de 67,6 % y la de Bogotá fue de 31,8 %, para el año 2023 la pobreza en Chocó fue de 67,7 % y en Bogotá fue de 23,7 %. Aunque en algunos departamentos la incidencia de la pobreza haya disminuido, la diferencia territorial es tan dramática que, si queremos mantener la estabilidad económica, social y política, es urgente un cambio que procure por un país más equitativo y con igualdad de oportunidades de desarrollo para todos.

Un panorama similar ocurre si se analiza el comportamiento del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso y que da como resultado que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. No es un resultado para sentirnos orgullosos. Es ya un cambio a gritos el que exige la sociedad en los territorios, y agradecería que importantes exministros de Estado que se oponen a la reforma piensen en el país y en su integridad antes de mantener un statu quo de desigualdad perpetua.

Con este objetivo transformador de la descentralización, hoy se encuentra vigente el Acto Legislativo 3 de 2024, que modificó el monto de los recursos a transferir a los territorios del Sistema General de Participaciones (SGP), al pasar estos de un 26,8 % de los ingresos corrientes de la Nación en 2025 a un 39,5 % en el término de 12 años a partir de la reglamentación del acto legislativo.

El Centro de Valor Público de la Universidad EAFIT evaluó bajo diferentes escenarios el impacto que puede traer esta modificación en el SGP, y los resultados son prometedores. En primer lugar, mientras el crecimiento del PIB de Colombia se estimaría fuese en promedio un 3,05 % en el periodo de 12 años sin modificación del SGP, con la modificación propuesta el PIB crecería un 3,15 %, mientras que la tasa de desempleo sin modificación sería en promedio de un 9,2 % y con modificación sería de un 8,9 %. Esto, sumado a los mayores ingresos territoriales y autonomía local que se materializaría.

Mi invitación al Congreso de la República y a la ciudadanía es a apoyar la reglamentación del Acto Legislativo 3 de 2024 a través del proyecto de ley próximo a radicar. Es hora de cambiar la realidad de los territorios y de evaluar los resultados obtenidos con el sistema de transferencias del SGP actual y reconocer que un cambio es urgente por el bienestar de la ciudadanía y la paz e integridad de todo el territorio nacional. Al fin y al cabo, lo que se busca es que parte de los recursos que se pagan en las regiones, o por las actividades que se desarrollan en las regiones, regresen para ser invertidos.

Ya tenemos las mediciones suficientes para promover cambios, como decía Drucker.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

La Ciudad de Montería cumplió 248 años como territorio con historia, cultura e identidad cultural. Ocasión para conmemorar el presente de Montería; una ciudad que, en medio de sus complejidades, nos llena de orgullo a quienes convivimos en ella. Momento oportuno para pensar el pasado y presente construido con esfuerzo y empuje de sus pobladores. Los retos y apuestas por continuar construyendo una ciudad capital que cierre brechas sociales con mayores niveles de inclusión, equidad y progreso social, donde la ocupación y preocupación sean el progreso social y humano. Nuestra ciudad tiene 248 años; construidos con esfuerzo y empuje de sus habitantes; con una posición geográfica privilegiada y un valle fértil bañado por un río que atraviesa esta acogedora ciudad; la que hemos venido integrando de manera sustentable para el desarrollo social y económico. Todo ello permite que nuestra villa soñada posea una localización estratégica, favoreciendo el crecimiento y proyección. Recordemos que Montería fue fundada en 1777 por Antonio De La Torre y Miranda, inició con un crecimiento lento, y sufrió un estancamiento a comienzos del siglo XX, incluso, cuando fue creado el departamento de Córdoba y convertida en ciudad capital. Es así como, en la década de los ochenta, la Ciudad empieza un incremento importante de su población al superar los 150.000 habitantes. Este ensanchamiento ocasionado por migraciones poblacionales de la zona rural, generado por la pobreza de la ruralidad agrícola y el conflicto armado en el sur de Córdoba; a lo que se sumaron las inundaciones del río Sinú en la cuenca media y baja, provocaron grandes desplazamientos. Esta complejidad social evidenció la incapacidad de respuesta de la institucionalidad territorial; precipitando un crecimiento espacial desordenado en la Ciudad; configurándose una ciudad céntrica y otra periférica; que no ha podido integrarse por falta de políticas públicas que garanticen derecho y generen justicia e inclusión social. Esto no quiere decir que se desconozcan sus avances en materia urbanística y de inversión social; aspectos que han sido importantes, pero aún insuficientes. El reto social y humano más importante de la Ciudad, para el presente y futuro, es su integración e inclusión social; para ello, necesitamos que la preocupación y ocupación del liderazgo político sea la dignidad humana y justicia social.

En la actualidad, la ciudad de Montería alberga 531.424 habitantes según el censo del Dane 2025, una pobreza multidimensional en zona urbana del 21.3 %; y en la zona rural del 53.3 %; además, un 18.69 % de NBI y 4.42 % de su población en la miseria; sin embargo, en la zona rural, estos indicadores se incrementan ostensiblemente, señalando un 45.93 % de necesidades básicas insatisfechas NBI y un 14.12 % en la miseria. Igualmente, más del 80 % de su población pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Una tasa de desempleo del 9.8 % a diciembre de 2024, la tasa de informalidad de 61.4 %, indicadores de desarrollo humano que han venido interviniendo; pero requieren de políticas públicas progresivas y sostenibles. Estos aspectos han marcado el pasado y presente de la Ciudad; en este sentido, necesitamos un liderazgo inaugural que tenga presente estas realidades históricas padecidas de manera silenciosa e indiferentes; acumulando una deuda social que debe ser la prioridad en términos de Gobierno y políticas públicas en las próximas décadas.

Nuestra Villa Soñada, la llamada «Perla del Sinú», tiene un presente prometedor, de nosotros depende hacerlo posible; una ciudad donde quepamos todos con dignidad, vida buena y justa.